La propuesta del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, plantea crear un Servicio Militar Especial Obligatorio dirigido a menores de 14 a 18 años condenados por delitos. El plan contempla disciplina estructurada, formación en valores cívicos y labores prácticas en brigadas de emergencia, apoyo en incendios y reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes. La iniciativa surge tras el caso de San Bernardo y se presenta como alternativa al sistema actual de responsabilidad penal adolescente, que el alcalde considera ineficaz por replicar dinámicas similares a las penitenciarias sin generar cambios conductuales sostenidos.
El sistema vigente en Chile procesa a los adolescentes desde los 14 años mediante sanciones que van desde libertad asistida hasta internación en centros especializados. Estas medidas priorizan la reinserción social y evalúan factores como el entorno familiar y el desarrollo psicosocial del menor. La propuesta del alcalde busca diferenciarse al incorporar elementos militares explícitos, argumentando que la disciplina ordenada y el servicio comunitario pueden producir hábitos de responsabilidad que los programas existentes no logran.
Impacto en el sistema de justicia juvenil
La implementación de este modelo afectaría directamente a los tribunales especializados y a los centros de internación actuales. Una derivación masiva de casos hacia el servicio militar reduciría la carga de los programas de intervención ambulatoria y semicerrada, pero requeriría coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Menores. Organismos como UNICEF Chile y la Defensoría de la Niñez ya han manifestado reservas sobre la compatibilidad de un régimen militar con los estándares de derechos del niño, especialmente en lo referente a privación de libertad y consentimiento informado.
Desde la perspectiva de las familias de víctimas, la propuesta ofrece una respuesta más visible y estructurada que las sanciones tradicionales, que a menudo se perciben como laxas. Sin embargo, asociaciones de padres de adolescentes en conflicto con la ley advierten que la medida podría estigmatizar aún más a jóvenes que ya enfrentan exclusión social, limitando sus oportunidades laborales futuras al asociarlos públicamente con el servicio militar obligatorio por delitos.
Eficacia disciplinaria versus reinserción real
Un primer análisis indica que la disciplina militar puede generar cambios conductuales inmediatos en entornos controlados, como lo demuestran programas similares implementados en Colombia durante la década de 2010 con jóvenes vinculados a pandillas. No obstante, estudios longitudinales del Instituto Nacional de Rehabilitación Social de ese país mostraron que los efectos se diluyen entre 18 y 24 meses después de la salida si no existe acompañamiento posterior en el entorno comunitario. La propuesta chilena no detalla mecanismos de seguimiento post-servicio, lo que constituye un vacío estructural que podría repetir los fracasos observados en sistemas puramente punitivos.
Otro aspecto relevante es el perfil de los infractores juveniles en Chile. Datos del Ministerio Público de 2025 revelan que el 68 % de los delitos cometidos por menores corresponden a hurtos y robos no violentos, mientras que los casos de homicidio y violación representan menos del 4 %. Aplicar un régimen militar a perfiles de baja gravedad podría generar sobrerreacción institucional y sobrecargar recursos que deberían destinarse a intervenciones psicosociales especializadas.
Perspectivas de actores clave y riesgos identificados
El Ministerio de Defensa ha mantenido silencio oficial, aunque fuentes internas reconocen que la institución carece de protocolos adaptados para menores infractores y que su doctrina está orientada a personal adulto voluntario. Incorporar adolescentes condenados exigiría reformas legales en el Código de Justicia Militar y una inversión significativa en personal capacitado en psicología adolescente. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de que el servicio militar funcione como una forma encubierta de privación de libertad sin las garantías procesales que rigen en centros de internación especializados.
El riesgo de abusos de autoridad constituye otra preocupación central. Experiencias internacionales documentadas por Human Rights Watch en programas similares en Centroamérica muestran tasas elevadas de maltrato físico y psicológico cuando personal militar sin formación específica interactúa con población vulnerable. En Chile, la ausencia de mecanismos independientes de supervisión dentro de la propuesta actual aumenta la probabilidad de que estos problemas se reproduzcan.
Tendencias futuras y escenarios posibles
Si la propuesta avanza en el Congreso, es probable que se transforme en un programa piloto acotado a ciertas comunas con alta incidencia delictual juvenil. Esto permitiría evaluar resultados antes de una expansión nacional. Sin embargo, la tendencia regional apunta hacia modelos híbridos que combinan elementos de disciplina con intervenciones educativas y laborales, como el programa de formación militar con certificación técnica implementado en Ecuador desde 2022. Chile podría seguir esa ruta o, por el contrario, endurecer el enfoque militar si los índices de reincidencia siguen en aumento.
El escenario más preocupante es la judicialización masiva de adolescentes hacia este servicio sin criterios claros de selección, lo que saturaría las unidades militares y debilitaría tanto la disciplina institucional como los objetivos de reinserción. La experiencia comparada sugiere que solo los programas con duración limitada, evaluación continua y reintegración gradual logran reducir la reincidencia de manera sostenida; aquellos que priorizan el castigo por encima de la formación fracasan en el mediano plazo.
