El Gobierno de Bolivia ordenó una intervención estatal extraordinaria y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en respuesta a las irregularidades que persisten en el suministro de gasolina y diésel. La decisión, formalizada este miércoles mediante el decreto supremo 5697, busca revisar la gestión operativa y administrativa de la empresa estatal, identificar las causas de los problemas logísticos y recuperar la capacidad de distribución de combustibles en el país.
La medida tendrá una vigencia inicial de 180 días calendario y podrá ampliarse una sola vez por otros 90 días. El texto publicado en la Gaceta Oficial establece que la intervención se realizará bajo criterios de transparencia y con el propósito de proteger los intereses del Estado. También precisa que el proceso no supone la desaparición de YPFB ni altera su naturaleza jurídica como empresa estatal, sino que incorpora una supervisión excepcional sobre áreas consideradas críticas para el abastecimiento.
Revisión de la cadena de importación y distribución
El decreto encomienda a la intervención obtener información suficiente y verificable sobre la cadena logística de importación, almacenamiento y distribución de carburantes. Entre los aspectos que deberán ser examinados figuran la definición de volúmenes destinados a las estaciones de servicio, los mecanismos de comercialización y otras modalidades de venta. El objetivo inmediato es determinar en qué punto se producen los desajustes que terminan reflejándose en filas prolongadas y episodios de escasez en distintas ciudades.
Para ejecutar esa labor se creó una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria integrada por los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia. La comisión deberá evaluar decisiones y operaciones que pudieron haber afectado la provisión de combustibles, elaborar recomendaciones y presentar informes periódicos al presidente Rodrigo Paz.
La composición interministerial da a la intervención un alcance que excede la administración interna de YPFB. El abastecimiento depende de compras externas, transporte, infraestructura vial, capacidad de almacenamiento, asignación regional y controles sobre la comercialización. Por ello, una investigación centrada únicamente en la petrolera difícilmente podría explicar todos los factores que inciden en el mercado; el decreto abre la posibilidad de revisar la coordinación estatal entre esas áreas.
Una crisis con antecedentes desde 2024
Las dificultades no son nuevas. Desde 2024, el suministro de combustibles líquidos ha registrado interrupciones y demoras que obligaron a conductores de vehículos particulares, transporte público y carga a esperar durante horas, y en algunos casos días, para abastecerse. Aunque el problema ha variado según la región y el periodo, las filas en estaciones de servicio se convirtieron en una señal visible de la vulnerabilidad del sistema.
Bolivia importa alrededor del 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume. Esa dependencia expone al país a la disponibilidad de divisas, los tiempos de contratación y traslado, las condiciones de transporte y la gestión de inventarios. El gasto semanal destinado a la importación se sitúa en torno a 90 millones de dólares, una cifra que muestra el peso fiscal y financiero del abastecimiento en un contexto en el que cualquier retraso de logística puede trasladarse rápidamente a los surtidores.
Durante los primeros meses del Gobierno de Paz, iniciado en noviembre pasado, el comportamiento del suministro tuvo altibajos. Entre mayo y junio, los bloqueos de carreteras vinculados a protestas sociales afectaron el traslado de combustibles y agravaron los faltantes locales. En las últimas semanas, sin embargo, las largas filas reaparecieron aun cuando el debate oficial se concentró nuevamente en la capacidad de YPFB para asegurar la distribución.
Calidad del combustible y cambios en la gestión
La intervención también ocurre después de cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina. A comienzos de año, usuarios reportaron fallas en vehículos que atribuyeron al combustible adquirido en estaciones de servicio. YPFB confirmó posteriormente la presencia de residuos de goma y manganeso en tanques de almacenamiento, elementos que, según la empresa, generaron un desbalance en el producto. La situación amplió el problema desde la cantidad disponible hacia la confiabilidad del carburante entregado al consumidor.
Las dificultades en la provisión y los cuestionamientos por calidad ya habían provocado ajustes políticos y administrativos. En abril, Paz sustituyó al entonces ministro de Hidrocarburos. Además, YPFB tuvo tres presidentes en casi diez meses de gestión gubernamental. La rotación refleja la presión institucional alrededor de una empresa que concentra responsabilidades decisivas para el funcionamiento del transporte, la producción agropecuaria, la actividad industrial y la vida cotidiana en las ciudades.
El Ejecutivo ha comenzado a complementar la respuesta con una mayor apertura a importaciones directas. El presidente informó el lunes que se tramitan cerca de 70 solicitudes presentadas por sectores privados. La Administración sostiene que dará curso a esos pedidos ante las limitaciones evidenciadas por YPFB y por el desvío de combustible hacia países vecinos, donde puede comercializarse a precios más altos. La medida busca ampliar fuentes de provisión, aunque su efecto dependerá de autorizaciones, capacidad logística y controles que eviten distorsiones en el mercado interno.
Subsidios, demanda y resultados esperados
Hace dos semanas, el Gobierno retiró la subvención al diésel para los denominados grandes consumidores y fijó un precio referencial inicial de 18 bolivianos por litro, equivalente a 1,56 dólares al tipo de cambio vigente. El valor será variable y no se aplica a transportistas ni a consumidores privados que utilicen menos de 5.000 litros mensuales. La diferenciación apunta a limitar el costo fiscal sin trasladar de forma inmediata el nuevo precio a una parte amplia de los usuarios.
La intervención de YPFB será evaluada por resultados concretos: información pública sobre las causas de las fallas, correcciones en la programación de importaciones y despachos, reducción de filas y garantías sobre la calidad del combustible. La comisión deberá distinguir entre problemas coyunturales, como bloqueos o retrasos de transporte, y deficiencias estructurales de gestión. Esa diferencia será relevante para definir si las medidas temporales bastan para estabilizar el abastecimiento o si se requieren cambios permanentes en la operación del sector energético boliviano.
