El Instituto Nacional Electoral precisó este 9 de agosto de 2026 que el contrato que mantiene con Territorium Life está ligado exclusivamente a la operación tecnológica del Centro Virtual INE (CVI) y no a la aplicación de exámenes de admisión. La aclaración surge tras la difusión reciente de información sobre la empresa y busca marcar distancia entre ese servicio y otros convenios que la misma firma sostiene con distintas instituciones educativas o públicas.
Un contrato para capacitación interna
De acuerdo con el organismo, la plataforma contratada se utiliza para procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal del instituto. Ese uso, subrayó, tiene un alcance funcional distinto al de sistemas diseñados para evaluar aspirantes, administrar pruebas de ingreso o procesar resultados de admisión. La distinción no es menor: en contratación pública, el objeto del servicio define obligaciones, métricas de desempeño y criterios de supervisión completamente distintos.
El INE explicó además que la contratación de Territorium Life derivó de una licitación pública nacional realizada conforme a la legislación aplicable en materia de adquisiciones. Según el instituto, la propuesta adjudicada cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos previstos en la convocatoria, y obtuvo la mejor evaluación bajo los criterios del procedimiento. En otras palabras, la selección no respondió a una decisión discrecional, sino a un concurso formal sustentado en reglas previamente establecidas.
Vigencia y supervisión del servicio
El contrato comenzó a ejecutarse en 2024 y, hasta ahora, el INE afirma no tener registrados incumplimientos relacionados con la operación del Centro Virtual INE. Ese dato es relevante porque desplaza el debate desde la reputación pública de la empresa hacia el desempeño concreto del servicio contratado por el órgano electoral, que es el único ámbito sobre el que el instituto tiene atribuciones de evaluación y control.
La institución también sostuvo que durante el proceso contó con elementos técnicos y económicos suficientes para concluir que la oferta adjudicada resultaba favorable. En la práctica, esa afirmación apunta a reforzar la legalidad del expediente de contratación y a blindar la decisión frente a lecturas que pretendan vincularla con controversias externas de la compañía. El mensaje institucional es claro: el valor del contrato debe juzgarse por su objeto, su ejecución y sus verificaciones, no por otros servicios que la empresa preste a terceros.
Lo que el INE intenta deslindar
Respecto a los señalamientos sobre servicios de Territorium Life para exámenes de admisión, el INE insistió en que se trata de contrataciones con alcances, funcionalidades y requerimientos técnicos diferentes. Esa precisión busca evitar una extrapolación automática entre productos que comparten proveedor, pero no finalidad ni especificaciones. En términos administrativos, mezclar ambos expedientes podría distorsionar la evaluación pública del contrato vigente y generar conclusiones que no se sostienen en los documentos de cada proceso.
El instituto añadió que mantiene una supervisión permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante los mecanismos previstos en el propio contrato y en la normatividad aplicable. Con ello, el órgano electoral intenta dejar asentado que el seguimiento no depende de la coyuntura mediática, sino de controles ordinarios ya establecidos. La aclaración también refleja una tensión habitual en la contratación pública: cuando una empresa acumula visibilidad por múltiples clientes, cada acuerdo debe revisarse de forma separada para no confundir desempeño, objeto y responsabilidad.
