La discusión sobre el uso de celulares, tabletas y computadoras en las escuelas ha ganado fuerza durante las últimas semanas, pero el debate corre el riesgo de quedarse en la superficie. El problema no consiste únicamente en decidir cuántas horas puede pasar una niña, un niño o un adolescente frente a una pantalla. La pregunta más incómoda es por qué tantas familias necesitan recurrir a ella para resolver tareas cotidianas de vigilancia, entretenimiento y contención emocional. En México, la pantalla se ha convertido en una solución doméstica para una falla estructural: la falta de tiempo, dinero, redes de apoyo y servicios que permitan cuidar sin sacrificar el empleo o la estabilidad familiar.
La evidencia citada en la discusión pública vincula la exposición temprana y prolongada a redes sociales y plataformas digitales con ansiedad, depresión, dismorfia corporal, dificultades de concentración, deterioro de habilidades sociales y problemas para conciliar el sueño. Estos riesgos no afectan a todas las infancias de la misma manera ni permiten establecer una relación mecánica entre pantalla y daño. Importan la edad, el contenido, el contexto, la calidad de la supervisión, el momento del día y aquello que la tecnología desplaza: descanso, juego físico, conversación, aprendizaje o convivencia. Precisamente por eso, una política eficaz no puede reducirse a retirar dispositivos del aula.
El dato decisivo está fuera del salón de clases
Un estudio reciente de iADDICT group, referido en el artículo original, identifica una relación entre la escasez de tiempo y recursos de madres y padres, los niveles de estrés cotidiano y los periodos prolongados de exposición infantil a las pantallas. La lógica es sencilla, aunque sus consecuencias sean complejas: cuando el adulto responsable debe trabajar, cocinar, limpiar, trasladarse o resolver trámites sin ayuda, encender un video ofrece una respuesta inmediata y de bajo costo. La pantalla no exige transporte, inscripción, disponibilidad de otra persona ni una infraestructura especial. Está al alcance de casi cualquier bolsillo y puede mantener a un menor ocupado durante el tiempo que dura una tarea impostergable.
Esta relación no debe confundirse con una justificación de la exposición ilimitada. Sí permite, en cambio, distinguir entre una decisión familiar tomada con información y una estrategia de supervivencia construida bajo presión. Culpar exclusivamente a madres y padres puede producir una paradoja: se eleva la exigencia moral sobre quienes cuidan, pero no se modifican las condiciones que hacen difícil cumplirla. Una familia con jornadas extensas, ingresos insuficientes y ausencia de abuelos, vecinos o servicios públicos no cuenta con las mismas posibilidades de limitar el uso digital que un hogar con horarios flexibles, apoyo remunerado y espacios seguros para el juego.
El desajuste entre escuela y trabajo vuelve visible esa desigualdad. El calendario escolar contempla cerca de 60 días de vacaciones, mientras que una persona trabajadora tiene, a partir del primer año de empleo, 12 días de vacaciones conforme al marco laboral señalado en la discusión. También existe una diferencia diaria entre el horario de muchas escuelas, de 8:00 a 13:00 horas, y jornadas de oficina que suelen extenderse de 9:00 a 18:00. A esa brecha se añaden los tiempos de traslado, las suspensiones de clases, las enfermedades y las actividades escolares. En ese espacio sin cobertura, la pantalla funciona como una especie de guardería informal y permanente.
El cuidado también es una infraestructura económica
La primera conclusión que se desprende de estos hechos es que el tiempo de pantalla revela la organización económica del cuidado. No es sólo una práctica de crianza ni un problema de disciplina escolar. Cuando el mercado laboral presupone que cada trabajador cuenta con alguien disponible para recoger a sus hijos, preparar alimentos y acompañarlos durante las tardes, transfiere silenciosamente ese costo a las familias. Y cuando esa persona suele ser una mujer, la transferencia se convierte en una penalización de género: menos oportunidades laborales, interrupciones profesionales, agotamiento y mayor presión para resolver simultáneamente responsabilidades incompatibles.
El uso intensivo de tecnología puede ser, por tanto, un indicador indirecto de precariedad temporal. La cantidad de horas que una infancia pasa conectada no sólo informa sobre preferencias digitales; también puede mostrar cuántas horas de cuidado no están cubiertas por instituciones, empleadores o redes comunitarias. Esta lectura cambia las prioridades. Los controles parentales y las campañas de bienestar digital pueden ser útiles, pero su alcance será limitado si no se acompañan de horarios escolares compatibles con el empleo, centros de cuidado accesibles, permisos laborales suficientes y espacios públicos seguros.
La segunda idea es que la regulación centrada exclusivamente en las escuelas puede desplazar el problema sin resolverlo. Prohibir teléfonos durante la jornada escolar puede reducir distracciones dentro del aula y proteger ciertos momentos de aprendizaje. Sin embargo, si el niño permanece solo en casa durante la tarde, la familia seguirá enfrentando la misma necesidad de supervisión. El dispositivo podría reaparecer después de clases, durante las vacaciones o por la noche. Una norma que no considera el conjunto de la jornada infantil corre el riesgo de medir el lugar visible del consumo digital y dejar intactas sus causas.
La tercera es que el debate debería abandonar la medición bruta de horas como único criterio. Dos horas de una videollamada con familiares, una actividad educativa acompañada o una conversación creativa no equivalen necesariamente a dos horas de desplazamiento automático en una plataforma diseñada para retener la atención. El diseño algorítmico importa. Las redes sociales pueden recomendar contenidos sucesivos, explotar la comparación social y convertir la interacción en una secuencia difícil de interrumpir. Una política responsable debe examinar tanto el tiempo como el contenido, la edad de la persona usuaria, los mecanismos de recomendación y la posibilidad real de salir de la plataforma.
La responsabilidad está repartida, aunque no de manera uniforme
Las familias ocupan el primer plano de la discusión porque son quienes establecen reglas y acompañan a sus hijos. Desde su perspectiva, limitar el uso digital puede ser deseable, pero no siempre es operativo. Una madre que trabaja en casa puede necesitar una hora de concentración para conectarse a una reunión; una persona empleada en un comercio puede no tener margen para recoger a su hijo al terminar la escuela; un hogar monoparental puede no disponer de un adulto alternativo. Para estas familias, la recomendación de “acompañar más” es incompleta si no responde quién cubre el tiempo, cuánto cuesta y qué ocurre cuando no existe una red de apoyo.
Las escuelas, por su parte, enfrentan una presión creciente. Se les pide restringir dispositivos, prevenir problemas de salud mental, compensar carencias familiares y mantener la atención de grupos numerosos. El personal docente puede establecer reglas de uso y enseñar competencias digitales, pero no puede sustituir un sistema de cuidados ni asumir por sí solo la responsabilidad de vigilar a los estudiantes fuera del horario escolar. Una regulación que entregue nuevas obligaciones sin presupuesto, capacitación y protocolos claros puede generar conflictos con las familias y ampliar la carga administrativa de los planteles.
Las empresas tecnológicas también tienen responsabilidades específicas. Sus plataformas no son herramientas neutrales: se financian, en muchos casos, mediante la atención y la permanencia de los usuarios. Los sistemas de recomendación, las notificaciones, la reproducción automática y los mecanismos de recompensa pueden intensificar el uso, especialmente entre personas con menor capacidad de autorregulación. Las compañías suelen responder que corresponde a los padres decidir, pero esa posición omite la asimetría entre una familia que intenta imponer límites y un producto diseñado por equipos especializados para prolongar la interacción. La protección de menores requiere controles de edad más confiables, configuraciones predeterminadas menos invasivas, transparencia algorítmica y vías de reclamación efectivas.
El Estado se encuentra en el centro de la controversia. La reciente Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México representa un avance relevante porque reconoce que cuidar no puede depender únicamente del esfuerzo privado de cada hogar. Su impacto, sin embargo, dependerá de la implementación: presupuesto, coordinación entre instituciones, cobertura territorial, servicios de calidad y mecanismos que permitan evaluar resultados. Una ley sin oferta suficiente puede crear expectativas legítimas que después se traduzcan en frustración. Además, la desigualdad entre la capital y otras entidades obliga a evitar que el debate se limite a las políticas de una sola ciudad.
Prohibir puede ser sencillo; sustituir exige inversión
La medida más visible suele ser la prohibición. Restringir el celular en clase tiene argumentos atendibles: puede facilitar la concentración, reducir interrupciones y limitar el acceso a contenidos dañinos durante la jornada educativa. También puede ayudar a recuperar espacios de interacción cara a cara. Pero la eficacia de una prohibición depende de su diseño. ¿Incluye excepciones para necesidades médicas o de accesibilidad? ¿Quién custodia los dispositivos? ¿Qué procedimiento existe ante incumplimientos? ¿La regla se aplica de igual manera en escuelas públicas y privadas? Sin respuestas claras, la norma puede volverse selectiva, punitiva o difícil de sostener.
Hay además un riesgo distributivo. Las familias con recursos pueden reemplazar parte del tiempo digital por actividades deportivas, clases, transporte a espacios culturales o cuidadores remunerados. Las familias con menos ingresos pueden quedar sometidas a sanciones, conflictos y mayores costos, sin alternativas equivalentes. La misma regla puede producir beneficios de bienestar en un hogar y una carga adicional en otro. Por eso, cualquier restricción debería acompañarse de programas de jornada ampliada, bibliotecas abiertas, actividades comunitarias y apoyos durante vacaciones. Reducir la pantalla sin ampliar las opciones de cuidado puede dejar a los menores en una situación de mayor aislamiento.
La intervención también debe reconocer la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. No todos los usuarios menores tienen las mismas necesidades, y los adolescentes no pueden ser tratados como si carecieran por completo de criterio. La educación digital debe incluir privacidad, publicidad, desinformación, comparación corporal, ciberacoso y gestión del tiempo. Proteger no significa únicamente retirar el dispositivo; significa desarrollar capacidades para comprender cómo funciona el entorno digital y cómo pedir ayuda cuando una experiencia se vuelve dañina.
El costo invisible: salud, trabajo y desigualdad
Los riesgos psicológicos asociados con la exposición prolongada tienen efectos que rebasan el ámbito familiar. Los problemas de sueño pueden afectar el rendimiento escolar; la ansiedad y la depresión pueden incrementar la demanda de servicios de salud; la pérdida de concentración puede complicar el aprendizaje; y el ciberacoso puede producir daños difíciles de detectar porque continúan fuera del plantel. No todos estos efectos se explican por la tecnología, pero una experiencia digital intensiva puede amplificar vulnerabilidades preexistentes. Las escuelas y los servicios de salud necesitan mejores mecanismos para identificar señales tempranas sin convertir cualquier uso de pantalla en un diagnóstico.
En el mercado laboral, la falta de cuidados también tiene consecuencias. Las personas que no logran conciliar horarios pueden rechazar empleos, reducir jornadas o ausentarse de manera imprevista. Las empresas absorben parte de ese costo mediante rotación, interrupciones y menor disponibilidad, aunque con frecuencia lo trasladan a las trabajadoras a través de carreras profesionales más lentas. De esta manera, una discusión que parece referirse al ocio infantil termina conectada con productividad, participación femenina, ingresos familiares y movilidad social.
Existe un riesgo adicional de simplificación científica. Si se presentan las investigaciones como prueba de que toda exposición produce ansiedad o depresión, se debilita la credibilidad del mensaje público. La evidencia debe comunicarse con precisión: hay asociaciones importantes y riesgos plausibles, pero también diferencias entre tipos de uso y contextos familiares. Una comunicación alarmista puede llevar a prohibiciones indiscriminadas, mientras que una comunicación demasiado complaciente favorece la inacción. Las autoridades deben publicar criterios verificables, indicadores de bienestar y evaluaciones independientes, en lugar de depender de cifras aisladas o titulares de impacto.
El próximo conflicto será por el tiempo, no por el aparato
En los próximos años, la expansión de herramientas de inteligencia artificial, plataformas educativas y contenidos personalizados hará menos útil la distinción entre tecnología “buena” y “mala”. Una tableta podrá servir para aprender, crear, comunicarse o consumir publicidad en la misma tarde. El desafío regulatorio será establecer condiciones de uso y responsabilidad empresarial, no únicamente clasificar dispositivos. También crecerá la presión para que las escuelas incorporen competencias digitales, aunque eso exigirá equilibrarlas con lectura, juego, actividad física y convivencia presencial.
El escenario más probable es una regulación gradual: límites de uso en planteles, controles de acceso para menores, obligaciones de transparencia para plataformas y programas de educación para familias. El resultado será desigual si no se acompaña con inversión en cuidados. Las ciudades con servicios comunitarios, transporte accesible y horarios escolares más compatibles podrán reducir la dependencia de las pantallas. En las zonas con empleos informales, largas distancias y redes familiares debilitadas, la pantalla seguirá ocupando el lugar de una infraestructura que no existe.
El indicador de éxito no debería ser solamente que los menores pasen menos horas conectados. Una política puede alcanzar esa meta y empeorar la situación si aumenta la carga de cuidado no remunerado, obliga a una madre a abandonar su empleo o deja a los niños sin supervisión. El objetivo relevante es que las familias tengan alternativas reales: tiempo disponible, servicios confiables, espacios seguros y acompañamiento profesional. Mientras esas alternativas no existan, pedir una reducción drástica del uso digital equivaldrá a pedirles que resuelvan una falla institucional con recursos privados.
Las pantallas pueden ser una herramienta educativa, una vía de comunicación y, en momentos de urgencia, un apoyo cotidiano. Lo que no pueden ser es el sustituto permanente de un sistema de cuidados. La conversación pública comenzó en las aulas, pero su desenlace se definirá en los centros de trabajo, los presupuestos públicos, las plataformas digitales y los hogares. El desafío no consiste en elegir entre tecnología o crianza, sino en impedir que la falta de políticas de cuidado convierta una herramienta disponible en la única opción para que millones de familias puedan completar el día.
