La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analizará de manera detallada las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2024. Las observaciones incluyen un probable daño al erario por 600 millones de pesos y la presentación de 21 denuncias derivadas de la revisión tanto de los últimos meses de la administración anterior como de los primeros de la actual gestión.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que existe un plazo legal para que las dependencias y entidades federativas respondan y, en su caso, aclaren o solventen las observaciones antes de que estas deriven en sanciones definitivas. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, será la encargada de presentar un informe más preciso sobre el alcance de cada observación y las acciones que se tomarán.
Proceso de fiscalización y plazos legales
La ASF, como órgano técnico del Congreso, realiza revisiones anuales a la cuenta pública con el objetivo de verificar el uso correcto de los recursos federales. Cuando detecta irregularidades, emite observaciones que las entidades tienen la oportunidad de solventar mediante documentación adicional o correcciones administrativas. Solo cuando estas aclaraciones no prosperan, la auditoría puede promover denuncias penales o turnar el asunto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sanciones de carácter administrativo.
En este caso, las 21 denuncias ya presentadas corresponden a situaciones donde la ASF consideró que no existía margen para subsanar las irregularidades. El monto de 600 millones de pesos representa el daño patrimonial estimado en varios expedientes, aunque aún debe determinarse qué porcentaje corresponde estrictamente al periodo de transición entre administraciones y qué parte es atribuible al ejercicio previo.
Diferenciación entre ejercicios fiscales
Sheinbaum precisó que las observaciones no corresponden al primer año completo de su gobierno, sino principalmente al ejercicio 2024, que abarca los últimos meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de su propia gestión. Esta distinción es relevante porque permite identificar si las irregularidades detectadas tienen origen en compromisos presupuestarios heredados o en decisiones tomadas durante los primeros meses de 2025.
La presidenta evitó adelantar juicios sobre la viabilidad de solventar todas las observaciones y reiteró que el gobierno revisará cada caso con la información disponible. Esta postura refleja el procedimiento habitual: las entidades tienen derecho a un periodo de réplica antes de que las observaciones se conviertan en resoluciones firmes.
Implicaciones para la rendición de cuentas
El hecho de que esta sea la primera cuenta pública revisada bajo la actual administración ofrece un termómetro sobre cómo se gestionará la fiscalización en los próximos años. La ASF mantiene su autonomía técnica y el Congreso conserva la facultad de dar seguimiento a los resultados. En ese sentido, la respuesta institucional de Sheinbaum —delegar la explicación detallada en Buenrostro— indica que el Ejecutivo busca separar la exposición política inicial de la rendición técnica de cuentas.
El monto involucrado y el número de denuncias también ponen a prueba la capacidad de las dependencias para responder con celeridad a las observaciones. Históricamente, una proporción significativa de las observaciones de la ASF se solventa una vez que las entidades presentan la documentación faltante o justifican el ejercicio del gasto. El porcentaje que finalmente derive en sanciones dependerá tanto de la solidez de las aclaraciones como de la voluntad política de transparentar cualquier irregularidad detectada.
La comparecencia de Buenrostro, anunciada por la propia presidenta, permitirá conocer con mayor precisión qué expedientes ya fueron turnados a instancias judiciales o administrativas y cuáles permanecen en etapa de aclaración. Este nivel de detalle resulta indispensable para evaluar si el daño patrimonial estimado en 600 millones de pesos representa un problema estructural o casos aislados que pueden corregirse sin mayor impacto presupuestario.
