El Salvador cerró 2025 y avanzó hasta mayo de 2026 con una combinación poco habitual en economías sometidas a estrechez fiscal: aumentó la inversión pública, elevó la recaudación y redujo el déficit global. El informe de labores del Ministerio de Hacienda reporta una inversión de 1.569,7 millones de dólares en 2025, equivalente al 4,3% del producto interno bruto, y de 1.624,8 millones en el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026. Al mismo tiempo, el déficit fiscal de 2025 descendió a 1.050,3 millones de dólares, o 2,9% del PIB, 1,6 puntos porcentuales menos que un año antes.
Las cifras tienen una importancia que trasciende el balance anual. El país intenta demostrar que puede sostener obras, gasto social y subsidios sin repetir la trayectoria de desbalances que durante años elevó el costo de su deuda y alimentó dudas sobre su capacidad de financiamiento. La pregunta central, sin embargo, no es solo cuánto se invierte, sino qué tipo de crecimiento puede producir esa inversión, cuánta de ella genera capacidades duraderas y hasta qué punto el ajuste fiscal conserva respaldo social.
Del riesgo financiero a la disciplina presupuestaria
La lectura de estos datos requiere volver al contexto inmediato. El Salvador llegó a los últimos años con una elevada presión de deuda, vencimientos exigentes y un acceso más costoso a los mercados internacionales. La adopción del bitcóin como moneda de curso legal, la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y las tensiones con organismos multilaterales incrementaron la percepción de riesgo. Aunque el país evitó un evento de impago, el margen para financiar déficits persistentes se redujo notablemente.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasó a ser un elemento determinante de la nueva estrategia. El superávit primario de 705,6 millones de dólares registrado por el Sector Público No Financiero en 2025, equivalente al 1,9% del PIB, responde a esa lógica: antes de intereses, el Estado obtuvo más recursos de los que gastó. Ese resultado no elimina por sí mismo el peso de la deuda, porque los intereses siguen siendo relevantes, pero ofrece una señal de que la trayectoria fiscal puede estabilizarse si se mantiene el control sobre el gasto corriente y el endeudamiento.
La reducción del déficit no debe interpretarse automáticamente como una mejora estructural irreversible. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, el déficit global volvió a ubicarse en 1.478,4 millones de dólares, mientras el superávit primario bajó a 301,5 millones. La diferencia muestra que las cuentas públicas siguen expuestas al costo financiero y a la estacionalidad de ingresos y pagos. Mantener un saldo primario positivo es una condición relevante, pero su consistencia dependerá de factores que no controla por completo Hacienda, como el crecimiento económico, las tasas internacionales y la disponibilidad de crédito externo.
Una inversión concentrada en infraestructura y servicios
El perfil de la inversión revela las prioridades del Gobierno. Durante el período junio de 2025-mayo de 2026, el área social recibió 1.022,3 millones de dólares, mientras el desarrollo económico absorbió 567,5 millones y seguridad y justicia 35 millones. En 2025, educación y cultura concentraron 328,3 millones; salud recibió 116,5 millones; y transporte y almacenaje alcanzó 443 millones, el 28,2% de toda la inversión pública.
La preponderancia de educación, obras viales y proyectos municipales puede tener efectos acumulativos si se traduce en activos funcionales y mantenibles. Una escuela rehabilitada no solo mejora un edificio: puede reducir ausentismo, ampliar el uso de tecnología y elevar la retención escolar cuando incorpora servicios básicos, conectividad y condiciones dignas. De manera similar, una carretera o una vía urbana reduce tiempos de traslado y costos logísticos, pero su impacto económico depende de que conecte zonas productivas con mercados, puertos, fronteras o centros de consumo.
El gasto en transporte ofrece un ejemplo claro de la diferencia entre ejecución financiera e impacto real. Los 443 millones de dólares destinados al subsector pueden dinamizar empleo en construcción y facilitar la movilidad, especialmente en corredores con alta circulación comercial. Pero una obra aislada, sin conservación posterior ni coordinación con el transporte público, tiende a perder valor rápidamente. Por ello, el papel del Fondo de Conservación Vial resulta tan relevante como el del Ministerio de Obras Públicas: construir infraestructura sin presupuesto de mantenimiento suele trasladar costos a los siguientes gobiernos y a los usuarios.
La DOM y el desafío de convertir obras en capacidad local
La Dirección Nacional de Obras Municipales figura entre las entidades con mayor ejecución. Su expansión responde a una necesidad concreta: muchos municipios salvadoreños tienen capacidades técnicas y presupuestarias limitadas para formular, licitar y supervisar proyectos. La centralización de esas funciones puede acelerar la ejecución de calles, mercados, espacios públicos, sistemas de agua u obras comunitarias que de otro modo tardarían años.
Sin embargo, esa misma concentración plantea un reto institucional. Cuando una entidad nacional asume una porción decisiva de la inversión territorial, la eficiencia no debe medirse solo por el número de proyectos inaugurados, sino por criterios como costo por beneficiario, calidad de la obra, transparencia de la contratación y sostenibilidad del mantenimiento. Un municipio que recibe una calle renovada, pero no dispone de recursos para drenajes, limpieza o reparaciones, puede ver deteriorarse el beneficio en pocos años. La inversión pública más efectiva es la que deja capacidades administrativas y fiscales locales, no únicamente infraestructura visible.
Este aspecto cobra especial importancia en un país de extensión territorial reducida y fuerte concentración urbana. La conectividad puede integrar comunidades y abrir oportunidades fuera del área metropolitana de San Salvador, pero también puede profundizar desigualdades si los proyectos se concentran en zonas con mayor actividad económica o valor político. El seguimiento público de la distribución territorial de las obras será clave para determinar si el aumento de inversión está cerrando brechas entre municipios o reproduciendo desequilibrios previos.
Recaudación récord, presión distributiva y consumo interno
La mejora fiscal descansa en buena medida en los ingresos. La recaudación tributaria llegó a 8.544,5 millones de dólares durante junio de 2025-mayo de 2026, con una carga tributaria de 22,7% del PIB, superior en 1,1 puntos porcentuales al nivel de mayo de 2025. El IVA aportó 4.011,8 millones, casi la mitad del total, y el impuesto sobre la renta sumó 3.529,6 millones. Hacienda atribuye el resultado al crecimiento económico de 3,9% en 2025 y a medidas administrativas en la gestión tributaria y aduanera.
La composición de esos ingresos importa para evaluar sus consecuencias sociales. El IVA recauda de manera amplia y eficiente porque grava el consumo, pero pesa proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes y servicios cotidianos. El impuesto sobre la renta, en cambio, puede aportar mayor progresividad según su diseño y fiscalización. El crecimiento de ambos tributos sugiere una economía con más actividad formal o mejor control administrativo, aunque no permite concluir, sin datos desagregados, que la carga se haya repartido de manera equitativa.
La política tributaria enfrenta así una doble exigencia. Debe consolidar la recaudación para cumplir metas fiscales y reducir el costo de financiamiento, pero necesita evitar que el esfuerzo se concentre en consumidores y pequeñas empresas formales mientras persisten espacios de evasión o privilegios. La digitalización aduanera y tributaria puede ampliar la base sin elevar tasas, siempre que incorpore controles verificables y procedimientos que no se conviertan en barreras para negocios de menor escala.
Subsidios entre la protección y el costo fiscal
Los subsidios a servicios básicos sumaron 287,4 millones de dólares en 2025, con un aumento interanual de 34,2 millones. El gas licuado recibió 127,3 millones, la energía eléctrica 106,4 millones y el transporte público 53,7 millones. Estas ayudas equivalieron al 0,8% del PIB y reflejan que el ajuste fiscal no ha supuesto un retiro completo de la protección frente al costo de vida.
En una economía donde los alimentos, la movilidad y la energía ocupan una parte significativa del presupuesto familiar, retirar subsidios de manera brusca puede trasladarse rápidamente a inflación, pérdida de poder adquisitivo y presión sobre salarios. El subsidio al gas, por ejemplo, influye en el gasto doméstico y en costos de pequeños negocios de comida; el apoyo al transporte puede contener el precio de los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. Su función social es tangible, pero su eficacia depende de que alcance a quienes realmente lo necesitan.
El principal riesgo de los subsidios generalizados es que parte del beneficio llegue a hogares que no requieren apoyo, mientras el Estado financia esa diferencia con recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura. La experiencia regional indica que los mecanismos focalizados, vinculados a consumo, ingreso o vulnerabilidad territorial, pueden proteger mejor a los grupos expuestos. Su aplicación exige registros confiables y canales de pago transparentes; sin esa capacidad administrativa, la focalización puede excluir precisamente a familias informales o rurales.
El crecimiento como condición, no como garantía
La inversión pública puede reforzar el crecimiento de 3,9% observado en 2025 si impulsa productividad, empleo y participación privada. La construcción genera actividad inmediata, pero su efecto de largo plazo depende de la calidad de los proyectos. Una inversión educativa bien ejecutada puede mejorar habilidades laborales durante décadas; una mejora logística puede reducir costos de exportadores, productores agrícolas y comercios; una red de salud más accesible puede disminuir pérdidas de ingresos por enfermedad. Esos beneficios no aparecen de forma instantánea en las cuentas fiscales, pero son los que permiten que la recaudación crezca sin recurrir permanentemente a nuevas cargas.
También existe un escenario menos favorable. Si el aumento de inversión se financia de forma creciente con préstamos externos, como sugieren los 615,7 millones de dólares aportados por créditos externos dentro de las fuentes de financiamiento, el país necesitará demostrar retornos económicos y sociales suficientes para justificar ese endeudamiento. Los préstamos son útiles para financiar activos de larga vida, como carreteras, hospitales o sistemas de agua. Se vuelven más problemáticos cuando sustituyen ingresos corrientes o respaldan proyectos con baja rentabilidad social y escasa supervisión.
La mejora de la calificación de riesgo país puede abrir una ventana para refinanciar obligaciones en condiciones menos gravosas. Pero los mercados suelen valorar más la continuidad que un resultado puntual. La señal decisiva será si El Salvador logra sostener superávits primarios, elevar la calidad del gasto y preservar programas sociales sin recurrir a ajustes abruptos. La credibilidad fiscal se construye cuando los datos presupuestarios se acompañan de información clara sobre proyectos, contratos, resultados y pasivos contingentes.
La prueba pendiente de la ejecución
El balance presentado por Hacienda describe una administración que ha conseguido mejorar ingresos y reducir el déficit mientras mantiene una inversión pública elevada. Esa combinación puede fortalecer la posición del país ante acreedores, organismos multilaterales e inversionistas, y al mismo tiempo crear condiciones más favorables para el desarrollo territorial. No obstante, el valor de esta etapa se definirá fuera de los cuadros presupuestarios: en escuelas que funcionen mejor, rutas que reduzcan costos, servicios de salud más accesibles y municipios capaces de conservar las obras recibidas.
Para la población, la discusión fiscal dejará de ser abstracta si los recursos recaudados se convierten en mejoras verificables de la vida cotidiana. Para el Estado, el desafío es demostrar que la disciplina presupuestaria no equivale únicamente a recortar, sino a priorizar con mayor precisión. El Salvador parece haber ganado margen tras años de presión financiera; conservarlo exigirá que cada dólar de inversión y cada dólar de subsidio estén vinculados a objetivos medibles, transparencia pública y una estrategia que combine estabilidad macroeconómica con movilidad social.
