Las empresas exportadoras de aguacate en Jalisco deberán acreditar que sus trabajadores agrícolas cuentan con empleo formal, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), salario de al menos el mínimo vigente y prestaciones de ley. La exigencia entrará primero en la cadena aguacatera durante septiembre y se extenderá de manera gradual al sector de berries y, posteriormente, a otros productos agroexportadores.
El instrumento para aplicar esta política será el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), mediante el cual las autoridades buscarán comprobar que la riqueza generada por las exportaciones no dependa de esquemas laborales precarios. La certificación no se limitará a las empresas que venden al exterior: también deberá abarcar a su cadena de suministro, donde suele concentrarse una parte relevante de la contratación temporal y de las relaciones laborales menos visibles.
El certificado convierte una obligación laboral en requisito comercial
La novedad del CLA está en que traslada el cumplimiento de derechos laborales al centro de la operación agroexportadora. Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo de Jalisco, señaló que todas las empresas exportadoras y sus proveedores deberán estar certificados y registrados. En términos prácticos, el mensaje es que la capacidad de colocar fruta en mercados internacionales deberá estar acompañada por evidencia de contratación regular.
Este enfoque puede modificar los incentivos dentro de un sector acostumbrado a ciclos productivos intensivos y a grandes necesidades de mano de obra durante cosechas específicas. Para una empresa exportadora, exigir estándares a proveedores deja de ser solamente una decisión reputacional y se vuelve una condición de continuidad dentro de la cadena. Para los productores más pequeños, el desafío será ordenar registros, altas ante el IMSS, nóminas y prestaciones sin que el costo administrativo recaiga de manera desproporcionada sobre quienes tienen menor capacidad operativa.
Primero el aguacate, después las berries
La implementación escalonada responde al peso económico y a la complejidad de los sectores involucrados. El aguacate será el primer producto sujeto al certificado a partir de la segunda semana de septiembre, mientras que las berries se incorporarán paulatinamente. Ambos cultivos son emblemas de la agroexportación jalisciense y dependen de redes amplias de productores, empaques, transportistas y contratistas de personal.
La gradualidad ofrece una oportunidad para detectar fallas antes de ampliar el modelo. Una certificación efectiva requiere criterios verificables, inspección suficiente y canales para que los jornaleros reporten incumplimientos sin arriesgar su empleo. Si el proceso se reduce a la entrega de documentos, podría convertirse en una carga burocrática con efectos limitados. Si se acompaña de supervisión y correcciones reales, puede elevar el estándar laboral de cadenas que compiten en mercados cada vez más sensibles a la trazabilidad social.
La formalización como política contra la pobreza
Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, planteó que el empleo formal con garantías es el principal instrumento estructural para reducir la pobreza. La afirmación apunta a una realidad concreta del trabajo agrícola: un salario pagado durante la cosecha no necesariamente protege a una familia frente a enfermedad, accidente, maternidad, vejez o periodos sin contratación.
La afiliación al IMSS y las prestaciones legales no son añadidos marginales. Constituyen mecanismos de protección que transforman una relación laboral de corto plazo en una fuente más estable de derechos. Para los jornaleros, muchos de ellos sujetos a movilidad entre municipios o estados según la temporada, la formalidad puede facilitar el acceso a servicios de salud y reducir la vulnerabilidad derivada de depender exclusivamente del ingreso diario.
La prosperidad exportadora enfrenta una prueba de distribución
El avance de las exportaciones agroalimentarias mexicanas ha fortalecido a empresas y regiones productoras, pero sus beneficios no siempre llegan con la misma intensidad a quienes cosechan, seleccionan o empacan los productos. El CLA parte de una premisa: la competitividad internacional no debe medirse únicamente por volumen, precio o acceso a mercados, sino también por las condiciones en que se produce cada caja de fruta.
La Mesa Territorial del Pacífico por el Trabajo Digno, la Formalización del Empleo y la Productividad, instalada en Jalisco con participación de autoridades, empresas, sindicatos y representantes de la Unión Europea, busca dar sustento institucional a esa transición. Los programas europeos EU4DecentWork y EU4Equity aportan asistencia técnica a una iniciativa que exige coordinación entre gobiernos y sector privado.
El resultado dependerá de la capacidad para hacer coincidir tres elementos: reglas claras para las empresas, vigilancia pública sostenida y una participación efectiva de los trabajadores. Si esa combinación funciona, la certificación puede dejar de ser un distintivo administrativo para convertirse en una referencia nacional sobre cómo vincular la expansión agroexportadora con empleo digno y beneficios compartidos en toda la cadena productiva.
