El proyecto Sea Lion, que pretende iniciar la producción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas, entró en una fase decisiva y elevó la tensión entre Argentina y el Reino Unido. La iniciativa es controlada por la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación y el rol de operadora, y la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35%.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, a 450 metros de profundidad. Rockhopper lo descubrió en 2010 y Navitas se incorporó en 2020. En diciembre de 2025, ambas empresas aprobaron la decisión final de inversión, lo que transformó un proyecto exploratorio de larga duración en un desarrollo con cronograma operativo e infraestructura en marcha.
Una operación petrolera de gran escala
La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque FPSO Aoka Mizu. La unidad será modernizada en un astillero del sudeste asiático y la plataforma de perforación llegaría a la zona a comienzos de 2027. Navitas también ejerció una opción de compra de 125 millones de dólares por el buque OSX1, previsto como segunda unidad de producción, almacenamiento y descarga.
El plan incluye nuevas fases con decenas de pozos en las áreas Norte y Central, donde las compañías apuntan a extraer el primer barril hacia fines de 2030. En paralelo, avanzan obras portuarias, instalaciones costeras y alojamientos para trabajadores, señales de que el proyecto ya excede la etapa corporativa y empieza a adquirir dimensión logística y geopolítica.
Argentina cuestiona la legalidad de los permisos británicos y sus posibles impactos ambientales. El Gobierno anunció sanciones contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, además de restricciones comerciales y mayores penalidades legislativas. También impulsa una base naval en Tierra del Fuego y un Consejo de Seguridad Nacional. La disputa, por tanto, combina soberanía, control de recursos estratégicos y capacidad efectiva para impedir operaciones que ya cuentan con decisiones de inversión e infraestructura propia.
