El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para implementar un subsidio directo y de corto plazo a los combustibles en Ucayali, en respuesta a las protestas y paralizaciones que se prolongan desde hace varias semanas en Pucallpa y otras zonas de la región. La medida pretende reducir el impacto de los elevados precios sobre los transportistas y las familias, aunque el propio Gobierno la presenta como una respuesta transitoria frente a un problema logístico y estructural.
El anuncio se produjo después de una mesa de trabajo encabezada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con la participación de autoridades regionales, municipales, representantes del sector energético y dirigentes vinculados al transporte. Durante la reunión, el Ejecutivo afirmó que el abastecimiento está garantizado y descartó que exista una escasez generalizada de productos. Sin embargo, reconoció que los costos internacionales y las particularidades del suministro amazónico están repercutiendo con fuerza en los precios que pagan los consumidores.
Protestas, bloqueos y presión sobre los precios
Reportes locales sitúan el precio del diésel en hasta S/ 25 por galón y el de la gasolina regular en aproximadamente S/ 21. Los transportistas sostienen que estos valores han elevado sus costos de operación y han obligado a revisar o duplicar tarifas del transporte urbano. La situación también ha generado largas filas en los grifos, reclamos por presuntas irregularidades en la comercialización y bloqueos en la carretera Federico Basadre, uno de los principales corredores de conexión de Ucayali.
En algunos establecimientos se registraron saqueos, un hecho que evidencia el nivel de tensión social alcanzado en la región. Los gremios exigen una reducción inmediata de los precios y una intervención más directa del Gobierno. Su argumento central es que el combustible vendido en Pucallpa resulta considerablemente más caro que en otras ciudades del país, pese a que se trata de un insumo esencial para el transporte de personas, alimentos y mercancías.
La respuesta anunciada por el MINEM consiste en un mecanismo de apoyo directo cuya duración y alcance deberán ser definidos junto con el MEF. El diseño será determinante: un subsidio aplicado sin controles precisos podría aliviar temporalmente el precio final, pero también generar distorsiones, beneficiar a intermediarios o aumentar la presión sobre las cuentas públicas. Por ello, el Gobierno ha planteado que la intervención se acompañe con una revisión de la estructura de costos y una mayor vigilancia en los puntos de venta.
Una cadena de abastecimiento más costosa
La explicación del diferencial de precios no se limita al valor internacional del petróleo. Pucallpa no recibe normalmente el combustible desde la refinería de Petroperú ubicada en Loreto, pese a su relativa proximidad geográfica con Iquitos. El suministro depende principalmente del traslado desde Conchán, en la costa de Lima, lo que implica mayores distancias, tiempos de transporte y costos asociados al almacenamiento y la distribución.
Esta dependencia logística hace que cualquier variación en el precio de origen, en el transporte o en la disponibilidad de infraestructura tenga un efecto mayor en el consumidor amazónico. En la práctica, la estructura de precios incorpora sobrecostos que no se presentan con la misma intensidad en Lima y Callao. El problema se vuelve más visible cuando el transporte regional enfrenta interrupciones, porque la expectativa de nuevas entregas puede provocar compras preventivas y más presión en los grifos, incluso cuando el abastecimiento nacional no está comprometido.
El ministro Shinno señaló que el Ejecutivo busca transparentar los costos a lo largo de la cadena de comercialización y fortalecer la capacidad de almacenamiento mediante el uso de tanques privados. También se evalúa reactivar infraestructura asociada a la antigua Refinería de Pucallpa, conocida como la planta de MAPLE. El complejo dejó de refinar gasolina y otros combustibles en 2018, debido a la falta de petróleo crudo local para procesar y a conflictos legales y arbitrajes millonarios con el Estado peruano, que terminaron con el retiro de sus operaciones.
Fiscalización y límites de la intervención estatal
Osinergmin anunció un refuerzo de la fiscalización en los puntos de venta para revisar la transparencia de las operaciones y detectar posibles prácticas especulativas. La supervisión puede contribuir a evitar incrementos injustificados, pero tiene límites en un mercado de precios libres: el organismo puede verificar el cumplimiento de las normas y la información comercial, aunque no fijar de manera permanente el precio que deben cobrar los establecimientos.
En la mesa participaron Oliver Stark, presidente de Petroperú; Omar Chambergo, titular de Osinergmin; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, además de autoridades municipales y legislativas. La presencia de estas instituciones refleja que la crisis combina responsabilidades nacionales, regionales y empresariales. Petroperú debe garantizar la continuidad del suministro, el regulador debe supervisar el mercado y las autoridades políticas deben canalizar las demandas sociales, pero ninguna de esas acciones resuelve por sí sola los costos de transporte y almacenamiento.
Un alivio inmediato sin solución definitiva
Ucayali cuenta con una exoneración del impuesto general a las ventas vinculada a la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. No obstante, los altos costos logísticos y las dificultades para que los mayoristas recuperen o trasladen efectivamente ese beneficio reducen su impacto sobre el precio final. La exoneración tributaria, por tanto, no garantiza que el consumidor reciba una rebaja equivalente, especialmente cuando la distribución depende de una cadena extensa y costosa.
A ello se suma que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no compensa plenamente las diferencias de la selva. El mecanismo regula precios base referidos a Lima y Callao, pero no incorpora de forma suficiente los sobrecostos que enfrentan las regiones amazónicas. El subsidio anunciado puede contener la conflictividad y dar margen para normalizar el transporte, pero su eficacia dependerá de la rapidez de su ejecución, de la transparencia en la asignación y de que no sustituya las reformas pendientes.
La crisis de Pucallpa muestra así una tensión entre una respuesta de emergencia y la necesidad de una política energética regional. Mientras el Gobierno define el apoyo con el MEF, la reducción sostenible de los precios exigirá mejorar el almacenamiento, revisar las rutas de abastecimiento, recuperar infraestructura y asegurar que los beneficios tributarios lleguen a los usuarios. Sin esos cambios, el subsidio podrá moderar el impacto inmediato, pero dejará intactas las condiciones que originaron las protestas.
