La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha colocado dos asuntos distintos, aunque estrechamente vinculados, en el centro del debate económico peruano: la necesidad de simplificar el sistema tributario y la conveniencia de evaluar con cautela el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) hasta S/ 1.300. La posición expresada por su director, Antonio Castillo, combina respaldo a una reforma impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con una advertencia sobre los efectos que una mayor presión salarial podría producir en las micro y pequeñas empresas.
El planteamiento empresarial parte de un diagnóstico concreto. Perú mantiene cuatro regímenes tributarios separados, una extensa red de trámites administrativos y un nivel de informalidad laboral estimado en 71% de la economía. Para la SNI, este conjunto de obstáculos encarece la formalización, retrasa la puesta en marcha de proyectos y limita la capacidad de las compañías para contratar trabajadores bajo condiciones reguladas. El gremio propone avanzar hacia un sistema tributario unificado y una plataforma única que evite la duplicación de procedimientos entre entidades públicas.
Castillo sostuvo que la constitución de una empresa puede tomar alrededor de 2,5 años y que, en el sector minero, los procesos pueden extenderse hasta 14 años. Estas cifras, además de ilustrar la lentitud administrativa, revelan que el problema no se reduce al pago de impuestos. La discusión abarca permisos, licencias, registros, fiscalización y coordinación institucional. Si una reforma tributaria no se acompaña de una revisión de esos procesos, su impacto sobre la inversión y el empleo podría quedar muy por debajo de las expectativas oficiales.
El verdadero cuello de botella no está solo en los impuestos
El primer punto que merece atención es la relación entre simplificación y productividad. Para una gran empresa, un trámite repetido puede representar horas de trabajo legal o administrativo. Para una microempresa, en cambio, puede significar la decisión de no registrarse, operar parcialmente fuera del sistema o abandonar un proyecto antes de iniciarlo. La misma exigencia regulatoria tiene, por tanto, costos muy diferentes según el tamaño y la capacidad financiera de la compañía.
La propuesta de una sola plataforma digital busca corregir esa asimetría. En teoría, permitiría presentar información una vez, compartirla entre organismos y reducir las demoras derivadas de documentos duplicados. Pero digitalizar formularios no equivale automáticamente a desregular. Si las entidades conservan requisitos superpuestos, plazos indeterminados o criterios de evaluación contradictorios, una plataforma única podría convertirse simplemente en una ventanilla digital para la misma burocracia.
El primer hallazgo relevante es precisamente ese: la reforma solo tendrá efectos económicos si modifica los procesos internos del Estado, no si se limita a reorganizar la interfaz que utiliza el ciudadano. La reducción de trámites debe medirse por el tiempo real de apertura de una empresa, el número de documentos solicitados, el costo de cumplimiento y la previsibilidad de las autorizaciones. Sin indicadores de ese tipo, la simplificación quedaría expuesta a convertirse en una promesa administrativa difícil de verificar.
Un sistema único puede facilitar la formalización, pero también crear nuevos problemas
La SNI considera que la coexistencia de cuatro regímenes tributarios dificulta el cumplimiento y desalienta el crecimiento de las empresas formales. El argumento tiene una lógica evidente: cuando las reglas, límites, declaraciones y obligaciones cambian según el régimen, una empresa pequeña debe decidir no solo qué vende y cómo produce, sino también cuál estructura fiscal le conviene y cuándo está obligada a migrar a otra. Esa complejidad puede estimular errores involuntarios, uso informal de servicios contables o estrategias para no superar determinados umbrales.
Sin embargo, unificar no significa necesariamente simplificar para todos. Los regímenes diferenciados suelen responder a realidades distintas de facturación, costos, márgenes y capacidad administrativa. Una microempresa de subsistencia no enfrenta las mismas condiciones que una compañía mediana que ya cuenta con contabilidad profesional. Un régimen único, si se diseña con tasas o exigencias demasiado elevadas, podría aumentar el costo de entrada a la formalidad en lugar de reducirlo.
La segunda conclusión es que la unificación debe entenderse como una arquitectura gradual, no como la eliminación abrupta de todas las categorías. Podría incluir una puerta de entrada sencilla, reglas de transición automáticas y obligaciones que crezcan conforme aumenten los ingresos y la capacidad operativa. La clave no es solo tener menos regímenes, sino evitar que el salto entre ellos sea tan costoso que las empresas prefieran permanecer pequeñas, dividir operaciones o mantenerse fuera del registro.
La formalización también requiere beneficios visibles. Si una empresa cumple con sus impuestos, pero continúa enfrentando demoras para obtener licencias, dificultades para acceder a crédito y una fiscalización percibida como impredecible, el incentivo seguirá siendo insuficiente. El Estado deberá demostrar que la formalidad ofrece mejores servicios, protección legal y acceso a mercados, no únicamente más obligaciones.
El aumento de la RMV expone una tensión entre ingreso y empleo
La discusión salarial introduce una segunda dimensión. Castillo señaló, con base en datos de la Sunat, que entre 350.000 y 360.000 trabajadores reciben actualmente el sueldo mínimo. En términos absolutos, se trata de un grupo importante, pero su peso debe analizarse junto con el universo mucho mayor de trabajadores informales. La pregunta central no es únicamente cuánto ganan quienes ya están registrados, sino cuántas personas podrían quedar fuera de la contratación formal si el costo laboral aumenta sin que mejoren la productividad y las ventas.
El incremento de la RMV a S/ 1.300 puede mejorar el ingreso de trabajadores que conservan su puesto y reciben el ajuste completo. También puede elevar la referencia para otras remuneraciones cercanas al mínimo y estimular el consumo de los hogares beneficiados. Desde la perspectiva laboral, congelar indefinidamente el salario mínimo tampoco es neutral: reduce el poder adquisitivo frente a la inflación y mantiene a trabajadores formales en una situación vulnerable.
El riesgo señalado por la SNI se concentra en las micro y pequeñas empresas. En estos negocios, el salario no es el único costo asociado a la contratación: se suman contribuciones, vacaciones, gratificaciones, seguros, compensaciones y gastos administrativos. Cuando el margen de operación es reducido, un aumento salarial puede traducirse en menos contrataciones, reducción de horas, sustitución de trabajadores o traslado de la relación laboral al sector informal.
La tercera idea central es que el impacto de la RMV no será uniforme. Una empresa industrial con mayor productividad y acceso a financiamiento puede absorber el aumento con menos dificultades que un pequeño comercio, taller o negocio de servicios. Por eso, una decisión general debe acompañarse de políticas diferenciadas para las unidades de menor escala, como reducción temporal de costos no salariales, acceso a crédito, capacitación y asistencia contable. Sin ese complemento, la política puede beneficiar a una parte de los trabajadores formales mientras deja sin protección a quienes ingresan al mercado laboral.
El Consejo Nacional del Trabajo será la prueba de la concertación
La SNI pidió que cualquier ajuste de la remuneración mínima sea discutido en el Consejo Nacional del Trabajo, junto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La solicitud tiene importancia institucional porque desplaza el debate desde el anuncio político hacia un mecanismo de negociación entre empleadores, trabajadores y Estado. La legitimidad del aumento dependerá tanto de su monto como de la calidad de la evidencia utilizada para justificarlo.
Los sindicatos, previsiblemente, pondrán el foco en la pérdida de poder adquisitivo y en la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en mejores ingresos. Las empresas observarán los costos laborales, la productividad sectorial y el riesgo de sustitución de empleo formal. El Estado deberá arbitrar entre ambos intereses y, al mismo tiempo, explicar cómo evitará que la informalidad absorba a los trabajadores más vulnerables.
La controversia no debería resolverse mediante la oposición automática entre salario e inversión. El problema es la ausencia de una fórmula pública, estable y predecible que vincule la RMV con variables como inflación, productividad, crecimiento y condiciones del mercado laboral. Un mecanismo técnico no eliminaría el conflicto, pero reduciría la incertidumbre y evitaría que cada aumento se convierta en una disputa coyuntural.
También será necesario distinguir entre el efecto directo y el efecto indirecto. El aumento directo alcanza a quienes perciben la RMV; el indirecto puede extenderse a trabajadores que ganan algo más, debido a la presión por mantener diferencias salariales dentro de una empresa. A ello se añaden posibles cambios en precios, jornadas, contratación por recibos y subcontratación. Medir solo el número de beneficiarios directos ofrecería una visión incompleta del resultado.
La industria respalda la reforma, pero busca reducir su propia incertidumbre
El respaldo de la SNI a la reforma tributaria debe leerse con una doble perspectiva. Por un lado, la simplificación puede mejorar la competitividad, reducir costos de transacción y hacer más atractiva la inversión. Por otro, el gremio empresarial tiene un interés legítimo en que las nuevas reglas no aumenten la carga fiscal ni multipliquen las obligaciones de cumplimiento. Apoyar una reforma no equivale a aceptar cualquier diseño de reforma.
El MEF, bajo la conducción de Elmer Cuba según la información difundida, enfrenta una tarea compleja: recaudar de manera más eficiente sin golpear la actividad formal que ya cumple sus obligaciones. Una reforma que solo reorganice los impuestos de los contribuyentes registrados podría mejorar la administración, pero dejar intacta la base informal. En cambio, una fiscalización más intensa sin simplificación previa podría elevar sanciones y litigios sin producir una incorporación sostenible de nuevos contribuyentes.
Para los consumidores, la discusión tributaria puede parecer distante, pero sus efectos se trasladan a precios, empleo y disponibilidad de bienes. Si las empresas absorben mayores costos sin mejorar productividad, podrían reducir inversiones o trasladar parte de la carga al consumidor. Si la simplificación reduce costos y amplía la competencia, el resultado puede ser favorable. La diferencia dependerá de si la reforma modifica incentivos reales o solo redistribuye obligaciones entre los contribuyentes existentes.
Qué puede ocurrir en los próximos meses
El escenario más favorable combinaría una reforma tributaria gradual, una plataforma administrativa interoperable y una revisión técnica de la RMV. En ese caso, la formalización podría avanzar por varias vías simultáneas: menores costos de registro, reglas fiscales más comprensibles y una política laboral que no convierta cada contratación en una decisión financieramente prohibitiva. El resultado no sería inmediato, porque pasar de la informalidad a la formalidad exige confianza, crédito y demanda suficiente.
Un escenario intermedio es más probable si las medidas avanzan de manera fragmentada. El Gobierno podría aprobar cambios tributarios parciales mientras mantiene procedimientos sectoriales complejos y, paralelamente, elevar el salario mínimo sin un paquete específico para microempresas. En ese contexto, algunas compañías formales absorberían el costo, otras reducirían su expansión y una parte de los nuevos trabajadores sería contratada fuera de planilla.
El escenario más riesgoso surgiría si la reforma se presenta como una simplificación, pero introduce obligaciones difíciles de interpretar; si la digitalización no elimina duplicidades; o si el aumento salarial se aplica sin evaluación de sus efectos por tamaño y sector. La combinación de reglas inciertas y mayores costos podría frenar inversiones pequeñas, estimular la subdeclaración de ingresos y aumentar la rotación laboral. El dato de 71% de informalidad muestra que el margen de error es reducido.
La discusión iniciada por la SNI no debería quedar atrapada entre la defensa empresarial y la reivindicación sindical. El desafío consiste en construir un sistema en el que pagar impuestos y contratar formalmente sea viable para una empresa pequeña, rentable para una mediana y predecible para una grande, mientras el trabajador recibe ingresos suficientes y protección efectiva. La reforma tributaria y la RMV serán evaluadas, en última instancia, por su capacidad para ampliar esa base formal, no por la cantidad de anuncios ni por la simplificación nominal de las normas.
