Mexicali, Baja California. Durante seis meses, Yaneth Márquez Bautista recorrió distintos puntos de Mexicali y el Valle para localizar a su hijo Brayan Marcos Bautista, reportado como desaparecido el 8 de marzo de 2026. El joven, quien tiene una discapacidad permanente y padece esquizofrenia, había ingresado un día después a un centro de rehabilitación situado aproximadamente a un kilómetro de su domicilio, pero su familia no fue informada de que se encontraba con vida.
El caso quedó expuesto después de que una persona vinculada con una iglesia reconociera a Brayan a partir de la ficha de búsqueda difundida en redes sociales y otros medios. La información permitió a la familia conocer su paradero y acudir al establecimiento donde permanecía internado. Ahora, la madre solicita que se investigue la actuación de las autoridades y de quienes pudieron haber omitido la notificación correspondiente.
Una búsqueda que se extendió por Mexicali y el Valle
Desde el reporte de desaparición, Yaneth participó en recorridos junto con elementos de la Policía Municipal, Bomberos, drones y el grupo de búsqueda Madres Unidas y Fuertes. Las labores incluyeron la zona de Lagos del Sol, donde vive la familia, así como diferentes sectores de la ciudad y comunidades del Valle de Mexicali.
La madre explicó que, conforme pasaban las semanas, aumentaban el desgaste emocional y la preocupación por la posibilidad de encontrar a su hijo sin vida. La angustia se agravó por su condición médica, ya que Brayan necesitaba tratamiento especializado y medicamentos cuya interrupción podía afectar su estado mental y su capacidad para desenvolverse fuera de casa.
La familia recibió la noticia de que el joven estaba en un centro de rehabilitación aproximadamente una semana antes de dar a conocer el caso. La documentación entregada por el establecimiento señala que Brayan ingresó el 9 de marzo, apenas un día después de que se formalizara el reporte de desaparición.
El documento que ahora cuestiona la actuación oficial
Yaneth cuestionó que el paradero de su hijo no hubiera sido identificado ni comunicado durante los meses de búsqueda. Según su testimonio, las autoridades encargadas de la investigación, incluida la Fiscalía General del Estado, presuntamente realizaron revisiones en centros de rehabilitación cercanos al lugar donde Brayan desapareció.
La madre también señaló que el establecimiento cumplió con el oficio mediante el cual notificó a Dulce Carrillo Flores, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Cometida por Particulares, sobre el ingreso del joven.
De acuerdo con Yaneth, la funcionaria tenía conocimiento de que Brayan contaba con una ficha de búsqueda. Por ello, consideró especialmente grave que la familia no hubiera sido informada de que el joven estaba internado. La existencia de una notificación oficial, junto con la cercanía del centro respecto del domicilio familiar, forma parte de los elementos que la madre pide revisar para establecer qué ocurrió y en qué punto se interrumpió la comunicación.
La información disponible hasta ahora corresponde al relato de la familia y a la documentación que le fue entregada en el centro de rehabilitación. No se ha informado públicamente una explicación de la Fiscalía General del Estado sobre la revisión de expedientes, la recepción del aviso de ingreso o los protocolos aplicados para verificar la identidad de una persona con ficha de búsqueda.
El impacto de seis meses sin tratamiento
Tras ser localizado, Brayan fue trasladado al Centro de Psiquiatría de Baja California, donde permanece bajo atención médica. Yaneth explicó que la interrupción del tratamiento durante el tiempo que permaneció fuera de casa complicó su condición y provocó un deterioro en su estado mental, por lo que continúa bajo cuidado especializado.
La situación muestra que una demora en la identificación y notificación de una persona desaparecida puede tener consecuencias que van más allá de prolongar la incertidumbre de una familia. Cuando existen condiciones de salud mental, discapacidad permanente o necesidad de medicamentos, la localización debe acompañarse de una evaluación médica y de mecanismos de contacto que permitan restablecer de inmediato la comunicación con sus familiares.
También plantea interrogantes sobre la coordinación entre los centros de rehabilitación y las instituciones responsables de la búsqueda. El ingreso de una persona sin documentos familiares presentes o con dificultades para comunicar su identidad requiere, especialmente en casos de desaparición, una verificación cuidadosa en bases de datos y fichas vigentes. La eficacia de ese proceso depende tanto de que los establecimientos informen como de que la autoridad revise y vincule oportunamente los datos recibidos.
La familia espera una explicación
Yaneth busca que el caso sirva para identificar posibles fallas en las investigaciones de personas desaparecidas y evitar que otras familias atraviesen una experiencia similar. Su principal exigencia es conocer por qué, pese a la cercanía del centro y a la presunta existencia de un aviso dirigido al Ministerio Público, Brayan permaneció seis meses sin que sus familiares supieran dónde estaba.
La madre indicó que permanece a la espera de establecer comunicación con autoridades de la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido durante el periodo en que su hijo estuvo internado. Mientras tanto, Brayan continúa recibiendo atención especializada y la familia enfrenta las consecuencias médicas y emocionales de una búsqueda que, de acuerdo con los datos conocidos, pudo haber concluido poco después de su ingreso al centro de rehabilitación.
