El uso de los mecanismos federales de acceso a la información registró una reducción durante el primer año y medio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, en comparación con el periodo equivalente del sexenio anterior. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) contabilizó 345,440 solicitudes dirigidas a sujetos obligados de la Administración Pública Federal, 17.2% menos que las 417,465 registradas entre 2019 y junio de 2020.
La disminución también se reflejó en las respuestas emitidas por las dependencias federales. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, en el periodo analizado se emitieron 285,423 respuestas, una baja de 12.5% frente a las reportadas en la etapa comparable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las cifras muestran una menor carga de solicitudes para las instituciones, aunque por sí solas no permiten establecer si el descenso obedece a cambios en el interés ciudadano, en la difusión de los canales de acceso o en las condiciones operativas del sistema.
El documento presidencial precisa que el conteo de respuestas corresponde a las emitidas durante cada año, sin importar la fecha en que hubiera sido presentada la solicitud. Esta aclaración resulta relevante para interpretar los datos, pues una respuesta contabilizada en un semestre puede corresponder a una petición ingresada meses antes. Por ello, la comparación entre solicitudes y respuestas debe considerar los tiempos de trámite, los rezagos administrativos y los expedientes que permanecen abiertos al cierre de cada periodo.
El primer semestre muestra una recuperación parcial
Durante los primeros seis meses de 2026, la PNT recibió 127,306 solicitudes de información. De ese total, 116,404 fueron presentadas por vía electrónica y 10,902 mediante mecanismos manuales. El volumen fue 1.7% superior a las 125,130 solicitudes registradas en el primer semestre de 2020, lo que indica que la demanda reciente de información pública superó ligeramente la observada al inicio del anterior gobierno cuando se compara únicamente el mismo lapso anual.
Sin embargo, la perspectiva cambia al revisar los años completos que abrieron ambas administraciones. En 2019, primer año íntegro del sexenio de López Obrador, se contabilizaron 292,335 solicitudes; en 2025, primer año completo del mandato de Sheinbaum, fueron 218,134. La diferencia equivale a una caída cercana a 25%, según el informe. El contraste sugiere que el repunte observado en enero-junio de 2026 aún no compensa la brecha acumulada durante el primer año de la actual administración.
La preferencia por las solicitudes electrónicas confirma que la plataforma digital concentra el principal canal de interacción entre la ciudadanía y las autoridades. Más de nueve de cada diez peticiones recibidas durante el primer semestre de 2026 se realizaron por esa vía. Esta predominancia amplía la capacidad de presentar solicitudes sin acudir físicamente a una oficina, pero también mantiene como desafío la accesibilidad para personas con conectividad limitada, dificultades de uso digital o necesidad de acompañamiento para formular sus requerimientos.
Respuestas disminuyen a un ritmo distinto
Las respuestas emitidas entre enero y junio de 2026 ascendieron a 100,913, frente a 107,324 reportadas en el mismo periodo de 2020. La reducción fue de 5.9%, menor que la caída acumulada de 12.5% observada al comparar los primeros 18 meses de ambos sexenios. La diferencia entre los indicadores puede estar vinculada a la atención de solicitudes acumuladas de otros periodos, dado que la propia metodología oficial separa el momento de ingreso de una petición del año en que se emite la respuesta.
En materia de transparencia, el número de respuestas no es el único parámetro para valorar el desempeño institucional. También importa el contenido entregado, la oportunidad de la contestación, la aplicación de reservas de información y la facilidad con que las personas pueden inconformarse cuando consideran que una dependencia no atendió debidamente su solicitud. Una menor cantidad de requerimientos puede reducir la presión administrativa, pero no equivale necesariamente a una mejora o deterioro en la calidad de las obligaciones de transparencia.
Suben los recursos ante Transparencia para el Pueblo
El dato que se mueve en sentido contrario es el de las impugnaciones. En el primer semestre de 2026 se interpusieron 9,640 recursos de revisión ante Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que asumió las funciones que correspondían al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La cifra representa un aumento de 28.6% respecto de los 7,491 recursos registrados en el mismo periodo de 2020.
El crecimiento de los recursos puede responder a varias causas: una mayor disposición de las personas solicitantes a controvertir respuestas, desacuerdos con las clasificaciones de información, inconformidad por entregas incompletas o cuestiones procedimentales. El reporte no desagrega los motivos de cada revisión ni el sentido de las resoluciones, por lo que no es posible atribuir el aumento a una causa única. Aun así, la distancia entre la baja de solicitudes y el alza de impugnaciones coloca atención sobre la calidad de las respuestas y sobre la capacidad del nuevo esquema institucional para resolver controversias.
La evolución de estos indicadores será especialmente relevante en los siguientes semestres. Si el volumen de solicitudes recupera dinamismo y los recursos de revisión se mantienen al alza, las dependencias federales y Transparencia para el Pueblo enfrentarán una presión mayor para acreditar plazos, criterios consistentes y resoluciones accesibles. La transparencia no depende sólo de cuántas peticiones ingresan o se contestan, sino de que el derecho de acceso a la información conserve una vía efectiva de respuesta y revisión para la ciudadanía.
