La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero carece de atribuciones para revisar el uso de recursos federales transferidos al municipio de Acapulco. La decisión invalida un informe de auditoría sobre 898.6 millones de pesos del FAISMUN y deja en manos exclusivas de la Auditoría Superior de la Federación cualquier investigación sobre esos fondos. La alcaldesa Abelina López obtuvo así un fallo favorable en el plano competencial, aunque el tribunal aclaró que la vía federal permanece abierta para examinar el destino de casi 899 millones de pesos.
La sentencia aclara límites constitucionales sin cerrar investigaciones
El ministro ponente Arístides Guerrero García enfatizó que el fallo se circunscribe a definir la autoridad competente. La Constitución asigna de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de recursos federales, incluso cuando estos se ejercen por gobiernos municipales. El proyecto aprobado declara inválido tanto el informe individual de auditoría como el oficio ACE 1380 diagonal 2025 emitido por el órgano estatal. Esta precisión técnica evita interpretaciones que sugieran impunidad o exoneración automática.
La resolución no examina el fondo del manejo de los recursos ni determina si existieron irregularidades. Por tanto, la investigación federal puede continuar sin interrupción y con las mismas facultades de requerimiento de información y responsabilidades que la ley otorga a la ASF.
Tres implicaciones estructurales para el federalismo fiscal mexicano
Primero, el fallo refuerza la centralización técnica de la fiscalización de recursos federales y reduce el margen de acción de las auditorías estatales en este rubro. Esta tendencia podría extenderse a otros estados donde existan litigios similares sobre competencias de revisión. Segundo, el precedente obliga a los municipios a preparar dos sistemas paralelos de rendición de cuentas: uno ante la ASF para fondos federales y otro ante los órganos locales para recursos propios y participaciones estatales. Tercero, la sentencia expone la fragilidad de los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno en materia de control del gasto, un problema que trasciende el caso de Acapulco.
Perspectivas enfrentadas entre actores institucionales
Desde el gobierno municipal de Acapulco, la resolución se interpreta como una defensa legítima contra una auditoría que excedía las facultades estatales y que, según la alcaldesa, respondía a motivaciones políticas. Para la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, el fallo representa una pérdida de atribuciones que podría limitar su capacidad de supervisión integral sobre el gasto público en el territorio. Organizaciones civiles y opositores locales advierten que la distinción entre recursos federales y estatales dificulta el seguimiento ciudadano y genera zonas grises donde la rendición de cuentas puede diluirse. La ASF, por su parte, recibe una carga adicional de trabajo sin que se hayan anunciado incrementos presupuestales proporcionales.
Riesgos de fragmentación y dilación en la rendición de cuentas
La coexistencia de dos vías de fiscalización aumenta el riesgo de duplicidad de requerimientos y de contradicciones entre informes. Los municipios medianos y pequeños, con capacidades técnicas limitadas, enfrentan mayores costos de cumplimiento al tener que responder simultáneamente a dos auditorías con metodologías distintas. Además, la posibilidad de que los casos migren entre instancias genera incentivos para la interposición de amparos y recursos que pueden extender los tiempos de resolución más allá de los plazos legales previstos. En contextos de alta rotación de personal en las áreas de control interno municipales, esta fragmentación puede traducirse en pérdida de información institucional y en menor efectividad de las recomendaciones correctivas.
Tendencias que se consolidan tras el precedente
El criterio establecido por la SCJN apunta hacia una mayor especialización de las funciones de auditoría, con la ASF como instancia rectora en todo lo relacionado con recursos de origen federal. Es previsible que otros tribunales estatales y colegiados adopten interpretaciones similares cuando se planteen controversias análogas. Al mismo tiempo, el Congreso de la Unión podría verse presionado a revisar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para establecer protocolos claros de colaboración entre la ASF y las auditorías locales, evitando vacíos que debiliten el control del gasto. La experiencia de Guerrero sugiere que, sin ajustes normativos complementarios, el número de litigios por competencia aumentará en los próximos ejercicios fiscales.
