Las aportaciones voluntarias de agua se convirtieron en una vía de negociación entre concesionarios, parques industriales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua): las empresas pueden devolver volúmenes de determinadas concesiones mientras buscan destrabar prórrogas, modificaciones y transmisiones que permanecen pendientes. Desde la puesta en marcha del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, el organismo ha recuperado 3,000 millones de metros cúbicos mediante contribuciones de industrias y distritos de riego.
El acuerdo fue presentado en noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum. Paola Félix Díaz, coordinadora general del programa en la Conagua, explicó que varias compañías utilizaron el mecanismo para plantear trámites detenidos y ofrecer la devolución de agua concesionada. Según la funcionaria, esta primera etapa también permitió ordenar procesos internos de las empresas dentro del organismo federal.
Resoluciones que tardaban años
El rezago administrativo afecta especialmente a los concesionarios cuando está en juego la vigencia de sus derechos de agua. Georgina Zavala, asociada del despacho Pérez-Llorca en el área Ambiental, señaló que una prórroga debería resolverse en 30 días, pero existen expedientes que han permanecido sin respuesta durante dos o tres años.
La negociación con la Conagua ha servido para acercar a las empresas con altos mandos del organismo. Zavala afirmó que, a partir de estos acuerdos, algunos procedimientos han avanzado y se han emitido resoluciones en plazos de hasta tres meses. Datos de la propia comisión indican que antes del acuerdo había más de 380 concesiones en desorden o con trámites pendientes, por retrasos administrativos, corrupción o coyotaje.
Parques buscan asegurar el suministro
Para los desarrolladores industriales, el mecanismo no solo atiende expedientes atrasados. También está relacionado con la necesidad de contar con agua para nuevos proyectos y ofrecer certidumbre a las empresas que buscan instalarse. Sergio Argüelles, director general de Finsa, explicó que la compañía opera 28 parques industriales y que la mayoría dispone de pozos.
Finsa compra derechos de agua y planifica sus desarrollos con base en las reservas disponibles. De acuerdo con Argüelles, la Conagua aceptó ofrecer más opciones para que la empresa tenga certeza sobre el recurso y pueda comprometer el suministro ante los inversionistas que llegan a sus parques.
La compañía también busca reducir su dependencia del abastecimiento convencional. Para ello construye plantas de tratamiento y reutilización en sus instalaciones, donde alcanza niveles de reúso de hasta 80% del agua. El directivo añadió que varios socios de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) aplican medidas similares.
La regulación pendiente frena nuevos proyectos
El acuerdo opera en un entorno de cambios legales. Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas eliminaron las transmisiones de agua, por lo que los desarrolladores inmobiliarios ya no pueden acceder a nuevos volúmenes mediante otros concesionarios bajo ese mecanismo.
La incertidumbre se mantiene mientras no se publica el reglamento que establecerá cómo solicitar nuevas concesiones y qué volúmenes podrán obtenerse. Zavala indicó que algunos proyectos industriales se han detenido porque no existe claridad sobre la forma de conseguir agua para nuevas inversiones.
La publicación del reglamento estaba prevista para junio, pero funcionarios de la Conagua estiman que ocurrirá entre agosto y septiembre. Hasta entonces, la devolución voluntaria de volúmenes continúa como una alternativa para avanzar en trámites existentes, mientras los parques industriales esperan reglas definidas para planificar nuevas obras.
