LOS ÁNGELES, 21 ago. (EFE).- Un juez federal autorizó este viernes a la empresa Sable Offshore Corp. a reanudar el bombeo de petróleo a través de antiguos oleoductos situados frente a la costa de California, sin someterse a buena parte de las regulaciones y controles que el estado mantenía vigentes tras un grave derrame ocurrido en 2015. La decisión supone una victoria para el Gobierno del presidente Donald Trump, que había invocado una ley federal para facilitar la reactivación de la infraestructura y aumentar la producción nacional de crudo.
El fallo permite a la compañía, con sede en Texas, continuar utilizando los oleoductos Santa Ynez, identificados como CA-324 y CA-325, que forman parte del sistema Las Flores. La red conecta instalaciones de producción marítima con la costa californiana y permanecía bajo una supervisión reforzada debido a los antecedentes de seguridad y medioambientales asociados con su operación.
Una disputa entre Washington y California
El conflicto judicial comenzó después de que la Casa Blanca recurriera en marzo a la Ley de Producción de Defensa. El Gobierno federal justificó esa medida como una respuesta a las presiones sobre el suministro mundial de petróleo provocadas por la guerra en curso con Irán. Al amparo de esa legislación, Washington buscó dejar sin efecto determinadas exigencias estatales y reactivar el flujo de crudo por una infraestructura que llevaba años sometida a restricciones.
California demandó a la Administración Trump para impedir la reanudación de las operaciones. La Fiscalía estatal sostuvo que el Gobierno federal carecía de autoridad para eximir a Sable Offshore del cumplimiento de las leyes estatales y federales, así como de varias órdenes judiciales relacionadas con el funcionamiento de los oleoductos. Según la posición de California, la declaración de una emergencia energética no podía borrar obligaciones ambientales y de seguridad establecidas después de un accidente de gran magnitud.
El tribunal, sin embargo, se alineó con el Gobierno federal y limitó de forma significativa la capacidad de California para supervisar la antigua red. La resolución no solo abre la puerta al bombeo, sino que también afecta el alcance de las medidas estatales que habían condicionado el uso de los conductos. El estado tiene previsto apelar, por lo que la disputa jurídica podría continuar en instancias superiores y mantener en suspenso la definición definitiva de las responsabilidades regulatorias.
El antecedente del derrame de Refugio Beach
El principal argumento de California se apoya en el historial del oleoducto CA-324. En mayo de 2015, un segmento corroído de esa tubería se rompió y liberó cientos de miles de galones de petróleo cerca de Refugio Beach, en las inmediaciones de Santa Bárbara. El accidente fue considerado el peor derrame petrolero registrado en la costa de California en 25 años y provocó daños en una de las zonas de mayor diversidad ecológica de la costa oeste de Estados Unidos.
El crudo alcanzó aguas costeras y áreas próximas a la playa, mientras los vapores y otros residuos generaron riesgos para la salud pública. Las autoridades señalaron que varias comunidades resultaron afectadas, que se produjeron daños a mamíferos y aves marinas y que fue necesario cerrar playas. La Fiscalía californiana también recordó que el oleoducto quedó sujeto a un acuerdo judicial después del siniestro, precisamente para garantizar controles adicionales y evitar la repetición de fallos relacionados con la corrosión y el mantenimiento.
Para el estado, esos antecedentes hacen que la reanudación del bombeo no sea una cuestión exclusivamente energética. La discusión incluye la capacidad de verificar el estado de los materiales, controlar posibles fugas, exigir planes de respuesta y hacer cumplir las condiciones impuestas tras el derrame. El fallo federal desplaza parte de esas competencias, pero no elimina el riesgo operativo que originó las restricciones.
El argumento de la seguridad energética
El Departamento de Justicia defendió la resolución como una medida necesaria para proteger el suministro energético del país. Adam Gustafson, fiscal de la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, afirmó en un comunicado que el fallo respalda una acción federal decisiva y permite reactivar el flujo de 50.000 barriles diarios en un momento de amenaza para la estabilidad energética de Estados Unidos.
La cifra sitúa el proyecto dentro de la estrategia de la Administración Trump para elevar la producción de petróleo y reducir las presiones sobre el mercado internacional. No obstante, el volumen autorizado debe interpretarse en el contexto de una infraestructura antigua y de una disputa aún abierta: la decisión judicial facilita el bombeo, pero no resuelve por sí misma las cuestiones técnicas sobre mantenimiento, vigilancia y prevención de accidentes.
El caso también plantea una cuestión institucional de alcance nacional. La Ley de Producción de Defensa fue diseñada para ampliar la capacidad productiva en situaciones consideradas críticas, y el Gobierno federal la utiliza ahora para limitar obstáculos regulatorios estatales. California, por su parte, sostiene que ese mecanismo no puede emplearse para neutralizar normas ambientales ni acuerdos derivados de una orden judicial previa.
Una autorización aún sujeta a apelación
La reanudación de las operaciones podría incrementar el suministro de petróleo, pero también intensifica el debate sobre quién debe asumir la supervisión de instalaciones ubicadas frente a una costa ambientalmente sensible. La posición federal prioriza la respuesta rápida ante las tensiones del mercado y la seguridad energética; la estatal pone el acento en la prevención y en el cumplimiento de compromisos adquiridos después del derrame de 2015.
Mientras California prepara su apelación, Sable Offshore queda en condiciones de seguir utilizando el sistema Santa Ynez bajo el marco establecido por el tribunal federal. El futuro de los oleoductos, sin embargo, dependerá de la revisión de las instancias superiores y de la forma en que se delimiten las competencias entre Washington y Sacramento. Hasta entonces, la autorización representa un avance operativo para la compañía, pero no el cierre de una controversia que combina producción de crudo, protección ambiental y límites al poder regulatorio estatal.
