El agotamiento de las finanzas públicas mexicanas y la escasa capacidad de maniobra heredada por gobiernos anteriores han llevado a una coincidencia estratégica entre la administración federal de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus. Ambos ejecutivos han optado por abrir la obra pública a la inversión privada como mecanismo principal para financiar infraestructura. Esta ruta, descrita por el analista Diego Petersen como un cambio de paradigma inevitable, surge ante la imposibilidad de elevar impuestos y el estigma político asociado a nuevo endeudamiento soberano.
Antecedentes de la restricción fiscal
Durante la última década, los gobiernos estatales y municipales de Jalisco enfrentaron crecientes presiones presupuestarias. El SIAPA, organismo responsable del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana de Guadalajara, acumuló déficits operativos estructurales que superan los 4 mil millones de pesos anuales según reportes de la Auditoría Superior del Estado. La tarifa promedio residencial, congelada o ajustada por debajo de la inflación durante varios periodos, cubre apenas el 65 % de los costos de operación y mantenimiento. Esta situación se agravó por una plantilla laboral sobredimensionada y contratos de largo plazo que limitan la flexibilidad presupuestaria.
El contexto nacional refuerza esta limitante. La Secretaría de Hacienda federal ha priorizado el control del déficit por debajo del 4.5 % del PIB, lo que reduce las transferencias extraordinarias a estados y municipios. En Jalisco, la deuda estatal ya representa más del 3 % de su producto interno bruto, cifra que desaconseja emisiones adicionales de bonos. Ante estas restricciones, tanto el gobierno federal como el estatal han coincidido en que los esquemas de participación privada constituyen la única fuente viable de capital fresco para obras hidráulicas urgentes.
El modelo CMRO y sus implicaciones operativas
La propuesta en discusión contempla contratos de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación que trasladarían funciones sustantivas del SIAPA y de la Comisión Estatal del Agua a operadores privados. A diferencia de los proyectos carreteros, donde el cobro de peajes genera flujo predecible, el servicio de agua enfrenta una demanda inelástica pero una capacidad de pago limitada por la politización tarifaria. Petersen señala que esta asimetría convierte cualquier inversión privada en una deuda contingente cuyo pago final recae sobre los contribuyentes.
Experiencias similares en otras entidades mexicanas ilustran los riesgos. En 2015, el estado de Aguascalientes otorgó un contrato integral de operación a una empresa privada que incluyó la administración de la red. Aunque la eficiencia técnica mejoró inicialmente, las tarifas residenciales aumentaron 38 % en cinco años, generando protestas y litigios que terminaron con una renegociación contractual y subsidios estatales adicionales. El caso demuestra que sin una reforma previa de gobernanza, el operador privado tiende a trasladar riesgos al erario público.
Impacto en la gobernanza institucional
El análisis de Petersen destaca que el debate actual se concentra casi exclusivamente en aspectos financieros y técnicos, dejando de lado la pregunta central sobre la nueva institucionalidad requerida. El SIAPA opera bajo un consejo directivo integrado por representantes municipales cuyas decisiones tarifarias responden a ciclos electorales. Esta estructura dificulta cualquier compromiso creíble de recuperación de costos que un inversionista privado exigiría. Sin modificar la ley orgánica del organismo y establecer un regulador independiente con facultades tarifarias, el esquema de participación privada podría reproducir los mismos incentivos perversos que originaron el problema.
A nivel social, la transición plantea interrogantes sobre el acceso equitativo. El agua es reconocida como derecho humano en la Constitución mexicana desde 2012. Si la operación pasa a manos privadas sin mecanismos de subsidio focalizado, los hogares de menores ingresos podrían enfrentar incrementos tarifarios desproporcionados. Estudios del Banco Mundial sobre privatizaciones de agua en América Latina muestran que la cobertura mejora cuando existe un regulador fuerte y subsidios cruzados explícitos, condiciones que aún no se observan en el proyecto jalisciense.
Consecuencias de largo plazo para el desarrollo regional
La dependencia de capital privado para resolver el rezago hidráulico también afecta la planeación territorial. Guadalajara enfrenta una demanda proyectada de 180 millones de metros cúbicos adicionales al año para 2035 debido al crecimiento demográfico y la relocalización industrial. Si los contratos de largo plazo priorizan retornos financieros sobre criterios de sustentabilidad, existe el riesgo de sobreexplotación de fuentes o de postergar inversiones en reutilización y eficiencia. El lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento, ya muestra niveles de estrés hídrico que requieren decisiones de asignación intersectorial difíciles de tomar bajo esquemas puramente comerciales.
Desde la perspectiva fiscal, la advertencia de Petersen cobra relevancia cuando se considera la cláusula de pago por disponibilidad presente en la mayoría de los contratos CMRO. Si el SIAPA no genera los ingresos suficientes, el estado de Jalisco deberá cubrir la diferencia con recursos fiscales. Esta contingencia, aunque no se registre como deuda directa, incrementa la presión sobre las finanzas estatales en un momento en que la federación también enfrenta limitaciones. El resultado podría ser una reducción del gasto en educación o salud para honrar compromisos de infraestructura hídrica.
La experiencia internacional ofrece lecciones adicionales. En el Reino Unido, la privatización del servicio de agua en los años noventa mejoró la calidad de la infraestructura pero generó utilidades elevadas para los operadores y críticas por falta de transparencia regulatoria. En contraste, los modelos de participación público-privada en Países Bajos mantuvieron la propiedad pública de los activos y limitaron la participación privada a funciones de ejecución con estrictos controles tarifarios. Estas diferencias sugieren que el éxito depende menos del esquema financiero que de la calidad institucional previa.
El columnista concluye que la viabilidad del proyecto radica en la capacidad del estado para establecer una nueva gobernanza del agua antes de transferir funciones operativas. Sin ese paso previo, la participación privada podría resolver el problema de liquidez de corto plazo a costa de una mayor rigidez fiscal y social en el mediano plazo. La decisión que tome Jalisco en los próximos meses definirá si el modelo se convierte en un precedente exitoso o en una carga adicional para las generaciones futuras.
