Donald Trump registró alrededor de 1.200 millones de dólares en ingresos procedentes de actividades con criptomonedas durante 2025, según un cálculo realizado por la AFP a partir de documentos publicados el martes por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE). Una ley de 1978 obliga al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos a declarar sus ingresos y activos, y el documento de más de 900 páginas detalla con precisión las operaciones del mandatario en este sector.
Origen de los ingresos declarados
Según el informe oficial, Trump recibió cerca de 550 millones de dólares gracias a sus vínculos con la start-up World Liberty Financial (WLF). Esta plataforma de criptomonedas, lanzada en septiembre de 2024 con el apoyo explícito del clan Trump, emitió su propia criptomoneda denominada WLFI. La venta inicial de tokens generó directamente esos 550 millones. Además, Trump y sus tres hijos obtuvieron 22.500 millones de tokens WLFI adicionales a través de una sociedad intermediaria llamada DT Marks Defi, valorados en aproximadamente 1.300 millones de dólares en el momento de la declaración.
La declaración también menciona derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia por la criptomoneda que lleva su nombre, $TRUMP. Esta moneda salió al mercado solo unas horas antes de la investidura presidencial en enero de 2025 y aportó 635 millones de dólares adicionales según los registros de la OGE. Estos tres componentes principales suman la cifra total reportada por la agencia francesa.
Evolución del patrimonio personal
Las actividades de Trump en el sector de las criptomonedas constituyen la principal razón por la que su patrimonio personal casi se triplicó entre 2024 y 2026, pasando de 2.300 millones a 6.500 millones de dólares según las estimaciones de Forbes. Este crecimiento se produce en un contexto de fuerte apreciación de los activos digitales tras la victoria electoral de 2024 y la posterior toma de posesión.
El documento de la OGE revela además que Trump ganó varios millones de dólares adicionales gracias a participaciones accionariales en empresas que operan en el ecosistema cripto. Estos ingresos complementarios, aunque de menor cuantía, refuerzan la exposición del presidente al sector y alimentan el debate sobre posibles conflictos de interés.
Políticas regulatorias y reacciones del mercado
Desde su investidura, Trump ha impulsado varias medidas orientadas a desregular el sector de las criptomonedas. Estas decisiones coincidieron con un repunte significativo en el precio de los activos digitales, beneficiando tanto a los inversores institucionales como a los tenedores minoristas. Sin embargo, los críticos argumentan que el presidente está en posición de influir directamente en un mercado del que obtiene beneficios económicos sustanciales.
Organizaciones de control gubernamental y algunos legisladores demócratas han señalado que la combinación de participación personal y capacidad regulatoria genera riesgos de favoritismo. Hasta el momento, la Casa Blanca ha defendido que las políticas responden a compromisos electorales previos de fomentar la innovación tecnológica y la competitividad estadounidense frente a otros países.
Contexto más amplio del ecosistema cripto
El caso de Trump ilustra una tendencia más amplia: la creciente intersección entre figuras políticas de alto perfil y el mercado de activos digitales. World Liberty Financial y la moneda $TRUMP representan ejemplos de cómo el respaldo de personalidades influyentes puede acelerar la adopción y la valoración de proyectos criptográficos en periodos muy cortos.
Al mismo tiempo, el episodio pone de relieve las limitaciones actuales de los mecanismos de transparencia. Aunque la ley de 1978 exige la declaración de activos, no impide que un presidente mantenga intereses directos en industrias que regula. Analistas independientes consideran que este precedente podría motivar futuras reformas legislativas destinadas a endurecer las normas sobre conflictos de interés en el ámbito de las finanzas digitales.
La publicación de estos datos por parte de la OGE ofrece a la opinión pública y a los mercados una radiografía detallada de las finanzas presidenciales, pero también plantea preguntas sobre cómo equilibrar la transparencia con el derecho legítimo a la privacidad patrimonial de los altos cargos electos.
