El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Rodolfo Acuña, ha pedido al Congreso mayor prudencia en la aprobación de leyes que incrementan el gasto fiscal de manera permanente. Según sus declaraciones, las normas aprobadas en los últimos meses representan cerca del 3 % del producto interno bruto y podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se aplica una ejecución gradual. Esta advertencia surge en un momento en que el Ejecutivo interino debe priorizar recursos para enfrentar el fenómeno de El Niño, cuyas consecuencias se extenderán hasta inicios de 2027.
El reclamo del ministro no es aislado. Durante la presentación ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento, Acuña detalló que los legisladores exigen pagos inmediatos por incrementos de pensiones a docentes por 10 000 millones de soles y gratificaciones para trabajadores CAS por 3 500 millones de soles. Estas demandas, sumadas a otras normas previas, generan un agujero fiscal que el Ejecutivo considera insostenible sin ajustes en la gradualidad de los desembolsos.
Antecedentes del desequilibrio fiscal
El origen de esta tensión se remonta a la dinámica entre el Congreso y el Ejecutivo desde 2021. El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, reveló que entre 2021 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal negativo que generan compromisos anuales superiores a 36 700 millones de soles. Estos montos equivalen a aproximadamente el 3 % del PIB y corresponden en su mayoría a incrementos salariales, pensiones y beneficios para sectores específicos del empleo público. A diferencia de gastos de capital, estas medidas crean obligaciones recurrentes que reducen el margen de maniobra ante shocks externos como El Niño o caídas en los precios de exportación.
La experiencia de otros países latinoamericanos ilustra los riesgos. En Bolivia, la expansión de beneficios permanentes sin financiamiento estable contribuyó a déficits crónicos que obligaron a recortes en inversión pública durante la década pasada. Perú, con una economía más abierta y dependiente de materias primas, enfrenta un escenario similar si no contiene el crecimiento de gastos rígidos. La ausencia de una regla fiscal vinculante fuerte ha permitido que el Congreso priorice demandas sectoriales por encima de la sostenibilidad macroeconómica.
Presión sobre el gobierno interino
El gobierno de José María Balcázar, que concluye el 28 de julio, enfrenta un dilema concreto. Debe destinar al menos 300 millones de soles adicionales a la prevención de El Niño, con posibilidad de ampliar esta cifra, mientras atiende reclamos por gratificaciones de trabajadores CAS. El Ministerio de Economía ya gestiona un crédito contingente de 500 millones de dólares para desastres naturales, pero el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, ha señalado que existen más de 8 000 millones de soles disponibles para contingencias. Esta discrepancia refleja la falta de consenso sobre qué constituye gasto prioritario.
La lógica detrás de la advertencia ministerial es clara: los recursos fiscales son finitos y los compromisos permanentes limitan la capacidad de respuesta ante eventos climáticos que, según proyecciones, generarán inundaciones y daños en infraestructura durante los próximos meses. Si el Congreso insiste en pagos inmediatos sin gradualidad, el Ejecutivo podría verse obligado a recurrir a endeudamiento adicional o a recortar programas ya existentes.
Impactos en la preparación ante El Niño
El fenómeno de El Niño representa un riesgo inmediato para la costa norte y centro del país. Históricamente, eventos similares han causado pérdidas superiores al 1 % del PIB en un solo año debido a destrucción de caminos, viviendas y cultivos. La asignación actual de 300 millones de soles resulta insuficiente si se comparan con los daños estimados en episodios anteriores. Al mismo tiempo, el pago de gratificaciones CAS y pensiones docentes, aunque justificado desde una perspectiva social, compite directamente por los mismos recursos limitados.
La falta de gradualidad en la ejecución de estas leyes podría traducirse en una respuesta tardía o incompleta ante las lluvias intensas previstas para finales de 2026. Esto afectaría especialmente a poblaciones vulnerables en regiones como Piura y Lambayeque, donde la infraestructura de drenaje sigue siendo precaria. La experiencia de 2017 demostró que la demora en la asignación de fondos multiplica los costos de reconstrucción y profundiza la pobreza temporal en zonas afectadas.
Consecuencias económicas y sociales a largo plazo
Más allá del corto plazo, el aumento sostenido del gasto fiscal sin contrapartida en ingresos genera presiones inflacionarias y reduce el espacio para inversión en capital humano e infraestructura productiva. Un déficit fiscal persistente podría elevar las tasas de interés internas y encarecer el financiamiento de empresas, afectando el crecimiento potencial del país. Estudios del Fondo Monetario Internacional han señalado que economías con reglas fiscales débiles experimentan mayor volatilidad y menor capacidad de recuperación tras choques externos.
En el plano social, la priorización de beneficios para empleados públicos puede ampliar la brecha con el sector privado y los trabajadores informales, que representan más del 70 % de la fuerza laboral. Esta dinámica erosiona la percepción de equidad y alimenta tensiones políticas que ya han caracterizado los últimos años en Perú. A largo plazo, la acumulación de obligaciones fiscales reduce la posibilidad de implementar reformas estructurales en educación y salud que beneficien a toda la población.
Perspectivas para la estabilidad macroeconómica
La advertencia de Acuña apunta a la necesidad de restablecer un diálogo más técnico entre poderes del Estado. Sin mecanismos que limiten la aprobación de gastos permanentes sin fuente de financiamiento clara, Perú corre el riesgo de repetir ciclos de expansión fiscal seguidos de ajustes abruptos. La disponibilidad de más de 8 000 millones de soles para contingencias ofrece un margen temporal, pero no resuelve el problema estructural de compromisos anuales que superan los 36 700 millones de soles.
En conclusión, la tensión actual entre el Ejecutivo y el Congreso trasciende una disputa presupuestaria puntual. Refleja desafíos más profundos sobre cómo equilibrar demandas sociales legítimas con la responsabilidad de mantener finanzas públicas sanas en un contexto de riesgos climáticos crecientes. La capacidad del próximo gobierno para gestionar este equilibrio determinará no solo la respuesta a El Niño, sino también la trayectoria de desarrollo del país en la próxima década.
