La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones contra 41 servidores públicos por irregularidades que, en conjunto, involucran un quebranto estimado en 20 millones de pesos. Las resoluciones incluyen multas superiores a 22.4 millones de pesos, destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Los expedientes abarcan desde presuntas anomalías en contrataciones y declaraciones patrimoniales hasta el uso indebido de bienes oficiales, cobros improcedentes y posibles conflictos de interés.
Las investigaciones fueron integradas por instancias internas de control y las sanciones por faltas administrativas graves fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La información difundida muestra un conjunto de casos ocurridos principalmente entre 2017 y 2022, resueltos bajo procedimientos distintos, pero vinculados por el uso de recursos públicos, la obligación de rendir cuentas y los límites legales de las atribuciones de cada funcionario.
El expediente de mayor monto en Birmex
El caso con las sanciones económicas más altas corresponde a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). De acuerdo con el reporte, dos funcionarios autorizaron cinco facturas entre 2018 y 2019 por servicios relacionados con un sistema de gestión gubernamental, sin que existieran pruebas de que las prestaciones contratadas se hubieran realizado. El TFJA determinó para ambos una inhabilitación de 10 años, además de multas por 12.2 millones y 8.7 millones de pesos, respectivamente.
La relevancia de este asunto no reside únicamente en el monto. La autorización de pagos sin evidencia documental sobre la ejecución de servicios cuestiona los mecanismos de supervisión que deben operar antes, durante y después de una contratación pública. En procedimientos de esta naturaleza, la documentación técnica, los entregables y la validación de áreas usuarias son elementos centrales para acreditar que el gasto respondió a una necesidad institucional y produjo el resultado comprometido.
Patrimonio, vehículos y pagos excedentes
Otro de los expedientes se originó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Un trabajador omitió informar cuentas bancarias y el origen de recursos en sus declaraciones patrimoniales de 2017, 2018 y 2020. La revisión detectó, según la autoridad, un incremento “inexplicable e injustificado” de 5.4 millones de pesos en su patrimonio personal y familiar. Por ello, el tribunal le impuso una inhabilitación de una década.
Las declaraciones patrimoniales son una herramienta preventiva: permiten contrastar la evolución de los bienes e ingresos de los servidores públicos con la información que deben reportar. Una variación patrimonial sin justificación no acredita por sí misma una responsabilidad penal, pero sí puede dar lugar a responsabilidades administrativas cuando se incumplen los deberes de transparencia y veracidad establecidos para quienes ejercen funciones públicas.
En Coatzacoalcos, Veracruz, un empleado fue sancionado tras ingerir bebidas alcohólicas y conducir a exceso de velocidad una unidad institucional en 2020. El vehículo volcó y quedó destruido junto con el equipo hidráulico que transportaba. El TFJA fijó una multa de 450 mil pesos y una inhabilitación por 10 años. La resolución incorpora tanto el daño a los activos públicos como la conducta atribuida al servidor durante el uso de un bien asignado para fines institucionales.
También en la CFE, una trabajadora de la central termoeléctrica Presidente Juárez, ubicada en Ensenada, Baja California, recibió 13 pagos excedentes de prima vacacional entre junio de 2020 y mayo de 2022. La autoridad señaló que no notificó los depósitos ni devolvió los recursos dentro de los 30 días posteriores a su recepción. La sanción fue de 273 mil pesos y 10 años de inhabilitación. El caso ilustra que la responsabilidad administrativa puede extenderse a quien conserva recursos recibidos indebidamente, aun cuando el pago inicial provenga de una falla de control interno.
Facultades administrativas bajo escrutinio
La relación de resoluciones incluye la destitución de un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que autorizó gastos de transporte, hospedaje y alimentación a favor de una empresa sin contar con atribuciones para hacerlo. Además de la separación del cargo, recibió una multa de 700 mil pesos y una inhabilitación por 10 años. El punto central del expediente es la competencia legal: la administración pública exige que cada decisión de gasto sea tomada por la autoridad facultada y bajo los procedimientos correspondientes.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tres funcionarios elaboraron, revisaron y autorizaron una justificación para cancelar la licitación del servicio de limpieza de las terminales 1 y 2, pese a que carecían de facultades para ello. Cada uno fue inhabilitado por tres meses. Aunque la sanción es menor frente a otros casos, la resolución subraya que los procesos de contratación requieren decisiones sustentadas por funcionarios competentes, pues una cancelación sin atribuciones puede afectar la continuidad de servicios esenciales y la competencia entre proveedores.
Casos de cobro irregular y conflicto de interés
Entre las personas sancionadas figura una trabajadora que presentó listas falsas de asistencia en una librería de Cancún para cobrar salario sin haber laborado. Según el expediente, tampoco reintegró el dinero dentro del plazo de 30 días posterior a su recepción. El TFJA le impuso una multa de 114 mil pesos y una inhabilitación de 10 años. La conducta investigada combina la presentación de documentación presuntamente falsa con la obtención de una remuneración sin la prestación efectiva del servicio.
En Banjercito, un funcionario encargado de archivo aprovechó su cargo para vender a una empresa recicladora 37 mil cajas que contenían documentos de la institución. El reporte no detalla el monto de la sanción aplicada en este caso, pero la operación revela el riesgo asociado a la disposición irregular de archivos públicos, cuya custodia puede involucrar información administrativa, financiera o personal. La gestión documental no es una tarea secundaria: es parte de la trazabilidad necesaria para fiscalizar decisiones y proteger datos institucionales.
La lista también incluye a una empleada de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social que firmó un documento relacionado con la contratación de su hija. Este tipo de situaciones se analiza bajo las reglas de conflicto de interés, que buscan impedir que un servidor público intervenga en decisiones que puedan beneficiar a familiares o personas con quienes mantiene vínculos personales. La divulgación de los casos no sustituye las vías de impugnación que correspondan a las personas sancionadas, pero confirma la aplicación de medidas administrativas sobre conductas consideradas graves por las autoridades investigadoras y el TFJA.
En conjunto, las resoluciones reflejan que las faltas administrativas no se limitan a grandes contratos o daños patrimoniales de alto valor. También abarcan omisiones en declaraciones, controles deficientes de nómina, uso irresponsable de bienes, actuaciones fuera de competencia y decisiones con potencial beneficio familiar. La efectividad de estas sanciones dependerá, además de su imposición, de que las instituciones fortalezcan los controles previos, documenten sus decisiones y den seguimiento al cumplimiento de las inhabilitaciones y reparaciones económicas ordenadas.
