La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la adquisición de dos departamentos por un monto conjunto de 22.4 millones de pesos por parte de Carlos Ulloa, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), se realizó dentro de la legalidad. La mandataria respondió a preguntas de reporteros al término de un acto en Cuernavaca, Morelos, donde inició una gira nacional para informar sobre los avances de su administración en el contexto de su Segundo Informe de Gobierno.
Consultada sobre las operaciones inmobiliarias efectuadas entre 2020 y 2023, Sheinbaum afirmó de manera breve que “todo es legal”. Ante la insistencia sobre si las compras realizadas de contado eran legales, indicó que la información correspondiente se encuentra asentada en la declaración patrimonial del funcionario. Sus declaraciones ocurrieron después de que se difundieran datos sobre los inmuebles y los viajes internacionales registrados por Ulloa durante los últimos cuatro años.
Dos compras reportadas entre 2020 y 2023
De acuerdo con la información incluida en la declaración patrimonial de Ulloa, el entonces exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México adquirió en 2020 un departamento pagado de contado por 7.4 millones de pesos. Dos años después reportó la compra, también de contado, de otro inmueble valuado en 15 millones de pesos. En conjunto, ambas operaciones suman 22.4 millones de pesos.
La información patrimonial de los servidores públicos tiene como propósito transparentar la evolución de sus bienes, ingresos y posibles conflictos de interés. Sin embargo, la existencia de un registro declarativo y la legalidad de una operación son aspectos relacionados, pero no equivalentes: la declaración permite conocer que el bien fue reportado, mientras que la acreditación del origen de los recursos, el cumplimiento fiscal y las condiciones de compraventa corresponden a los mecanismos de revisión establecidos por las autoridades competentes.
Hasta ahora, la Presidencia no dio a conocer información adicional sobre el origen específico de los recursos empleados en las adquisiciones ni anunció una revisión administrativa relacionada con esos bienes. La postura expuesta por Sheinbaum se limitó a señalar que las operaciones constan en la declaración patrimonial y que se realizaron conforme a la ley.
Viajes internacionales incluidos en los datos difundidos
Además de las compras de los departamentos, la información divulgada refiere movimientos migratorios de Carlos Ulloa. Según esos datos, el titular de Birmex registró 19 entradas y salidas del país en los últimos cuatro años, con destinos como Nueva York y Miami, en Estados Unidos; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia, entre otros.
Los registros migratorios dan cuenta de desplazamientos internacionales, pero por sí mismos no precisan el motivo de cada viaje, su fuente de financiamiento ni si estuvo vinculado con actividades oficiales, personales o de otra naturaleza. Para establecer esas circunstancias sería necesario contrastarlos con comisiones oficiales, comprobantes de gasto, agendas públicas o explicaciones del propio funcionario. La información disponible no atribuye, por sí sola, irregularidades a los traslados.
El mensaje político sobre probidad pública
Durante el acto en Morelos, Sheinbaum también afirmó que en su gobierno “no hay corrupción y hay honestidad”. El pronunciamiento coloca el caso en un contexto de alta sensibilidad política, dado que Birmex es una empresa estatal estratégica para la producción, distribución y compra de medicamentos, vacunas e insumos para el sistema de salud. La conducción de sus recursos y la conducta patrimonial de sus directivos suelen estar sujetas a un escrutinio público reforzado.
Ulloa asumió la dirección general de Birmex después de haber ocupado cargos en la administración capitalina, entre ellos la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su trayectoria previa y su actual responsabilidad al frente de una entidad pública hacen que la actualización y consistencia de sus declaraciones patrimoniales sean relevantes para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables a los funcionarios.
El caso también vuelve a poner en primer plano la diferencia entre una defensa política y los procedimientos institucionales de verificación. La afirmación presidencial fija la posición del Ejecutivo sobre la información conocida, pero las dudas sobre cualquier posible inconsistencia patrimonial, fiscal o administrativa sólo podrían resolverse mediante documentación verificable y, en su caso, revisiones de las instancias facultadas para ello.
Por ahora, la respuesta oficial sostiene que las dos adquisiciones fueron legales y que están declaradas por el director de Birmex. La evolución del asunto dependerá de si se presentan nuevos documentos, solicitudes de aclaración o investigaciones formales que permitan precisar el financiamiento de las operaciones y el contexto de los movimientos internacionales reportados.
