La portabilidad del seguro de gastos médicos mayores en México responde a un problema estructural que se agravó durante las últimas dos décadas: la alta rotación laboral y la consecuente pérdida de continuidad en la cobertura de salud privada. Hasta hace pocos años, un trabajador que cambiaba de empleo o de aseguradora enfrentaba la obligación de reiniciar periodos de espera de hasta 36 meses para padecimientos graves, lo que convertía cualquier transición en un riesgo financiero y sanitario considerable.
Este mecanismo de reconocimiento de antigüedad, impulsado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, surgió como respuesta a las quejas recurrentes documentadas por la Condusef entre 2015 y 2022. Los datos de esa dependencia mostraron que más de 40 % de las reclamaciones relacionadas con seguros médicos provenían de usuarios que, al migrar de póliza, veían negada la cobertura de enfermedades que ya habían superado periodos de espera en su aseguradora anterior.
Orígenes regulatorios y presión del mercado
El antecedente más directo se encuentra en la reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros de 2018, que introdujo por primera vez la obligación de reconocer antigüedad entre compañías. Antes de esa modificación, cada aseguradora operaba como un silo independiente: el historial acumulado por el asegurado no tenía valor fuera de esa empresa. Esta práctica reforzaba la lealtad forzada y limitaba la competencia real en precios y servicios.
La presión para el cambio provino también de la creciente movilidad laboral derivada de la reforma laboral de 2019 y del aumento del trabajo remoto. Según datos del INEGI, la duración promedio de un empleo formal en México pasó de 4.8 años en 2016 a 3.1 años en 2024. Este acortamiento de ciclos laborales hizo evidente que los periodos de espera tradicionales generaban una desprotección masiva entre la población de ingresos medios que contrata seguros privados como complemento al IMSS.
Efectos sobre la competencia entre aseguradoras
La portabilidad ha modificado sutilmente la dinámica competitiva del sector. Antes, las aseguradoras con redes hospitalarias más amplias podían retener clientes incluso con primas más altas; ahora deben competir también en la agilidad para reconocer antigüedad y en la transparencia de sus condiciones. Sin embargo, el beneficio no es automático: las compañías siguen teniendo margen para imponer nuevos periodos de espera sobre coberturas específicas que no existían en la póliza anterior, lo que diluye parcialmente el efecto de la norma.
Un caso ilustrativo es el de una ejecutiva de 47 años que en 2023 migró de una aseguradora tradicional a una insurtech con primas 22 % más bajas. Aunque se le reconoció 8 años de antigüedad general, el nuevo contrato exigió 12 meses adicionales para cirugía bariátrica, un procedimiento que ya había quedado cubierto en su póliza anterior. Este tipo de discrepancias revela que la portabilidad reduce, pero no elimina, los costos de cambio.
Impacto en el manejo de enfermedades crónicas
El efecto más profundo se observa en pacientes con padecimientos de larga duración. Antes de la portabilidad, muchas personas posponían diagnósticos o tratamientos hasta cumplir los periodos de espera, lo que derivaba en complicaciones más costosas para el sistema de salud en su conjunto. Ahora, al poder trasladar la antigüedad, el incentivo para postergar atención disminuye. Esto tiene implicaciones fiscales indirectas: menor gasto público en atención de urgencias derivada de falta de cobertura privada.
No obstante, persiste una limitación estructural. La norma actual no obliga a las aseguradoras a mantener idénticas las sumas aseguradas ni los deducibles. En consecuencia, un paciente con diabetes tipo 2 que cambia de compañía puede encontrarse con un deducible duplicado, lo que reduce la utilidad práctica del reconocimiento de antigüedad para quienes más lo necesitan.
Repercusiones a largo plazo en equidad y mercado laboral
Desde una perspectiva de equidad, la portabilidad favorece principalmente a trabajadores formales con capacidad de pago de primas medias y altas. Los sectores informales y de menores ingresos siguen dependiendo casi exclusivamente del IMSS o del INSABI residual, por lo que el beneficio de esta regulación se concentra en un estrato socioeconómico ya privilegiado. Esta segmentación puede ampliar brechas de acceso a atención oportuna entre diferentes grupos de la población.
En el plano del mercado laboral, la medida reduce uno de los costos de movilidad que antes desincentivaban cambios de empleo. Empresas que ofrecen seguros médicos como prestación ahora compiten no solo por salario, sino también por la calidad y portabilidad real de esa prestación. A futuro, es previsible que las negociaciones colectivas incorporen cláusulas explícitas sobre reconocimiento de antigüedad como parte de los paquetes de beneficios.
El verdadero alcance de esta política dependerá de la supervisión que ejerza la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sobre las prácticas de reconocimiento de antigüedad. Si la autoridad logra estandarizar los formatos de solicitud y limitar las exclusiones discrecionales, la portabilidad podría convertirse en un instrumento efectivo de protección financiera. De lo contrario, seguirá siendo un derecho formal cuyo ejercicio real exige conocimientos técnicos que la mayoría de los asegurados no poseen.
