Durante cinco siglos, buena parte de África y Brasil quedó encajada en un patrón económico que parecía estable y, en realidad, era profundamente desigual: exportar materias primas baratas e importar bienes terminados caros. Ese mecanismo no solo vació valor agregado en origen; también moldeó Estados dependientes de ciclos externos, con industrias débiles, escaso poder de negociación y una vulnerabilidad persistente ante los cambios de precio en los mercados globales. La transición energética abre una ventana para alterar esa lógica, pero no por simple inercia tecnológica. Requiere decisiones industriales, coordinación política y una lectura estratégica del momento histórico.
La urgencia actual viene marcada por la crisis energética mundial. El encarecimiento del petróleo, las interrupciones de suministro y la presión sobre los hogares han afectado productividad, alimentos y cuentas públicas en numerosos países. En África el golpe es más severo porque se suma a déficits estructurales: pobreza arraigada, infraestructura insuficiente y acceso limitado a la electricidad. Incluso los exportadores de hidrocarburos quedan atrapados en una paradoja conocida: venden crudo y luego compran combustibles refinados más caros, como diésel o gasolina. El problema no es coyuntural. Décadas de extracción han producido concentración de ingresos y dependencia externa, debilitando sectores que podrían sostener un desarrollo más equilibrado.
En ese contexto, la cooperación entre Brasil y varios países africanos adquiere un peso que va más allá de la diplomacia. Lula ha reactivado una agenda Sur-Sur con viajes oficiales y vínculos sectoriales en agricultura, salud, educación, defensa y energía. La diferencia ahora es que la alianza puede pasar de la afinidad política a la coproducción industrial. Brasil, Kenia, Namibia, Sudáfrica y Túnez tienen capacidades y recursos que encajan en dos frentes decisivos de la transición: minerales críticos y energías renovables. Si se limitan a exportar litio, cobalto, grafito o manganeso en bruto, reproducirán el viejo patrón extractivo; si coordinan refino, transferencia tecnológica, investigación conjunta y políticas de contenido local, pueden capturar una porción mayor de la cadena de valor.
La magnitud del mercado ayuda a explicar por qué la disputa por estos materiales será central durante la próxima década. La ONU estima que el comercio de minerales críticos en bruto y semiprocesados ya representa una fracción relevante del comercio mundial y seguirá creciendo con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía prevé una expansión fuerte de la demanda de litio, cobalto y tierras raras hacia 2040. Ese auge puede traer inversión y empleo, pero también una nueva forma de dependencia si los países productores aceptan de nuevo el papel de simples proveedores. El antecedente es claro: en el ciclo del petróleo, del cobre o del cacao, el valor más alto se quedó casi siempre en la transformación, no en la extracción. Evitar que eso se repita exige una arquitectura industrial distinta, no solo mejores contratos mineros.
El terreno de las renovables ofrece otro aprendizaje. África dispone de algunas de las mejores condiciones solares del planeta y ya experimenta soluciones descentralizadas, desde paneles domésticos de pago por uso hasta microgeneración en zonas rurales. Brasil, por su parte, combina liderazgo en biocombustibles con experiencia hidroeléctrica y programas públicos como Luz para Todos, que conectó a millones de personas a la red. Esa complementariedad es valiosa porque no se trata únicamente de instalar capacidad nueva, sino de construir sistemas energéticos adaptados a realidades sociales distintas. Un modelo pensado para grandes parques solares no resuelve por sí solo el acceso en periferias urbanas o comunidades aisladas; allí importan redes flexibles, financiamiento minorista y tecnología apropiada.
La cooperación también puede tener efectos laborales y sociales relevantes. Una transición verde bien diseñada no debería medirse solo en megavatios o toneladas de minerales, sino en empleos creados, oficios transferidos y capacidades instaladas. La Irena prevé millones de puestos de trabajo ligados a la transición energética en África para 2030, sobre todo en solar, infraestructura eléctrica y manufactura verde. El dato importa porque el empleo industrial es la pieza que convierte recursos naturales en movilidad social. Sin formación técnica, cadenas de suministro locales y empresas capaces de fabricar componentes o mantener equipos, la “economía verde” corre el riesgo de convertirse en una capa limpia sobre las mismas relaciones de dependencia de siempre.
La gran traba sigue siendo el financiamiento. África concentra buena parte del potencial solar mundial, pero recibe una proporción mínima de la inversión energética y todavía menos de la inversión en limpias. A eso se suman costos de endeudamiento muy altos, que encarecen cualquier proyecto de largo plazo. Aquí la dimensión geopolítica es decisiva: sin mecanismos financieros Sur-Sur, sin bancos de desarrollo más activos y sin capital privado dispuesto a asumir horizontes más largos, la transición se quedará en declaraciones. La cooperación Brasil-África puede servir como laboratorio para esquemas de coinversión, compras conjuntas y garantías compartidas que reduzcan el riesgo y atraigan manufactura local.
El impacto más amplio de esta agenda sería político. Si Brasil y África logran industrializar parte de su transición, ganarían margen para redefinir su lugar en la economía global: de periferias exportadoras a actores que negocian tecnología, regulaciones y estándares. Eso no eliminará las asimetrías de inmediato, pero sí puede debilitar una herencia de cinco siglos. La salida verde existe, aunque no está garantizada por la abundancia de recursos. Dependerá de si estos países consiguen usar su ventaja natural para construir capacidad productiva, o si vuelven a dejar que otros conviertan esa riqueza en valor final.
