La creación del Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León” convierte una visita papal todavía prevista para noviembre en un programa de intervención pública de gran escala. La Presidencia del Consejo de Ministros ha anunciado 67 proyectos en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao, con una inversión estimada de S/1.817 millones. La cifra no describe únicamente el costo logístico de recibir al papa León XIV: revela el intento del Gobierno peruano de vincular una operación institucional de corto plazo con una agenda de reducción de brechas sociales, infraestructura y promoción turística.
El dato más relevante no es el número de actividades asociadas a la visita, sino la amplitud de los sectores comprometidos. De las 67 intervenciones, 31 corresponden a Vivienda, Construcción y Saneamiento; 13 a Ambiente; seis a Transportes y Comunicaciones; seis a Interior; tres a Salud y cuatro a Cultura. La distribución muestra una prioridad evidente: mejorar servicios urbanos y condiciones territoriales antes que limitarse a organizar ceremonias, seguridad y desplazamientos. Sin embargo, también plantea la pregunta central del programa: ¿cuánto de esta inversión responde a necesidades previamente identificadas y cuánto ha sido acelerado por la oportunidad política y mediática de la visita?
Una visita religiosa convertida en política territorial
El Gobierno presenta “La Ruta de León” como un plan integral para cuatro regiones vinculadas con la vida y la presencia del pontífice en el país. El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Fidel Pintado, insistió en que no se trata solo de una operación turística o de un grupo creado para acompañar una visita. Esa definición política es importante porque busca blindar el programa frente a la interpretación de que se trata de gasto excepcional para un acontecimiento de pocas horas.
La lógica territorial tiene una base razonable. Las grandes visitas internacionales suelen concentrar inversiones en aeropuertos, vías de acceso, seguridad, saneamiento y recuperación de espacios públicos. Cuando esas obras se seleccionan con criterios técnicos, el evento funciona como catalizador: acelera expedientes, alinea a distintos niveles de gobierno y obliga a resolver coordinaciones que normalmente avanzan con lentitud. En el caso peruano, la intervención en los accesos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la renovación de redes de agua y alcantarillado en el centro de Chiclayo podrían producir beneficios duraderos, independientemente de la duración de la agenda papal.
Pero existe una diferencia decisiva entre usar una visita como acelerador y diseñar obras alrededor de una visita. La primera opción aprovecha una ventana política para financiar proyectos maduros y necesarios. La segunda puede premiar la visibilidad sobre la urgencia social, concentrar recursos en corredores ceremoniales y dejar fuera zonas con mayores déficits, pero menor exposición pública. La calidad de “La Ruta de León” dependerá de cuál de esas dos lógicas termine imponiéndose durante la ejecución.
La obra más visible será probablemente la relacionada con los accesos al aeropuerto del Callao, considerado por el gobernador Ciro Castillo como la puerta de entrada del Santo Padre. Su importancia excede la dimensión protocolar. El corredor aeroportuario es también la primera experiencia de la ciudad para visitantes nacionales y extranjeros, un punto crítico para la movilidad metropolitana y una infraestructura que soporta actividades económicas permanentes. No obstante, cualquier intervención allí deberá evaluarse por su utilidad para la población cotidiana, no solo por su capacidad para ofrecer una imagen ordenada durante la llegada papal.
El saneamiento de Chiclayo pone a prueba la promesa
La renovación de las redes de agua y alcantarillado del casco central de Chiclayo concentra buena parte de las expectativas porque conecta directamente la agenda religiosa con un problema urbano estructural. El saneamiento no genera una inauguración tan visible como un monumento o una vía remodelada, pero determina la salud pública, la continuidad de los negocios, la habitabilidad del centro y la capacidad de la ciudad para recibir flujos extraordinarios de personas.
La elección de este tipo de obra puede interpretarse como una señal positiva: una intervención motivada por un acontecimiento público puede dejar un activo esencial y no una escenografía temporal. Sin embargo, las redes subterráneas implican riesgos técnicos y financieros. Requieren diagnósticos confiables, coordinación con empresas de servicios, manejo de tránsito y planes para evitar que una obra rápida termine en reparaciones incompletas o en sobrecostos. La presión por cumplir antes de noviembre puede favorecer cronogramas políticamente atractivos, pero técnicamente frágiles.
La experiencia de muchas ciudades latinoamericanas muestra que el déficit de mantenimiento suele ser tan grave como la falta de infraestructura nueva. Por ello, el indicador clave no debería ser cuántos metros de tubería se renuevan o cuántas calles se intervienen, sino si existen presupuestos, responsables y mecanismos para conservar las mejoras después de la visita. Sin esa continuidad, la inversión puede resolver una contingencia inmediata y reproducir el mismo problema pocos años más tarde.
Once puentes y una promesa de conectividad
La construcción de 11 puentes definitivos en Piura y Morropón introduce otra dimensión en el programa. Piura es una región expuesta a lluvias intensas, interrupciones viales y daños recurrentes en su infraestructura. En ese contexto, los puentes no solo sirven para la circulación de una delegación religiosa: conectan comunidades, facilitan el transporte de productos y reducen el aislamiento durante emergencias.
El calificativo “definitivos” es especialmente significativo. Implica superar soluciones provisionales que suelen mantenerse durante años y que trasladan el riesgo a transportistas, agricultores y familias. El beneficio económico potencial es amplio: una conexión estable puede reducir tiempos de viaje, pérdidas de mercancías y costos logísticos. Sin embargo, la durabilidad dependerá de estudios hidráulicos, calidad de materiales, supervisión y mantenimiento. Construir con urgencia en zonas vulnerables sin incorporar criterios de resiliencia climática sería una contradicción con la propia finalidad de cerrar brechas.
Esta es la primera gran conclusión del despliegue: la visita puede producir un efecto territorial valioso cuando el criterio de selección coincide con necesidades acumuladas. En Piura, la justificación de los proyectos se sostiene si las obras responden a una red de conectividad y gestión de riesgos ya priorizada. Si, por el contrario, se eligen únicamente los puentes ubicados en la ruta simbólica del pontífice, el programa perderá parte de su legitimidad ante las comunidades que siguen desconectadas.
Turismo religioso: oportunidad real, resultados inciertos
El segundo eje de “La Ruta de León” es el turismo religioso. El Callao ha anunciado la puesta en valor de tres iglesias históricas, mientras Chiclayo busca consolidarse como la “capital espiritual del papa León XIV”. La estrategia puede ampliar la oferta turística peruana más allá de los destinos consolidados y distribuir el gasto de los visitantes hacia negocios locales, operadores de transporte, hospedajes, restaurantes y artesanos.
Pero una ruta turística no nace de una denominación oficial ni de la restauración aislada de edificios. Necesita señalización, accesibilidad, seguridad, información histórica, servicios sanitarios, operadores capacitados y una programación que permita visitar los lugares durante todo el año. La visita papal puede generar una demanda inicial excepcional; el desafío consiste en transformarla en flujo recurrente. El turismo religioso, además, no debe reducir el patrimonio a una experiencia comercial. La participación de parroquias, comunidades locales, especialistas en conservación y autoridades culturales será necesaria para evitar intervenciones superficiales o incompatibles con el valor histórico de los templos.
La rentabilidad también debe medirse con cautela. El número de peregrinos no equivale automáticamente a ingresos locales. Si los visitantes llegan en grupos cerrados, permanecen pocas horas y contratan servicios externos, el impacto económico se concentrará en pocos actores. Para que el programa contribuya al desarrollo regional, se requieren mecanismos que integren a pequeñas empresas y trabajadores locales, además de estadísticas que distingan entre visitantes ocasionales, turistas con pernoctación y población que participa en actividades religiosas.
Los gobiernos locales reclaman capacidad ejecutiva
Las declaraciones de los gobernadores y de la alcaldesa provincial de Chiclayo revelan un interés compartido, pero también una preocupación práctica. Luis Neyra León pidió que el grupo tenga un carácter ejecutivo capaz de materializar y sostener los proyectos. La solicitud apunta a una debilidad frecuente de la administración pública peruana: la coordinación interinstitucional puede producir acuerdos, pero no necesariamente destraba expedientes, libera terrenos, asegura certificaciones o evita duplicidades presupuestarias.
El acuerdo de realizar sesiones ordinarias mensuales y reuniones extraordinarias constituye un punto de partida, no una garantía de ejecución. Para que el grupo tenga autoridad efectiva, debería publicar una matriz con proyecto, entidad responsable, monto, fuente de financiamiento, avance físico, avance presupuestal, permisos pendientes y fecha comprometida. Sin información comparable, la sociedad conocerá anuncios y ceremonias, pero no podrá determinar si el dinero está transformándose en infraestructura.
Las municipalidades enfrentan además una tensión institucional. Pueden beneficiarse de la atención del Gobierno central, pero corren el riesgo de convertirse en ejecutoras de obras definidas desde Lima con poco margen para adaptar prioridades locales. El modelo multinivel solo funcionará si las autoridades regionales y municipales participan en la decisión, y si la PCM coordina sin sustituir las competencias técnicas de cada sector.
El costo político de acelerar S/1.817 millones
Una inversión de S/1.817 millones exige una vigilancia proporcional a su magnitud. La urgencia asociada a noviembre puede facilitar decisiones rápidas, pero también elevar riesgos de contratación fragmentada, modificaciones de alcance, supervisión insuficiente y aumento de costos. En obras públicas, la velocidad es una ventaja únicamente cuando existe preparación previa. De lo contrario, se convierte en un incentivo para contratar proyectos inmaduros.
La transparencia será determinante porque el carácter simbólico de la visita puede dificultar el debate sobre prioridades. Quien cuestione una obra asociada a la llegada del papa podría ser presentado como contrario al desarrollo regional o a la actividad religiosa. Esa presión puede reducir el escrutinio público precisamente cuando más se necesita. El programa debe separar con claridad el valor espiritual de la visita y la evaluación técnica del gasto. La fe puede movilizar a la población, pero no reemplaza los estudios de impacto, los controles de calidad ni la rendición de cuentas.
También existe un riesgo de desigualdad territorial. Cuatro regiones concentran la estrategia, mientras otros departamentos con déficits similares podrían quedar fuera por no estar relacionados con la agenda papal. Esa concentración será defendible si se presenta como una fase acotada de proyectos estratégicos y si los criterios de selección son públicos. Será más difícil justificarla si “La Ruta de León” se transforma en un paquete amplio de inversiones cuya prioridad principal es la visibilidad del evento.
Después de noviembre empieza la evaluación decisiva
El escenario más favorable es que la visita actúe como fecha de control para proyectos que ya tenían sustento técnico, y que las obras continúen bajo planes plurianuales. En ese caso, el evento dejaría una red mejorada de servicios, una agenda patrimonial más sólida y capacidades de coordinación que podrían replicarse en otras regiones. El resultado no se mediría por la cantidad de personas reunidas durante la visita, sino por la permanencia de los beneficios en barrios, centros urbanos y comunidades rurales.
Un escenario intermedio sería la finalización de intervenciones visibles, mientras las obras complejas de saneamiento, puentes y transporte se retrasan. La administración podría presentar el programa como exitoso por la entrega de espacios restaurados y vías acondicionadas, aunque las brechas estructurales permanecieran. Esa posibilidad debe anticiparse con metas diferenciadas: no es razonable evaluar un proyecto de redes de agua con el mismo calendario que una actividad protocolar.
El escenario más adverso combinaría retrasos, sobrecostos y obras incompletas con una disminución de la atención política una vez concluida la visita. Para evitarlo, el Grupo de Trabajo debería mantener informes públicos después de noviembre, someter sus avances a control institucional y establecer responsables de mantenimiento. La continuidad administrativa es el punto débil de todo programa nacido al calor de un acontecimiento excepcional.
“La Ruta de León” tiene, por tanto, una oportunidad que no depende de la solemnidad religiosa, sino de la disciplina pública. El programa puede convertir una visita papal en una inversión útil para la conectividad, el saneamiento, la seguridad y el patrimonio; también puede quedarse en una operación acelerada de imagen si los proyectos se juzgan por su presencia ante las cámaras. La diferencia estará en tres decisiones concretas: priorizar necesidades verificables, publicar el recorrido completo del dinero y garantizar que la responsabilidad institucional sobreviva al calendario de noviembre. Solo entonces los 67 proyectos dejarán de ser un despliegue millonario para recibir a un pontífice y podrán presentarse como una política de desarrollo territorial con resultados comprobables.
