El anuncio del Gobierno de Zapopan sobre la simplificación de 13 trámites en cinco dependencias municipales parece, a primera vista, una actualización administrativa. Sin embargo, detrás de la eliminación de 79 requisitos se encuentra una discusión más amplia: cuánto tiempo, dinero y esfuerzo debe invertir una persona o una empresa para obtener un permiso, regularizar una actividad o acceder a un servicio público. La medida involucra a las direcciones de Movilidad y Transporte, Ordenamiento del Territorio, Permisos y Licencias de Construcción, Padrón y Licencias, así como Gestión Integral del Agua y Drenaje.
La importancia del cambio no reside únicamente en el número de documentos retirados. Un requisito innecesario puede obligar al ciudadano a acudir varias veces a una oficina, contratar gestores, solicitar copias certificadas o esperar respuestas de distintas áreas. Cuando esos obstáculos se acumulan, el costo real del trámite deja de ser administrativo y se convierte en una barrera para abrir un negocio, construir una vivienda, regularizar una propiedad o resolver una necesidad relacionada con servicios urbanos.
La burocracia como problema acumulado
La simplificación anunciada se inserta en una tendencia que durante los últimos años ha llevado a los gobiernos locales a revisar sus procedimientos. Muchos trámites municipales fueron diseñados para expedientes físicos y para una administración en la que cada oficina conservaba información separada. El resultado suele ser conocido: una dependencia solicita documentos que otra autoridad ya posee, aunque el ciudadano tenga que volver a presentarlos para que el expediente avance.
El alcalde Juan José Frangie sostuvo que el municipio ha reducido la carga administrativa desde el inicio de su gestión, hace 11 años, aunque reconoció que siempre existen oportunidades de mejora. Esa declaración refleja un desafío habitual en las políticas de modernización: la simplificación no es una acción única, sino una tarea permanente. Las normas cambian, aparecen nuevas plataformas, se crean controles adicionales y, con el tiempo, los trámites pueden volver a acumular pasos que originalmente se habían eliminado.
La decisión actual también responde a una demanda ciudadana persistente. Para quien utiliza un servicio público de manera ocasional, la estructura interna del ayuntamiento resulta irrelevante; lo que importa es saber qué debe entregar, cuánto tardará la respuesta y si la resolución será clara. La distancia entre esas expectativas y la operación burocrática alimenta la percepción de un gobierno lejano, incluso cuando el personal cumple formalmente con la normativa.
El proceso fue presentado como resultado de un análisis de las áreas participantes y del uso de herramientas tecnológicas. Dialhery Díaz González, coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, señaló que la eliminación de requisitos se realiza de manera definitiva. Esa precisión es relevante: retirar temporalmente un documento o permitir una excepción no equivale a rediseñar un procedimiento. El impacto será mayor si los cambios quedan incorporados en manuales, plataformas, formatos y criterios de atención, de modo que no dependan de la interpretación de un funcionario en turno.
Seis principios para cambiar el recorrido
La estrategia descrita por Juan Gerardo Reyes Urrutia, director de Simplificación y Digitalización, se apoya en seis principios: reducir la carga para la ciudadanía, no pedir información que el gobierno ya tiene, solicitar solo lo indispensable, acortar los tiempos de respuesta, simplificar reglamentos y mantener el control sin reproducir trámites excesivos.
El segundo y el tercer principio tienen una implicación particularmente importante. Si el ayuntamiento ya cuenta con una licencia, un registro o información verificable en sus sistemas, el ciudadano no debería convertirse en mensajero entre oficinas. Esa lógica puede ser decisiva para pequeñas empresas y trabajadores independientes, que normalmente no disponen de departamentos jurídicos o administrativos. Un comercio que necesita renovar una licencia, por ejemplo, puede dedicar recursos limitados a operar y no a reunir nuevamente documentos que ya fueron entregados en una etapa anterior.
El sexto principio —simplificar sin perder el control— marca el límite de la reforma. Reducir requisitos no significa eliminar las verificaciones relacionadas con seguridad, uso de suelo, movilidad, agua o protección del entorno. En materia de construcción, por ejemplo, un expediente más corto puede acelerar una obra, pero no debe impedir que la autoridad revise si el proyecto cumple con las reglas urbanísticas. La eficiencia solo será sostenible si la administración sustituye documentos redundantes por cruces de información y controles de riesgo.
El efecto económico puede comenzar en los pequeños negocios
La relación entre trámites y desarrollo económico suele medirse por los días necesarios para abrir o formalizar una empresa, pero el impacto va más allá de esa primera etapa. Cada visita adicional a una dependencia implica transporte, pérdida de horas laborales y, en algunos casos, el pago a un intermediario. Para una empresa grande, esos costos pueden absorberse; para una microempresa, pueden determinar si inicia actividades de manera formal o permanece en la informalidad.
La simplificación en Padrón y Licencias puede favorecer especialmente a negocios familiares y emprendimientos que requieren respuestas rápidas para comenzar a operar. En las áreas de construcción y ordenamiento territorial, un procedimiento más claro puede reducir la incertidumbre antes de invertir en una remodelación, una vivienda o un proyecto comercial. No obstante, el beneficio dependerá de que la reducción de requisitos vaya acompañada de plazos verificables. Un formulario más sencillo pierde buena parte de su valor si la resolución continúa tardando lo mismo.
También existe un posible efecto sobre la recaudación y la planeación urbana. Cuando los procedimientos son comprensibles y previsibles, aumenta la posibilidad de que los ciudadanos regularicen sus actividades y cumplan con sus obligaciones. Eso puede ampliar la base de registros municipales y mejorar la información con la que el ayuntamiento toma decisiones sobre infraestructura, movilidad o prestación de servicios. Pero si la simplificación se interpreta como una relajación general de las reglas, podría producir proyectos mal ubicados, presión sobre redes de agua o conflictos entre usos de suelo.
Digitalizar no basta si la puerta cambia de lugar
El uso de tecnología aparece como uno de los soportes centrales de la reforma. La digitalización permite compartir expedientes, identificar duplicidades y dar seguimiento a una solicitud sin que el ciudadano tenga que trasladarse repetidamente. También puede generar una trazabilidad útil: fecha de ingreso, área responsable, plazo previsto y motivo de una prevención o rechazo.
Sin embargo, trasladar un trámite a una plataforma no garantiza por sí mismo una mejor experiencia. Si el sistema exige cargar documentos en formatos específicos, falla con frecuencia o no ofrece asistencia, la barrera simplemente cambia de lugar: antes estaba en la ventanilla y ahora está en el acceso digital. Personas mayores, usuarios con conectividad limitada y quienes no dominan los procedimientos electrónicos pueden quedar en desventaja.
Por esa razón, la simplificación debería conservar canales presenciales y mecanismos de apoyo, al menos durante una etapa de transición. La atención en oficinas puede transformarse en acompañamiento para completar solicitudes, no en una repetición de pasos que la plataforma ya resuelve. El criterio de éxito no debe ser cuántos trámites se digitalizan, sino cuántos usuarios logran concluirlos sin ayuda informal, desplazamientos innecesarios o pagos adicionales.
Transparencia, medición y continuidad institucional
La administración municipal tendrá que demostrar que la reforma produce resultados concretos. Para hacerlo, convendría publicar, por cada uno de los 13 trámites intervenidos, la lista anterior y la nueva de requisitos, el tiempo promedio de resolución, el número de visitas requeridas y la proporción de solicitudes concluidas. También sería útil informar cuántos expedientes son prevenidos por errores, cuántos se resuelven dentro del plazo y cuáles son las principales causas de rechazo.
Esas métricas permitirían distinguir entre una reducción nominal y una mejora real. Eliminar 79 requisitos es un dato relevante, pero no revela si esos documentos representaban una carga significativa ni si fueron sustituidos por solicitudes equivalentes dentro de la plataforma. Tampoco indica si las áreas municipales cuentan con personal y sistemas suficientes para responder más rápido. La transparencia debe incluir el desempeño posterior, no solo el anuncio inicial.
La continuidad será otro factor decisivo. Los cambios administrativos pueden debilitarse cuando cambia el gobierno, se reorganizan las dependencias o se incorporan nuevos controles sin revisar los anteriores. Para evitarlo, los principios de simplificación deberían convertirse en reglas institucionales, con revisiones periódicas y participación de usuarios, cámaras empresariales, colegios profesionales y organizaciones vecinales. Quienes realizan los trámites con frecuencia suelen detectar problemas que no aparecen en los diagramas internos de las oficinas.
Una oportunidad para recuperar confianza
La relación cotidiana con el municipio se construye en experiencias concretas: obtener una licencia, resolver una conexión de agua, solicitar una autorización de movilidad o regularizar una construcción. Si esas interacciones se vuelven más ágiles y previsibles, la ciudadanía puede percibir una administración más cercana. La confianza no surge de una campaña de comunicación, sino de comprobar que una solicitud no se pierde, que la información no se repite y que la respuesta llega en el plazo prometido.
El reto para Zapopan será convertir la simplificación en una política verificable y no únicamente en una reducción estadística de requisitos. La reforma puede aliviar costos para ciudadanos y empresas, mejorar la calidad de los datos municipales y hacer más eficiente la gestión urbana, siempre que mantenga controles sustantivos y atienda a quienes no pueden resolver todo en línea. Los 13 trámites intervenidos funcionan así como un campo de prueba: su desempeño mostrará si el municipio consiguió reducir burocracia sin trasladar la carga a otras etapas del proceso.
