El Salvador quedó más cerca de recibir un nuevo desembolso de unos USD 140 millones del Fondo Monetario Internacional, pero el avance llega acompañado de compromisos que reordenan prioridades centrales de la política económica: mayor ajuste fiscal, reformas previsionales, controles reforzados sobre el sistema financiero y una limitación explícita a la acumulación estatal de Bitcoin.
El FMI informó el 3 de septiembre que alcanzó un acuerdo técnico con las autoridades salvadoreñas para completar la segunda y tercera revisión del programa de 40 meses aprobado en febrero de 2025. El entendimiento todavía debe superar dos instancias: el cumplimiento de medidas previas por parte del Gobierno y la aprobación formal del Directorio Ejecutivo del organismo. Solo entonces se habilitarían los recursos.
La cifra es menor frente al tamaño total del acuerdo, que contempla aproximadamente USD 1.400 millones, pero su relevancia no se mide solo por el monto. Cada revisión aprobada funciona como una señal de continuidad para acreedores, inversores y organismos multilaterales. En un país con una deuda elevada y necesidades permanentes de refinanciamiento, sostener la relación con el Fondo reduce la incertidumbre sobre la capacidad estatal de cumplir sus obligaciones futuras.
La expansión económica da margen, pero no elimina las restricciones
El organismo destacó que la economía salvadoreña superó las previsiones en 2025 y proyectó un crecimiento del PIB de 4,5% para 2026. La inversión privada, el consumo, las remesas, el turismo y los flujos de capital explican esa mejora. El FMI también vinculó el desempeño con avances en seguridad y una mayor confianza inversora, dos variables que el Gobierno ha colocado en el centro de su estrategia económica.
Sin embargo, un mayor crecimiento no resuelve por sí mismo los desafíos fiscales. Puede elevar la recaudación y facilitar una reducción de la relación entre deuda y PIB, pero ese efecto depende de que los ingresos se sostengan y de que el gasto no crezca a un ritmo superior. Por eso, el acuerdo no interpreta la expansión como una razón para relajar la disciplina presupuestaria, sino como una oportunidad para consolidarla.
La nueva hoja de ruta prevé elevar el superávit primario del Sector Público No Financiero desde 2,9% del PIB este año hasta 3,7% en 2027. El indicador excluye el pago de intereses de la deuda y muestra cuánto puede generar el Estado para atender esas obligaciones. Alcanzar esa meta requerirá prudencia en el gasto, mejoras en la administración tributaria y una selección más estricta de prioridades públicas.
El ajuste busca acercar la deuda al objetivo de 2030
El objetivo fiscal está conectado con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que plantea llevar la deuda pública al 80% del PIB hacia 2030. La meta es significativa porque transforma el acuerdo con el FMI en un marco de mediano plazo: no se trata únicamente de aprobar un desembolso, sino de sostener durante varios años una trayectoria de corrección presupuestaria.
El reto político consiste en evitar que la consolidación reduzca la inversión capaz de sostener el crecimiento. El propio Fondo señaló que las autoridades deberán preservar recursos para infraestructura y programas sociales. Esa precisión reconoce una tensión habitual: un ajuste que recorte indiscriminadamente la inversión pública o el gasto social puede mejorar cifras fiscales en el corto plazo, pero debilitar la productividad y agravar vulnerabilidades sociales más adelante.
Las reformas previsionales aparecen como uno de los puntos más sensibles. El Gobierno deberá reconocer obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para intereses adeudados a fondos privados de pensiones y preparar una reforma paramétrica para el próximo año. Cambios en edades de retiro, aportes, beneficios o fórmulas de cálculo suelen ser políticamente costosos, pero el FMI los considera necesarios para transparentar pasivos y limitar presiones futuras sobre las finanzas públicas.
La agenda se extiende a instituciones y transparencia
El acuerdo también alcanza al servicio civil, con reformas orientadas a elevar la eficiencia y calidad de las prestaciones estatales. El argumento de fondo es que la sostenibilidad fiscal no depende únicamente de gastar menos: requiere que cada gasto produzca mejores resultados. Una administración pública más profesionalizada puede reducir duplicaciones, mejorar la ejecución presupuestaria y hacer más creíble el compromiso fiscal ante la sociedad y los mercados.
En paralelo, el Fondo pidió fortalecer reservas y liquidez, que ya superaron las metas del programa. Mantener ese colchón es relevante para una economía dolarizada, cuya capacidad de respuesta monetaria ante shocks externos es limitada. Reservas más altas no sustituyen una política fiscal ordenada, pero reducen la vulnerabilidad ante salidas de capital, tensiones financieras o caídas abruptas de ingresos externos.
Las medidas incluyen además una actualización de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mayor información financiera del sector público, identificación de beneficiarios finales y el fortalecimiento de organismos de rendición de cuentas. La publicación de declaraciones patrimoniales de altos funcionarios forma parte de ese paquete. Estas exigencias buscan mejorar la trazabilidad de recursos públicos y privados, un factor que influye tanto en la calidad institucional como en el costo de financiamiento del país.
Bitcoin deja de ser el principal foco de incertidumbre
La revisión ofrece una definición particularmente relevante sobre Chivo y la política de activos digitales. Según el FMI, la participación estatal en la billetera se redujo de forma sustancial: la mayoría de la propiedad y del control operativo pasó a un operador privado, mientras el Estado conserva una participación minoritaria y la custodia de activos de clientes.
El Fondo sostuvo además que la acumulación de Bitcoin desde la primera revisión obedeció a donaciones privadas y no al empleo de recursos públicos. En adelante, no se prevén compras adicionales más allá de donaciones documentadas. La precisión busca separar la gestión fiscal del riesgo de volatilidad de un criptoactivo, una de las principales reservas que el organismo mantenía frente a la estrategia salvadoreña.
El acuerdo no supone el abandono de Bitcoin como elemento de la identidad económica y política del país, pero sí limita su capacidad de afectar el balance público. La señal más profunda es que El Salvador intenta compatibilizar su narrativa de innovación financiera con reglas convencionales de solvencia, supervisión y transparencia. La aprobación definitiva del FMI mostrará hasta qué punto esa convivencia puede traducirse en una estrategia financiera estable y verificable.
