La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para impedir que quien ocupe la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México adquiera, solicite o invoque otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo. Su argumento es que esas responsabilidades deben estar vinculadas exclusivamente al interés nacional.
La reforma planteada
La propuesta busca modificar el artículo 86 constitucional. Además de prohibir la adquisición o solicitud de una segunda nacionalidad, establecería que la persona titular del cargo no podría usar pasaporte u otro documento de identidad expedido por un país distinto, ejercer derechos políticos en el extranjero ni pedir protección diplomática de otra nación.
Las mismas restricciones se plantean para los artículos 116 y 122 de la Constitución, relativos a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno capitalina. Luisa María Alcalde señaló que la norma vigente exige ser mexicano por nacimiento para acceder a esos puestos, mientras que la iniciativa añade límites específicos sobre nacionalidad y vínculos formales con otros Estados.
El argumento de la soberanía
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que una persona con doble nacionalidad puede tener intereses en dos países y cuestionó que, en esas condiciones, quede claro cuál sería el interés supremo que representa. La presidenta vinculó la iniciativa con la defensa de la soberanía nacional y planteó que una gobernadora o un gobernador debe representar únicamente a México.
La declaración abre una discusión con antecedentes concretos en Baja California, entidad fronteriza que ha tenido mandatarios estatales nacidos en Estados Unidos o con ciudadanía estadounidense. El texto original recuerda los casos de Roberto de la Madrid Romandía, Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther, quienes nacieron en California y encabezaron el gobierno estatal en distintos periodos.
Los antecedentes de Baja California
Ernesto Ruffo Appel, nacido en San Diego, fue gobernador de Baja California tras ganar la elección de 1989 por el PAN y se convirtió en el primer mandatario estatal no emanado del PRI. Eugenio Elorduy Walther, nacido en Calexico, gobernó entre 2001 y 2007. Según el autor del texto, durante sus administraciones no se percibió una amenaza a la soberanía nacional ni injerencia de Estados Unidos.
También se menciona a Jaime Bonilla Valdez, nacido en Tijuana y posteriormente ciudadano estadounidense, quien fue gobernador entre 2019 y 2021. Antes de ocupar el cargo, participó en organismos locales de San Diego y se identificó con el Partido Republicano. El artículo sostiene que tampoco se registró un riesgo para la soberanía durante su gobierno, en contraste con el razonamiento expuesto por la presidenta para promover la reforma.
En la frontera, la doble nacionalidad es una condición frecuente para familias cuyos hijos nacen en Estados Unidos. El texto cita como ejemplo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuyo hijo Diego José nació en ese país, y plantea que esta realidad fronteriza forma parte del contexto en el que se discutirá la iniciativa constitucional.
