La designación de Pablo Rivas Herazo como superintendente financiero de Colombia abre una transición relevante en una de las instituciones más determinantes para la vida económica del país. La Superintendencia Financiera no solo vigila bancos, aseguradoras, fiduciarias y corredores de bolsa: sus decisiones inciden en el acceso al crédito, la estabilidad del ahorro, la confianza en las inversiones y la capacidad de los hogares para reclamar frente a abusos o fallas de las entidades. El relevo de César Ferrari llega, además, en un momento en que la discusión financiera dejó de concentrarse exclusivamente en solvencia bancaria y tasas de interés. Hoy incluye datos personales, plataformas digitales, criptoactivos, prevención de fraudes, finanzas abiertas y nuevas formas de intermediación.
Rivas regresa a una entidad que conoce desde dentro. Su paso por la Superfinanciera entre 2013 y 2017, particularmente en asuntos de intermediarios financieros y prevención de actividades ilegales, le aporta una experiencia poco frecuente para quien debe asumir la dirección del supervisor. A ello se suma su trabajo actual en el Banco de Inglaterra, un antecedente que puede resultar útil en una etapa donde los reguladores enfrentan el reto de observar innovaciones financieras sin permitir que la experimentación se convierta en una vía para trasladar riesgos al público.
Una institución en medio de una transformación
La importancia del cargo se entiende mejor al observar cómo ha cambiado el sistema financiero colombiano. Durante décadas, la supervisión se concentró en preservar la estabilidad de entidades tradicionales: que los bancos tuvieran capital suficiente, que las aseguradoras pudieran responder por sus pólizas y que las sociedades comisionistas protegieran los recursos de sus clientes. Ese mandato sigue intacto, pero ahora se desarrolla en un entorno más complejo. Un usuario puede solicitar un crédito desde un teléfono, transferir dinero en segundos, contratar un seguro mediante una plataforma y compartir sus datos financieros con terceros, muchas veces sin comprender con precisión quién responde cuando algo falla.
El Sistema de Finanzas Abiertas, modificado por el Decreto 368 de 2026 según la información conocida, sintetiza esa transformación. La promesa de este modelo es permitir que, con autorización del consumidor, distintas entidades compartan información para ofrecer productos más competitivos y personalizados. En teoría, una persona con buen historial de pagos podría obtener mejores condiciones crediticias aunque no sea cliente tradicional de un gran banco. En la práctica, el esquema exige reglas estrictas sobre consentimiento, ciberseguridad, interoperabilidad y responsabilidad por el uso indebido de datos. Una brecha de seguridad o una autorización obtenida de forma confusa puede convertir una política de inclusión financiera en una fuente de fraude y desconfianza.
La Superfinanciera deberá decidir hasta dónde promover la competencia sin debilitar los controles. Esa tensión no es abstracta. En el mercado de pagos digitales, por ejemplo, la rapidez y los costos bajos atraen usuarios, pero también amplían las superficies de ataque para suplantadores y redes de estafa. Si el supervisor exige requisitos idénticos a los de una entidad bancaria de gran tamaño, podría bloquear la entrada de innovadores. Si reduce excesivamente las exigencias, puede crear incentivos para que operaciones riesgosas migren hacia estructuras menos vigiladas. El desafío de Rivas será construir una supervisión proporcional: firme frente al riesgo real, pero capaz de distinguir entre una innovación útil y un modelo que simplemente elude obligaciones.
Bitcoin, soberanía y regulación basada en riesgos
El perfil académico del nuevo superintendente adquiere relevancia por la materia que estudió antes de que los activos digitales ocuparan un lugar central en el debate público. En 2016 publicó un trabajo sobre bitcoin, soberanía monetaria y supervisión basada en riesgos en Colombia. Más que un dato curricular, ese antecedente muestra familiaridad con una discusión que se ha vuelto urgente: cómo responder a instrumentos que se mueven fuera de las fronteras nacionales, pero cuyos efectos recaen sobre ahorradores, inversionistas y consumidores locales.
La experiencia internacional demuestra que prohibir o ignorar los criptoactivos no elimina su uso. Lo que sí puede ocurrir es que la actividad se desplace a canales opacos, plataformas extranjeras o esquemas informales donde las víctimas tienen menos opciones de recuperación. Colombia ha visto episodios de captación no autorizada, promesas de rentabilidades extraordinarias y ofertas digitales que mezclan lenguaje tecnológico con prácticas cercanas a una pirámide. El punto decisivo para la supervisión no es legitimar cualquier activo virtual, sino diferenciar entre innovación tecnológica, inversión especulativa y captación ilegal de recursos.
Una regulación basada en riesgos podría traducirse en obligaciones más claras de información para plataformas que ofrezcan exposición a activos digitales, mecanismos de reporte de operaciones sospechosas y advertencias comprensibles sobre volatilidad, custodia y ausencia de garantías. El caso de un usuario que adquiere un criptoactivo creyendo que tiene la misma protección que un depósito bancario ilustra el problema. Si la plataforma quiebra, es atacada o bloquea retiros, la diferencia entre ambos productos se vuelve evidente, pero demasiado tarde. La protección efectiva empieza antes de la transacción, con información verificable y reglas sobre quién custodia los recursos.
Crédito caro y protección cotidiana
La agenda de Rivas también estará marcada por la relación entre supervisión financiera y economía cotidiana. En contextos de tasas elevadas o de crédito restringido, las familias y pequeñas empresas suelen buscar alternativas rápidas para financiar gastos, inventarios o emergencias. Allí proliferan préstamos digitales con costos difíciles de comparar, cobros automatizados y cláusulas que el usuario acepta sin leer. La vigilancia del sistema no puede limitarse a revisar balances: debe examinar si las entidades explican adecuadamente la tasa efectiva, los seguros asociados, las consecuencias del incumplimiento y el tratamiento de los datos del cliente.
La protección al consumidor financiero tiene una dimensión económica y otra institucional. Económica, porque un cobro indebido o una suplantación puede afectar de manera desproporcionada a hogares con bajos márgenes de ahorro. Institucional, porque la confianza en el sistema depende de que exista una ruta visible para reclamar y obtener respuesta. Cuando un cliente desconoce a qué entidad acudir tras una transferencia fraudulenta, o recibe respuestas contradictorias entre su banco y una billetera digital, la percepción de indefensión se extiende más allá de un caso individual. La Superfinanciera tiene facultades para impartir instrucciones, sancionar incumplimientos y exigir mejores prácticas; el efecto de esas herramientas dependerá de la rapidez con que se apliquen y de la capacidad técnica para detectar patrones.
En este punto, la experiencia de Rivas en prevención del ejercicio ilegal de actividades financieras puede ser especialmente pertinente. Las captadoras ilegales suelen aprovechar vacíos de información y necesidades de liquidez. Prometen retornos superiores al mercado, usan testimonios de supuestos beneficiarios y se presentan con una apariencia de formalidad que confunde a los ciudadanos. Una estrategia eficaz combina alertas tempranas, coordinación con autoridades penales, pedagogía pública y acciones rápidas sobre publicidad engañosa. Esperar a que el perjuicio se masifique para intervenir suele implicar que el dinero ya haya sido dispersado y que la recuperación sea improbable.
La vigilancia de conglomerados como prueba de autoridad
Otro frente sensible es la supervisión consolidada de conglomerados financieros. Los grupos empresariales modernos pueden reunir bancos, aseguradoras, fiduciarias, firmas de inversión y compañías tecnológicas bajo estructuras societarias complejas. Cada entidad puede parecer sólida de manera individual, mientras que el riesgo se acumula en las relaciones entre ellas: préstamos intragrupo, dependencia de una misma fuente de liquidez, concentración de inversiones o intercambio de servicios críticos. La función del supervisor consiste precisamente en mirar el conjunto y no solo cada pieza por separado.
La crisis financiera internacional de 2008 dejó una lección vigente: las fallas no siempre nacen en la entidad más visible. Pueden surgir en vehículos poco transparentes, productos difíciles de valorar o conexiones que multiplican una pérdida inicial. Colombia cuenta con una regulación y un sistema bancario que han mostrado resiliencia, pero esa fortaleza no autoriza a reducir la vigilancia. La expansión de servicios digitales y la mayor integración entre actores financieros y tecnológicos hacen necesario actualizar las metodologías de riesgo operativo, cibernético y de terceros proveedores.
La trayectoria de Rivas en regulación, docencia y política pública podría favorecer un enfoque en el que las normas se diseñen con mayor atención a su implementación. Una buena regla no es solo la que expresa un objetivo correcto, sino la que define quién debe cumplirla, cómo se verifica su cumplimiento y qué ocurre cuando se incumple. En finanzas abiertas, por ejemplo, no basta con exigir consentimiento del usuario. Debe establecerse cómo se prueba ese consentimiento, cuánto tiempo permanece vigente, cómo puede revocarse y qué entidad responde si un tercero autorizado filtra información.
Los relevos y la señal para el mercado
El nombramiento ocurre junto con cambios en otras superintendencias, incluida la de Industria y Comercio, ahora dirigida por María Rocío Cortés Vargas, y la de Sociedades, a cargo de Julia Eva Pretelt. La coincidencia importa porque las fronteras entre competencia, protección de datos, insolvencia empresarial y supervisión financiera son cada vez menos nítidas. Una plataforma de crédito digital, por ejemplo, puede ser objeto de preguntas simultáneas sobre condiciones contractuales, tratamiento de información, publicidad, competencia y manejo de recursos. La eficacia estatal dependerá de que las entidades cooperen sin duplicar procesos ni dejar zonas grises.
Para el mercado, la señal más relevante no será únicamente el currículum del nuevo superintendente, sino la consistencia de las primeras decisiones. Bancos, fintech, aseguradoras e inversionistas necesitan reglas previsibles para planear productos y asignar capital. Los consumidores, por su parte, necesitan comprobar que la modernización no significa menor protección. Un supervisor que comunique criterios claros, publique decisiones bien fundamentadas y actúe de forma proporcionada puede elevar la confianza general. Uno que combine mensajes ambiguos con intervenciones tardías alimentaría la incertidumbre en un sector donde la confianza es, en sí misma, un activo esencial.
La llegada de Pablo Rivas Herazo no resuelve por sí sola los dilemas de un sistema financiero en transformación, pero sitúa al frente de la Superfinanciera a un abogado con experiencia interna, exposición internacional y conocimiento previo de los debates sobre activos digitales. Su gestión será observada por la manera en que convierta esos antecedentes en decisiones concretas: proteger el ahorro sin congelar la innovación, ampliar la competencia sin abrir espacio al arbitraje regulatorio y hacer que la tecnología financiera reduzca barreras para los ciudadanos en lugar de crear nuevas formas de vulnerabilidad.
