Agosto suele ser el mes que pone a prueba las narrativas triunfalistas sobre el empleo español. La actividad turística sigue sosteniendo parte de la ocupación, pero la educación cierra cursos, las administraciones ajustan contratos temporales y numerosas empresas aplazan decisiones hasta septiembre. Este año, sin embargo, la lectura es más compleja: la Seguridad Social perdió 162.840 afiliados, una caída relevante pero inferior a la de otros agostos, mientras el paro registrado aumentó en 44.419 personas. Ambas cifras están atravesadas por un factor extraordinario: la regularización de personas migrantes iniciada en abril.
El dato principal no es sólo que España cerrara agosto con 22,34 millones de afiliados, el mayor nivel histórico para ese mes. También importa cómo se ha llegado a esa cifra. A finales de agosto, 337.917 personas extranjeras procedentes del proceso de regularización extraordinaria ya habían sido dadas de alta en la Seguridad Social, dentro de un procedimiento que recibió 1,17 millones de solicitudes hasta el cierre de junio. La política migratoria ha dejado así de ser una cuestión exclusivamente administrativa o social para convertirse en una variable visible de la estadística laboral mensual.
Un descenso menos severo no equivale a un agosto fuerte
La reducción mensual de 162.840 afiliados debe situarse en su contexto. La pérdida de empleo en agosto responde a patrones conocidos: finalización de contratos vinculados al calendario académico, menor actividad administrativa, menor necesidad de determinados servicios auxiliares y una parte del ajuste estacional en actividades culturales, recreativas e industriales. El régimen general concentró 159.484 bajas y terminó el mes con 18,8 millones de afiliados; el régimen de autónomos retrocedió en 2.941 personas, hasta 3,47 millones.
La educación explica por sí sola una parte muy significativa del movimiento: perdió 76.535 afiliados tras el final del curso y de las actividades académicas. No se trata necesariamente de una destrucción estructural de empleo en el sector, ya que una parte de esos contratos se reactiva en septiembre. Pero sí revela una fragilidad persistente: una proporción relevante del empleo educativo, especialmente en servicios complementarios, formación no reglada, actividades extraescolares y sustituciones, continúa organizada alrededor de ciclos cortos. El calendario escolar sigue funcionando como un mecanismo de volatilidad laboral.
También descendió el empleo en actividades administrativas y servicios auxiliares, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y técnicas, y ocio. La combinación merece atención porque va más allá de un ajuste concentrado en las aulas. Cuando la caída alcanza servicios empresariales e industria, aunque sea de forma moderada, puede reflejar cautela en la contratación ante costes financieros, incertidumbre de demanda o decisiones empresariales aplazadas. Agosto no permite diagnosticar por sí solo un giro del ciclo, pero sí obliga a evitar la conclusión de que la cifra récord de afiliación elimina las debilidades sectoriales.
La regularización altera la comparación con años anteriores
La primera consecuencia de la regularización es estadística, pero no meramente técnica. Personas que antes trabajaban de forma informal, intermitente o directamente no figuraban en los registros pasan a aparecer en las bases de datos de empleo, cotización y demanda laboral. Esto puede elevar simultáneamente el número de afiliados y el paro registrado sin que exista una contradicción económica. Un mismo proceso de incorporación a la legalidad puede producir altas en la Seguridad Social, inscripciones en oficinas de empleo y transiciones breves entre ambas situaciones.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vinculado el aumento del paro a la inscripción inicial de parte de las personas regularizadas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha descrito ese paso por el desempleo como un fenómeno coyuntural, casi burocrático, asociado a la formalización de la relación laboral. El argumento tiene base: si una persona obtiene autorización y se registra para buscar empleo o completar trámites, pasa a formar parte de las estadísticas de desempleo aunque su vínculo efectivo con el mercado laboral sea distinto del de un trabajador que ha perdido un puesto estable.
Pero la explicación administrativa no debe utilizarse para minimizar el dato. En agosto de 2025 el paro aumentó en 21.905 personas; este año el incremento, de 44.419, duplica aquel registro. La regularización explica parte de la diferencia, no necesariamente toda. Para evaluar el impacto real será decisivo observar cuántas de esas nuevas personas inscritas encuentran empleo en los próximos tres a seis meses, en qué sectores lo hacen, bajo qué modalidad contractual y con qué nivel de cotización. La calidad de la integración laboral será más importante que el volumen inicial de altas.
La economía sumergida se hace visible, pero aún no está resuelta
La segunda lectura de fondo es que la regularización puede estar reduciendo una zona opaca de la economía española. La cifra de 337.917 altas es significativa porque convierte en cotizantes a una parte de una población que, en muchos casos, ya residía, consumía y trabajaba en el país. Desde la perspectiva de las cuentas públicas, cada empleo formalizado amplía la base de cotización, mejora la trazabilidad fiscal y reduce la competencia basada en incumplir normas laborales.
Esta formalización tiene especial importancia en sectores que dependen de mano de obra intensiva y presentan riesgos históricos de informalidad: cuidados, agricultura, hostelería, construcción, reparto, limpieza y trabajo doméstico. La disponibilidad de trabajadores con autorización puede aliviar cuellos de botella en actividades que tienen dificultades para cubrir vacantes. Sin embargo, la oferta de trabajo regularizada no resuelve automáticamente el problema de las condiciones laborales. Si las empresas mantienen salarios bajos, horarios imprevisibles o dificultades de conciliación, la escasez de mano de obra puede persistir incluso con un mayor número de personas habilitadas para trabajar.
La regularización tampoco equivale por sí misma a movilidad laboral ascendente. Una persona que sale de la irregularidad gana derechos, capacidad de contratar, acceso a cotización y mayor protección frente al abuso, pero puede quedar concentrada en empleos de baja productividad y alta rotación. El éxito de la medida dependerá de si se acompaña de homologación de competencias, formación lingüística cuando sea necesaria, intermediación laboral efectiva y vigilancia contra prácticas fraudulentas. Sin esas piezas, la política puede mejorar el registro estadístico sin transformar suficientemente las oportunidades económicas de quienes se incorporan.
Servicios, mujeres y empleo público: tres fracturas que siguen abiertas
El paro aumentó sobre todo en los servicios, con 28.563 personas más, y entre quienes no tenían empleo anterior, con 8.368 nuevos inscritos. Ambos grupos son especialmente sensibles a la regularización y a la estacionalidad. Los servicios absorben una gran parte de las entradas al mercado laboral, pero también concentran contratos de duración corta y una elevada dependencia de campañas turísticas, comerciales o escolares. El colectivo sin empleo anterior, por su parte, puede crecer cuando personas antes invisibles estadísticamente se registran por primera vez.
La caída de afiliación fue mayor entre las mujeres, con 88.698 bajas frente a 74.141 entre los hombres. Aunque la afiliación masculina sigue siendo superior, con 11,85 millones de cotizantes frente a 10,5 millones de mujeres, la diferencia mensual resulta relevante porque numerosos sectores expuestos al cierre de agosto cuentan con alta presencia femenina: educación, cuidados, limpieza, comercio y determinadas ramas de servicios. La estacionalidad no se reparte de manera neutral; suele afectar con más intensidad a quienes trabajan en ocupaciones peor remuneradas y con contratos más discontinuos.
Los sindicatos han puesto el foco precisamente en la precariedad, la estacionalidad y la destrucción de puestos en las administraciones públicas. Su advertencia apunta a una cuestión estructural: la mejora agregada de afiliación no garantiza que todos los empleos sean estables ni que las plantillas públicas dispongan de continuidad suficiente para prestar servicios. En educación, sanidad, atención social y administración local, la utilización de contratos temporales para cubrir necesidades recurrentes puede reducir costes a corto plazo, pero deteriora la planificación, la experiencia acumulada y la calidad del servicio.
La patronal reclama certidumbre en un momento de costes crecientes
La CEOE ha respondido con una prioridad distinta: reforzar la confianza empresarial y la estabilidad regulatoria para sostener inversión y empleo. La posición empresarial conecta con un dilema real. La formalización de trabajadores amplía el empleo declarado, pero también exige que las empresas puedan asumir cotizaciones, salarios, obligaciones administrativas y costes de cumplimiento en un entorno de inflación repuntando. Las pequeñas empresas de hostelería, comercio, agricultura o servicios personales pueden valorar positivamente disponer de mano de obra regular, pero al mismo tiempo soportar márgenes estrechos y dificultades para trasladar costes a precios.
El debate sobre el salario mínimo interprofesional añade otra capa. El Gobierno ha anticipado que la inflación será un factor relevante en la negociación de su actualización para 2027. Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores es crucial, sobre todo en los segmentos salariales más bajos, donde alimentos, vivienda y energía absorben una parte desproporcionada de la renta. Pero una subida del SMI sin medidas complementarias puede tensionar a empresas con productividad reducida. La disyuntiva no debería plantearse entre salario digno o empleo, sino entre un modelo que compite por costes bajos y otro capaz de elevar productividad, formación e inversión.
La tercera idea que emerge de los datos es que la regularización puede obligar a revisar indicadores tradicionales. Durante años, la afiliación y el paro registrado se han utilizado como termómetros de un mercado laboral ya conocido. Ahora miden también el avance de la formalización. Esto exige separar tres fenómenos: creación neta de puestos, sustitución de empleo informal por empleo declarado y entrada de nuevos demandantes de trabajo. Mezclarlos sin matices puede llevar a lecturas políticas interesadas: unos presentarán cualquier alta como creación de empleo; otros interpretarán todo aumento del paro como deterioro. Ninguna de las dos simplificaciones describe adecuadamente el proceso.
Septiembre dará la primera prueba de consistencia
El comportamiento de septiembre será determinante. El inicio del curso suele devolver afiliación a la educación y reactiva contratos vinculados a servicios escolares, transporte, comedor, formación y apoyo administrativo. Si ese rebote se combina con nuevas altas de personas regularizadas, la afiliación podría recuperar con rapidez la pérdida de agosto. Sin embargo, el dato relevante no será sólo la recuperación estacional, sino la permanencia: habrá que comprobar si las altas vinculadas a la regularización se mantienen durante el otoño y si pasan de sectores de entrada a empleos con mayor estabilidad.
Las cifras interanuales ofrecen de momento una base sólida: la Seguridad Social ganó 679.023 afiliados en doce meses, un 3,13 % más, mientras el paro se redujo en 70.593 personas, un 2,91 % menos. Esa evolución indica que el mercado laboral conserva capacidad de creación de empleo pese al ajuste mensual. Aun así, el crecimiento de afiliación debe examinarse junto a las horas trabajadas, los salarios reales, la duración de los contratos y la evolución de la productividad. Un mercado puede sumar cotizantes y, al mismo tiempo, extender empleos parciales involuntarios o insuficientes para sostener una vida autónoma.
El principal riesgo está en que la excepcionalidad administrativa oculte problemas de fondo. Si la economía absorbe a las personas regularizadas en puestos formales, estables y con derechos, la medida puede fortalecer la recaudación, reducir la vulnerabilidad y aliviar carencias de mano de obra. Si, por el contrario, las altas se concentran en empleos breves, con rotación elevada y salarios erosionados por la inflación, el sistema habrá ganado visibilidad estadística sin resolver la precariedad. Agosto deja una señal menos negativa de lo habitual en afiliación, pero abre una pregunta más exigente: si España está ampliando empleo de calidad o sólo haciendo visible el trabajo que antes quedaba fuera de los registros.
