La discusión abierta por Juan Daniel Oviedo sobre el desempeño económico durante el gobierno de Gustavo Petro va más allá de una disputa por una cifra trimestral. Su planteamiento apunta a una cuestión estructural: una economía puede registrar expansión del PIB y, al mismo tiempo, mostrar una base productiva demasiado estrecha para sostener empleo formal, inversión privada y capacidad exportadora. Si el promedio de crecimiento de 1,82% calculado para el cuatrienio se confirma bajo una metodología comparable con administraciones anteriores, Colombia estaría frente a un ritmo insuficiente para cerrar brechas sociales y fiscales acumuladas.
La comparación entre gobiernos exige, sin embargo, cautela. Cada mandato enfrentó condiciones externas y domésticas distintas: auge de materias primas, desaceleración global, pandemia, recuperación posterior, inflación internacional y tasas de interés elevadas. El periodo de Iván Duque, por ejemplo, incorpora tanto la contracción excepcional de 2020 como el rebote posterior. Por ello, los promedios no prueban por sí solos una relación directa entre una política específica y un resultado económico. Sí ofrecen una señal relevante sobre la pérdida de dinamismo relativo y obligan a examinar la composición del crecimiento.
Un avance que no se distribuye por igual
El principal aporte del análisis está en separar el tamaño del crecimiento de su calidad. Según Oviedo, cuatro ramas vinculadas con administración pública, salud, educación no de mercado y actividades artísticas concentran 71,5% del crecimiento promedio. Que estos sectores se expandan no es, en sí mismo, un problema. El gasto en salud y educación puede mejorar bienestar, ampliar capital humano y compensar carencias territoriales; asimismo, la actividad cultural y el entretenimiento movilizan empleo y consumo. El riesgo aparece cuando esas ramas crecen sin que construcción, manufactura, agroindustria y sectores exportadores aporten una fuerza comparable.
Una expansión concentrada suele tener menor capacidad para encadenarse con el resto de la economía. La construcción demanda materiales, transporte, servicios profesionales y mano de obra; la industria transforma insumos locales, genera aprendizaje tecnológico y puede conectarse con mercados externos. Cuando estos sectores pierden impulso, se reduce la transmisión del crecimiento hacia proveedores, ciudades intermedias y trabajadores con distintos niveles de calificación. El resultado puede ser una economía con consumo activo en algunos segmentos, pero con menos oportunidades de acumulación productiva.
La observación de que las diez ramas más dinámicas explican más del 100% de la variación del valor agregado tiene una lectura precisa: la contribución positiva de unas pocas actividades compensa el retroceso de muchas otras. No significa que el país esté en recesión generalizada, pero sí que una parte amplia de la estructura productiva no acompaña la recuperación. Esa divergencia vuelve más vulnerable el resultado agregado. Si uno de los sectores líderes se desacelera, no necesariamente existen suficientes ramas alternativas capaces de sostener el crecimiento.
Consumo público y hogares: apoyo con límites
El gasto público y el consumo de los hogares pueden cumplir una función estabilizadora en fases de debilidad. La contratación estatal, los servicios sociales y las transferencias ayudan a mantener demanda, especialmente en regiones donde la actividad privada es limitada. Tras episodios de alta inflación o desastres naturales, esa capacidad de amortiguación puede evitar una caída más profunda del ingreso y del empleo. También hay un efecto social positivo cuando el aumento del gasto se traduce en atención sanitaria, acceso educativo o protección de población vulnerable.
Pero el consumo no reemplaza de manera permanente a la inversión. Los hogares pueden gastar mientras tengan empleo, crédito, remesas o transferencias, aunque esa demanda se vuelve frágil si los ingresos reales dejan de crecer. El peso señalado por Oviedo para el consumo de los hogares, equivalente a 87,7% del gasto total, sugiere que la economía depende considerablemente de una fuente que no crea por sí sola nueva capacidad productiva. Si la oferta nacional no responde, parte de esa demanda puede dirigirse a importaciones, ampliando presiones sobre la balanza comercial.
La participación de las apuestas en línea y otras actividades de entretenimiento requiere una valoración aún más cuidadosa. Estas plataformas pueden formalizar transacciones antes informales, recaudar impuestos y generar servicios tecnológicos, publicitarios y de pago. Sin embargo, su expansión no tiene el mismo impacto multiplicador que la inversión en infraestructura, vivienda o maquinaria. Además, un crecimiento basado en apuestas plantea riesgos de endeudamiento de hogares, consumo compulsivo y reasignación de recursos desde gastos esenciales, por lo que las autoridades deben fortalecer vigilancia, prevención y protección al consumidor.
La inversión define la capacidad de respuesta
La advertencia sobre una inversión en mínimos de dos décadas es probablemente el punto con mayores implicaciones hacia adelante. La formación bruta de capital fija determina cuánto puede producir una economía mañana: incluye maquinaria, equipos, obras civiles, vivienda, tecnología y activos empresariales. Cuando las empresas aplazan decisiones de inversión, la consecuencia inmediata puede ser menor demanda para construcción e industria; la consecuencia posterior es más grave, porque disminuye productividad, innovación y generación de empleos de mayor remuneración.
Las causas de una inversión débil rara vez responden a un único factor. Tasas de interés altas, incertidumbre regulatoria, cambios tributarios, menor demanda esperada, problemas de seguridad, demoras en licencias, déficit de infraestructura y condiciones financieras internacionales pueden influir simultáneamente. Atribuir el fenómeno exclusivamente al gobierno simplificaría un diagnóstico complejo. No obstante, la política pública sí puede modificar el entorno de decisión: reglas previsibles, ejecución transparente de proyectos, seguridad jurídica, coordinación territorial y una ruta fiscal creíble reducen la prima de riesgo exigida por inversionistas nacionales y extranjeros.
La dificultad es especialmente sensible para pequeñas y medianas empresas. Las grandes compañías pueden acceder a mercados de capital, diversificar operaciones o financiarse en el exterior; las pymes dependen con mayor frecuencia del crédito bancario, de flujos de caja y de la confianza en la demanda local. Si la inversión se concentra en pocas firmas o sectores, la productividad puede ampliarse de manera desigual. Esto profundizaría brechas entre empresas formales con acceso a financiamiento y unidades económicas que sobreviven con baja tecnología e informalidad laboral.
El terremoto agrega presión a las cuentas públicas
Los efectos económicos del terremoto mencionados por Oviedo introducen una variable que puede alterar cualquier proyección. En el corto plazo, la reconstrucción puede elevar la actividad en obras, comercio local y servicios, además de recuperar infraestructura esencial. No obstante, ese impulso no equivale automáticamente a desarrollo nuevo: una parte importante de los recursos se destina a reponer viviendas, carreteras, redes y activos previamente existentes. Las familias afectadas pueden enfrentar pérdida de patrimonio, interrupción laboral y mayores costos de endeudamiento incluso si el PIB registra gastos de reconstrucción.
Para el Estado, el desafío consiste en atender la emergencia sin deteriorar excesivamente la sostenibilidad fiscal. Un mayor gasto puede ser indispensable para proteger vidas, restablecer servicios y evitar que los territorios afectados caigan en pobreza persistente. Pero si se financia con deuda cara o desplazando inversión productiva en otras regiones, el margen de maniobra se estrecha. La calidad de la ejecución será decisiva: obras priorizadas con criterios técnicos, compras públicas vigiladas y coordinación con municipios pueden convertir la reconstrucción en una oportunidad para elevar resiliencia, mientras que retrasos o corrupción multiplicarían los costos sociales.
La cifra trimestral no resuelve el diagnóstico
El crecimiento de 3,5% en el segundo trimestre de 2026 puede reflejar una mejora puntual respecto de periodos previos, y sería un error descartarlo. Una cifra trimestral favorable puede indicar que la inflación más moderada, una política monetaria menos restrictiva o la recuperación de ciertos servicios están devolviendo tracción a la actividad. También puede mejorar la confianza de consumidores y empresas si se sostiene durante varios trimestres. El problema aparece cuando un dato de corto plazo se presenta como evidencia suficiente de un cambio estructural.
Para evaluar si existe una reactivación sólida habrá que observar variables complementarias: inversión fija, licencias de construcción, producción industrial, exportaciones no minero-energéticas, empleo formal, productividad y comportamiento regional. También importa saber si la expansión proviene de más horas trabajadas y gasto corriente o de mejoras en eficiencia y capital productivo. Una economía puede crecer rápido durante un trimestre por efectos de base estadística, recuperación de inventarios o gasto público, sin haber resuelto sus restricciones de fondo.
La próxima administración enfrentará decisiones estrechas
La referencia de Oviedo al futuro gobierno de Abelardo De la Espriella subraya que el debate trasciende la evaluación de una administración. La próxima etapa enfrentará expectativas de recuperación con poco espacio para errores: estimular indiscriminadamente la demanda podría aumentar déficits o presiones inflacionarias; aplicar un ajuste abrupto, en cambio, podría debilitar empleo y consumo cuando la inversión aún no despega. La estrategia más consistente parece ser combinar disciplina fiscal verificable con medidas que destraben proyectos productivos y reduzcan costos de formalidad, logística y financiamiento.
La diversificación tampoco puede limitarse a convocatorias o incentivos aislados. Requiere infraestructura funcional, formación técnica, energía confiable, conectividad digital, crédito de largo plazo y apertura de mercados. Sectores como agroindustria, turismo sostenible, servicios empresariales, manufacturas especializadas y economía digital podrían ampliar la base de crecimiento, pero sus resultados dependen de condiciones locales y de una política comercial coherente. El Estado puede orientar y facilitar, aunque la inversión privada seguirá siendo indispensable para escalar producción, adoptar tecnología y asumir riesgo empresarial.
La señal más preocupante no es únicamente que Colombia haya crecido poco, sino que sus fuentes de crecimiento parezcan concentradas mientras varios sectores capaces de elevar productividad pierden fuerza. La respuesta no debería ser desacreditar las actividades que hoy sostienen el PIB ni convertir la comparación histórica en una disputa partidista. El reto consiste en medir con rigor, reconocer los apoyos sociales necesarios y reconstruir condiciones para que más empresas, regiones y trabajadores participen de una expansión durable. De esa amplitud dependerá que el próximo repunte sea una trayectoria y no solo una cifra favorable.
