El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una empresa de venta de billetes de transporte por no mostrar desde el inicio de la compra los gastos de gestión incluidos en el precio. La actuación se encuentra todavía en una fase inicial y no existe por ahora una propuesta de sanción.
Se trata de la primera actuación de este tipo desde la modificación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), según han confirmado a EFE fuentes ministeriales después de que la información fuera adelantada por El País. El procedimiento parte de una investigación previa en la que Consumo detectó posibles anomalías en la forma en que la compañía informaba de sus precios.
La investigación da paso al expediente
Tras esa revisión preliminar, el departamento dependiente del Ministerio solicitó información a la empresa sobre sus prácticas comerciales y decidió abrir el expediente sancionador. La compañía tendrá que explicar cómo presenta al consumidor el importe de los billetes y en qué momento incorpora los gastos de gestión u otros conceptos similares.
La apertura del expediente no determina que se haya cometido una infracción ni implica una multa inmediata. Durante la tramitación, la Administración deberá analizar la información recabada y las alegaciones que pueda presentar la empresa. Solo si concluye que se incumplió la legislación, la Dirección General competente formulará una propuesta de sanción.
Esa propuesta tendría que ser confirmada posteriormente por la Secretaría General correspondiente. Hasta ese momento, el procedimiento puede avanzar sin que esté fijada la cuantía de una eventual multa ni exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad de la compañía.
El cambio vigente desde diciembre
La obligación que ha motivado la actuación entró en vigor el pasado 28 de diciembre, cuando comenzó a aplicarse la ley de servicios de atención a la clientela. La norma establece que el precio comunicado al consumidor debe incluir desde el principio los gastos de gestión y cualquier otro coste que vaya a repercutirse por la operación.
Con esta exigencia, los cargos no pueden aparecer únicamente en las últimas fases del proceso de compra de entradas o billetes. El comprador debe conocer el importe completo desde el comienzo de la transacción, antes de avanzar por las pantallas finales o confirmar el pago.
La finalidad de la medida es impedir que el precio inicialmente anunciado aumente al terminar la operación por la incorporación de costes que no se habían mostrado hasta entonces. En el caso investigado, Consumo deberá determinar si la forma de presentar el importe incumplió ese requisito legal.
La infracción podría conllevar una multa de hasta 100.000 euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, según la gravedad y las circunstancias que se determinen durante el procedimiento. Por ahora, Consumo únicamente ha confirmado la apertura del expediente y la solicitud de información a la empresa.
