El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, la posibilidad de emitir facturas a 2,204 empresas comercializadoras relacionadas con la venta ilegal de combustible. La medida implica la cancelación de sus Registros Federales de Contribuyentes (RFC), debido al incumplimiento de obligaciones fiscales o a su presunta participación en esquemas de facturación simulada.
El combate a las factureras continúa
La presidenta explicó que algunas compañías reportaban operaciones de compraventa de combustible sin haberlo transportado ni comerciado realmente. El mecanismo permitía documentar operaciones inexistentes y dar apariencia legal a transacciones que no correspondían con una actividad económica comprobable. Aunque reconoció avances del SAT, Sheinbaum advirtió que este delito persiste y que las autoridades mantienen acciones contra empresas que simulan operaciones, tanto en el sector energético como en otros mercados.
El alcance de la estrategia también se refleja en el sector aduanero. En el mismo periodo fueron retirados 63 permisos de agentes aduanales por irregularidades relacionadas con el contrabando de combustibles y otras faltas. Estas sanciones apuntan a los distintos eslabones que intervienen en la cadena: desde la documentación fiscal hasta el ingreso y despacho de mercancías.
La reforma a la Ley Aduanera elevó además la responsabilidad de los agentes, al considerarlos corresponsables cuando se comete un delito o se detectan irregularidades en las aduanas. Por ello, la autoridad ha retirado permisos y ha intervenido recintos fiscales que no cumplían con sus obligaciones. Las cifras muestran una ofensiva centrada no solo en castigar operaciones irregulares, sino en cerrar los mecanismos administrativos que permiten formalizar o encubrir el comercio ilegal de combustibles.
