El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la derogatoria del decreto que obligaba a los fondos privados de pensiones a concentrar una mayor parte de los recursos de sus afiliados en inversiones realizadas en Colombia. La medida, conocida inicialmente por información de Blu Radio, modificaría una de las decisiones más controvertidas de la administración anterior: el retorno gradual de cerca de $125 billones desde activos en el exterior durante un periodo de cinco años.
La decisión aún debe formalizarse, pero representa una señal relevante sobre el enfoque económico de la nueva administración. Más que un ajuste regulatorio puntual, plantea una redefinición del papel del ahorro pensional: dejar de utilizarlo como instrumento para influir sobre variables macroeconómicas, como el mercado cambiario, y devolver a los administradores mayor margen para estructurar portafolios bajo criterios de rentabilidad, riesgo y diversificación.
Una obligación que movió el debate financiero
El decreto cuestionado exigía a las administradoras de fondos de pensiones incrementar el peso de los activos locales y reducir su exposición internacional. Aunque la totalidad de los recursos previstos no había regresado al país, la expectativa de flujos de capital tuvo efectos sobre el mercado: el Banco de la República identificó esa perspectiva como uno de los elementos que contribuyeron a la reducción del precio del dólar.
Ese resultado explica parte de la lógica de la norma anterior. Una entrada considerable de divisas puede aumentar la oferta de dólares y aliviar presiones sobre la tasa de cambio. Sin embargo, la discusión no se limita a ese efecto de corto plazo. Los recursos administrados por los fondos corresponden al ahorro de millones de trabajadores y están destinados a financiar pensiones futuras, por lo que sus inversiones deben evaluarse principalmente por su capacidad de preservar y aumentar el valor real de esos aportes.
Diversificación frente a objetivos de política económica
La controversia surgió porque concentrar inversiones en un solo país expone los portafolios a riesgos locales simultáneos: una desaceleración económica, una caída en los mercados de renta fija o variable, cambios tributarios o deterioros en la percepción de riesgo pueden afectar varios activos al mismo tiempo. La inversión externa, en cambio, permite distribuir parte de esa exposición entre economías, monedas y sectores diferentes.
Para los defensores de la derogatoria, la obligación de repatriar recursos subordinaba esa diversificación a un propósito cambiario y podía deteriorar las condiciones de inversión de largo plazo. La entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, advirtió durante el gobierno anterior que traer recursos “por traerlos” podía ir en contra de los intereses de los trabajadores. Su posición terminó costándole el cargo, un episodio que convirtió el asunto técnico en una disputa institucional y política.
Dos expedientes adicionales bajo revisión
La revisión del decreto de inversiones no será aislada. El Ejecutivo también estudia revertir decisiones relacionadas con el seguro que cubre el deslizamiento del salario mínimo y con los recursos que los fondos privados debían transferir a Colpensiones por afiliados beneficiados por el traslado exprés previsto en la reforma pensional.
En el caso del salario mínimo, el problema aparece cuando su aumento supera la inflación. Esa diferencia eleva el costo de financiar una pensión mínima y exige recursos adicionales para mantener equilibrado el sistema. Según la información conocida, la administración anterior habría transferido menos recursos de los requeridos para cubrir ese diferencial en años de brechas elevadas, con consecuencias sobre el costo de la garantía mínima y el seguro previsional.
El segundo expediente involucra hasta $25 billones que los fondos privados podrían tener que entregar a Colpensiones por los afiliados trasladados mediante el mecanismo especial. La magnitud de esa obligación ha generado inquietud por su impacto sobre los activos gestionados por las administradoras y por la forma en que se distribuyen las cargas financieras entre los dos pilares del sistema.
La prueba será combinar protección al afiliado y disciplina fiscal
El Ministerio de Hacienda revisa estas decisiones mientras define prioridades para el presupuesto del próximo año y prepara ajustes de gasto bajo la conducción del ministro Miguel Gómez. El desafío no es únicamente desmontar normas heredadas, sino explicar cómo se reemplazarán sin agravar presiones fiscales ni crear incertidumbre para los afiliados.
La derogatoria puede restablecer flexibilidad técnica para los fondos, pero no elimina el debate de fondo: Colombia necesita fortalecer el mercado de capitales local sin convertir el ahorro pensional en una fuente obligatoria de financiación o en una herramienta coyuntural para intervenir el dólar. La sostenibilidad del sistema dependerá de que las nuevas reglas mantengan ese equilibrio y hagan explícita la prioridad de proteger el ingreso futuro de los trabajadores.
