El gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo firmaron un memorando de entendimiento que establece una nueva ruta para atraer inversión sostenible y reformar la política industrial con criterios de inclusión social. El acuerdo se centra en la digitalización de procesos productivos, el fortalecimiento de instituciones públicas y la reducción de brechas que impiden el acceso equitativo a oportunidades económicas en distintas regiones del país.
Alianza institucional para la transformación productiva
La Secretaría de Economía, representada por la subsecretaria de Industria y Comercio Ximena Escobedo Juárez, y el PNUD acordaron desarrollar programas conjuntos que impulsen la innovación productiva y el desarrollo sostenible. El documento firmado detalla cinco pilares de trabajo: la transformación digital, la inclusión de mujeres y jóvenes, la integración de comunidades vulnerables, la igualdad de género en las políticas económicas y la generación de evidencia para la toma de decisiones.
Durante el acto de firma participaron Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México; Carlos Javier Castillo Pérez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, y Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico. La presencia de estos funcionarios refleja el interés de ambas organizaciones en coordinar esfuerzos entre la administración pública y la cooperación internacional.
Objetivos declarados por las autoridades
Según la subsecretaria Escobedo, el memorando no debe interpretarse solo como un instrumento de cooperación institucional, sino como una plataforma para ejecutar proyectos concretos que generen capacidades, conocimiento y mejores políticas públicas. El acuerdo reconoce que la competitividad nacional depende del desarrollo del capital humano, el fortalecimiento empresarial, la incorporación de innovación tecnológica y la reducción de desigualdades territoriales.
Escobedo añadió que el propósito central es asegurar que los beneficios del crecimiento económico alcancen a todas las regiones del país, especialmente aquellas que históricamente han quedado al margen de los procesos de industrialización.
Los cinco ejes de acción del memorando
El documento establece cinco líneas de trabajo específicas. La primera busca impulsar soluciones innovadoras ante los retos actuales, con prioridad en la inclusión de mujeres y jóvenes. La segunda se orienta a fortalecer capacidades institucionales y promover la transformación digital en la administración pública. La tercera pretende fomentar la inclusión financiera y dinamizar el emprendimiento entre personas en situación de vulnerabilidad.
La cuarta línea integra la perspectiva de género y la sostenibilidad en todas las políticas económicas para cerrar brechas estructurales. La quinta se dedica a generar estudios y datos que permitan consolidar una política industrial verde e incluyente. Estos ejes se desarrollarán a través de proyectos conjuntos entre la Secretaría de Economía y el PNUD.
Perspectiva del PNUD sobre desarrollo sostenible
Silvia Morimoto explicó que el Documento de Programa de País 2026-2031 establece que el desarrollo económico solo resulta sostenible cuando genera bienestar y reduce desigualdades. La representante del PNUD señaló que el memorando representa una hoja de ruta compartida para enfrentar, con innovación y firmeza, los problemas económicos, sociales y ambientales actuales.
Morimoto subrayó que el contexto exige que México fortalezca su integración a cadenas regionales y globales de valor y aproveche la digitalización para atraer inversión sostenible. El trabajo conjunto con la Subsecretaría de Industria y Comercio se presenta como una oportunidad para acompañar la política industrial con una visión de desarrollo humano.
Implicaciones para la política industrial mexicana
El memorando permite diseñar políticas públicas orientadas a la transformación digital y a la integración de grupos históricamente excluidos de los procesos económicos. Las autoridades consideran que la competitividad futura dependerá de la capacidad para combinar modernización productiva con reducción de desigualdades territoriales y sociales.
La alianza también busca responder a la necesidad de que los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera más equitativa entre las distintas entidades federativas. Los funcionarios involucrados coincidieron en que la generación de evidencia técnica será fundamental para evaluar el impacto de las intervenciones y ajustar las estrategias según los resultados obtenidos.
