Sixsigma Networks México, empresa fundada por el empresario Mauricio Garduño González Elizondo, suma 198 contratos con dependencias del gobierno federal desde 2006, por un monto conjunto superior a 33 mil millones de pesos, de acuerdo con registros de contratación pública citados en la información disponible. La trayectoria de la compañía abarca las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, la de Claudia Sheinbaum Pardo.
El nombre de Garduño González Elizondo cobró atención pública tras su presencia en una reunión privada celebrada en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa de Ciudad de México, a la que también asistió Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La información divulgada sobre ese encuentro lo describe como amigo de López Beltrán, aunque no acredita que la relación personal haya intervenido en procedimientos de contratación pública.
Una empresa con presencia en infraestructura digital del Estado
Sixsigma Networks se especializa en servicios de telecomunicaciones, infraestructura de datos y operación de centros de datos. Su cartera de clientes públicos incluye organismos financieros, instituciones de seguridad social, autoridades tributarias y secretarías de Estado. La relevancia de esos contratos reside no sólo en sus montos, sino en que corresponden a servicios tecnológicos críticos para la atención al público, la administración de información y la operación de sistemas gubernamentales.
Garduño González Elizondo figura además como socio minoritario de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., y como propietario o participante de empresas vinculadas con comercio, distribución, vehículos y telecomunicaciones. Entre ellas se encuentran Grupo Comercial Nasa, Grupo Gamao, Fast Multimarca, Bil Satélite Nasa y Grupo Nade. La diversificación empresarial, por sí misma, no supone una irregularidad; sin embargo, la continuidad de Sixsigma como proveedora federal durante varios sexenios ha concentrado el escrutinio en sus contratos tecnológicos.
Contratos desde el sexenio de Calderón
Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Sixsigma Networks obtuvo 60 contratos federales, principalmente para servicios de infraestructura de datos. Entre los de mayor cuantía se encuentra uno firmado en 2007 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por 540 millones de pesos. En 2008, la entonces Financiera Rural contrató a la empresa por mil 696 millones de pesos, mientras que en 2010 el ISSSTE suscribió un contrato por 529 millones de pesos.
La presencia de la firma en ese periodo muestra que su relación comercial con la administración federal antecede por más de una década a la reunión en la Condesa. Esa cronología es relevante para distinguir entre la existencia de vínculos políticos actuales y la historia corporativa de una compañía que ya participaba en proyectos públicos de gran escala antes de los gobiernos de Morena.
El contrato aduanero y las impugnaciones
Uno de los expedientes más relevantes fue el del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, conocido como PITA. En 2016, Sixsigma Networks participó en consorcio con IBM en una licitación del Servicio de Administración Tributaria para modernizar las aduanas del país. El contrato inicialmente superó los 9 mil 900 millones de pesos y fue objeto de cuestionamientos políticos y legales.
En la Cámara de Diputados, la legisladora de Morena Irma Rebeca López López promovió en 2016 dos puntos de acuerdo: uno para solicitar la cancelación del procedimiento por presuntas irregularidades y otro para pedir a la Auditoría Superior de la Federación una investigación. Posteriormente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó reponer el fallo. La contratación entró en vigor en mayo de 2018 por un monto final de 8 mil 540 millones de pesos, tras la disputa legal. La existencia de impugnaciones no equivale a una determinación de ilegalidad, pero ilustra el nivel de controversia asociado a las contrataciones tecnológicas de gran volumen.
Adjudicaciones directas bajo Peña Nieto y López Obrador
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Federación otorgó 81 contratos a Sixsigma Networks México. Entre los más destacados figura uno con el IMSS por 700 millones de pesos, asignado por adjudicación directa en 2013; otro con la Secretaría de Relaciones Exteriores por 344 millones de pesos bajo el mismo mecanismo; y un contrato con Bansefi para crear un centro de datos, cuyo monto fue de 106 millones 413 mil 773 dólares, equivalentes entonces a alrededor de mil 810 millones de pesos.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la empresa recibió 49 contratos, y cerca de 40% se habrían otorgado mediante adjudicación directa. Entre ellos están un servicio de mejora de atención a clientes para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros por 98 millones de pesos, un contrato de infraestructura de datos con el ISSSTE por 301 millones y un servicio integral de centro de datos para el Banco del Bienestar por mil 739 millones de pesos en 2022.
La adjudicación directa está contemplada en la legislación mexicana para supuestos específicos, como razones técnicas, urgencias o seguridad, pero limita la competencia abierta frente a una licitación pública. Por ello, su uso recurrente en contratos de alto valor suele exigir una justificación documental clara sobre precio, capacidad técnica y condiciones de mercado. La información reportada no establece que los procedimientos citados hayan sido declarados ilegales.
Continuidad en la actual administración
En el gobierno de Claudia Sheinbaum, Sixsigma Networks México ha obtenido ocho contratos. El de mayor monto referido corresponde a 2025, cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contrató el servicio de administración de su centro de datos por más de 542 millones de pesos. La continuidad de la empresa a través de gobiernos de distinto signo político apunta a una dependencia institucional de proveedores con capacidades especializadas, pero también plantea la necesidad de revisar si la concentración de servicios estratégicos favorece condiciones suficientemente competitivas.
El encuentro privado en la Condesa ha reavivado el debate sobre los estándares de transparencia que deben rodear a empresarios con contratos públicos y a figuras cercanas al poder político. Hasta ahora, los datos expuestos describen una relación comercial prolongada entre Sixsigma Networks y el Estado mexicano, sin que se haya presentado evidencia pública de que la reunión o los vínculos personales mencionados hayan alterado una licitación o derivado en una contratación específica.
