La nueva revisión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) coloca a México ante un problema que rebasa el dato puntual del producto interno bruto. El organismo redujo de 1.5 a 1.3 por ciento su previsión de crecimiento para la economía mexicana en 2026, aunque todavía espera una recuperación frente al avance de apenas 0.5 por ciento registrado en 2025. Para 2027 anticipa una expansión de 1.9 por ciento, una cifra superior a la esperada por varios grupos de analistas, pero insuficiente para modificar por sí sola la trayectoria estructural del país.
La diferencia entre una desaceleración temporal y una trampa de bajo crecimiento es decisiva. En el primer caso, una economía puede recuperar dinamismo cuando mejora el entorno externo, bajan las tasas de interés o se normaliza una interrupción productiva. En el segundo, los factores que frenan la actividad se refuerzan entre sí: la baja inversión limita la productividad, la productividad débil reduce los salarios y los incentivos para invertir, y la informalidad estrecha la base fiscal necesaria para financiar infraestructura, educación y seguridad. La advertencia de la Cepal apunta precisamente a este círculo.
Una recuperación que todavía no cambia la tendencia
El repunte previsto para México en 2026 tiene un aspecto favorable: implicaría abandonar el ritmo excepcionalmente bajo de 2025 y evitar una contracción. También podría aliviar parte de la presión sobre el empleo, el consumo y las finanzas públicas. Sin embargo, un crecimiento de 1.3 por ciento apenas supera el aumento de la población y difícilmente generará una mejora perceptible del ingreso por habitante. Si la expansión se concentra en algunos sectores o regiones, la percepción de recuperación podría ser aún más limitada para los hogares.
La comparación regional vuelve más evidente el desafío. La Cepal calcula un crecimiento promedio de 2.2 por ciento para América Latina y el Caribe en 2026, mientras que México se ubicaría en 1.3 por ciento. Para el periodo 2025-2027, las previsiones disponibles implican un crecimiento promedio mexicano cercano a 1.2 por ciento anual, prácticamente la mitad del ritmo regional. No se trata sólo de que otros países crezcan más en un año determinado: la brecha sostenida puede afectar la posición relativa de México para atraer capital, ampliar mercados y elevar su productividad.
La trayectoria histórica explica por qué el dato merece atención. Entre 1990 y 2025, la economía mexicana creció a una tasa anual promedio de 2 por ciento, por debajo del 2.4 por ciento registrado en el conjunto de América Latina. Aunque entre 2014 y 2023 México superó el promedio regional, con una expansión de 1.5 por ciento frente a 0.9 por ciento, los resultados de 2024 y 2025 volvieron a situarlo por debajo de sus pares. La recuperación proyectada no garantiza que el país haya dejado atrás esa pérdida de dinamismo.
El costo social se acumula con el tiempo
Un crecimiento bajo no produce necesariamente una crisis inmediata, pero sí puede deteriorar de manera gradual las condiciones económicas. El primer impacto recae sobre la creación de empleos formales. Cuando las empresas enfrentan una demanda débil y mayores costos financieros, suelen posponer contrataciones, reducir proyectos de expansión o recurrir a esquemas temporales. Esto afecta especialmente a jóvenes, trabajadores con menor capacitación y regiones que dependen de pocas actividades productivas.
El segundo efecto se relaciona con los salarios y la movilidad social. Una economía que crece poco tiene menos margen para elevar remuneraciones sin presionar los costos de las empresas. Incluso cuando el empleo formal aumenta, puede hacerlo en sectores de baja productividad y con oportunidades limitadas de capacitación. El resultado es una mayor dificultad para que los hogares mejoren de forma sostenida su ingreso real, sobre todo si el avance de los precios en servicios esenciales, vivienda y transporte absorbe parte de las mejoras salariales.
El bajo crecimiento también restringe la capacidad del Estado. Menor actividad significa una recaudación más débil si no se amplía la base tributaria, mientras que las necesidades de gasto en salud, educación, infraestructura, seguridad y protección social siguen creciendo. En ese contexto, el gobierno enfrenta una disyuntiva compleja: aumentar el gasto para sostener la demanda puede elevar las presiones fiscales, pero reducirlo demasiado puede profundizar la desaceleración y retrasar inversiones que elevarían la capacidad productiva.
Inversión y productividad, el punto de quiebre
La recomendación de la Cepal de elevar la inversión y la productividad tiene una implicación concreta: México necesita que la expansión no dependa principalmente del consumo, de las exportaciones vinculadas al ciclo estadounidense o de ingresos extraordinarios. El consumo puede sostener la actividad durante un periodo, pero no sustituye la formación de capital. Sin nuevas plantas, mejores redes eléctricas, transporte eficiente, conectividad digital y capacitación laboral, la economía tendrá dificultades para producir más con los mismos recursos.
La oportunidad más visible está vinculada a la reorganización de las cadenas globales de suministro. La cercanía con Estados Unidos, la red de tratados comerciales y la experiencia manufacturera dan a México ventajas para captar proyectos de relocalización. Una llegada mayor de inversiones podría generar empleos, desarrollar proveedores nacionales y transferir tecnología. Pero esos beneficios no son automáticos. Si las nuevas plantas operan como enclaves con pocos insumos locales, el impacto sobre la productividad nacional será menor y la economía continuará dependiendo de decisiones tomadas fuera del país.
Para convertir esa oportunidad en crecimiento duradero se requiere certidumbre regulatoria, disponibilidad de energía, agua y suelo industrial, además de aduanas y transporte capaces de atender una mayor demanda. También es necesario que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a financiamiento y certificaciones para integrarse a las cadenas de suministro. Sin esa red de proveedores, la inversión extranjera puede aumentar las exportaciones sin generar una transformación equivalente en el tejido productivo interno.
La informalidad amplía la vulnerabilidad
La elevada informalidad señalada por el organismo regional constituye tanto una causa como una consecuencia del bajo crecimiento. Las unidades informales suelen tener menor acceso al crédito, invertir menos en tecnología y ofrecer capacitación limitada. Al mismo tiempo, los trabajadores sin seguridad social enfrentan mayor incertidumbre y consumen con cautela, mientras el Estado deja de recaudar recursos que podrían financiar bienes públicos. Esta combinación reduce la productividad y debilita la capacidad de respuesta ante una desaceleración.
La formalización, sin embargo, no puede reducirse a una campaña de inspecciones o a mayores sanciones. Para muchas empresas pequeñas, incorporarse al régimen formal implica costos laborales, fiscales y administrativos que no corresponden con sus márgenes. Una política eficaz tendría que simplificar trámites, mejorar el acceso a crédito, ofrecer capacitación y asegurar que la formalidad produzca beneficios tangibles, como salud, pensiones, protección laboral y oportunidades de contratación pública. De lo contrario, el riesgo es desplazar actividades hacia la clandestinidad sin aumentar su productividad.
Riesgos externos y decisiones internas
Las proyecciones de la Cepal están sujetas a una incertidumbre considerable. La economía mexicana mantiene una fuerte dependencia del desempeño de Estados Unidos, destino principal de sus exportaciones. Un enfriamiento de la demanda estadounidense, nuevas medidas comerciales o una modificación de las reglas de origen podrían afectar manufacturas, transporte y empleo en los estados más integrados a Norteamérica. Las tensiones geopolíticas también pueden alterar costos logísticos y disponibilidad de insumos, incluso si algunas empresas buscan trasladar operaciones a la región.
En el frente interno, las tasas de interés, la confianza empresarial y la evolución de la inversión serán determinantes. Una política monetaria más restrictiva durante más tiempo encarece el crédito para hogares y empresas; una reducción demasiado rápida, por otra parte, podría reavivar presiones inflacionarias o generar volatilidad financiera. Las finanzas públicas representan otro foco de atención: si el espacio presupuestario se reduce, cualquier choque externo tendría efectos más intensos sobre la inversión pública y los programas sociales.
Existe además un riesgo de interpretación. Un crecimiento de 1.9 por ciento en 2027 podría presentarse como una normalización suficiente, aunque esa tasa seguiría siendo modesta para un país con necesidades importantes de empleo, infraestructura y reducción de desigualdades. La cifra agregada tampoco muestra cómo se distribuye el crecimiento. Un resultado favorable en sectores exportadores puede coexistir con estancamiento en servicios locales, agricultura o regiones con menor conexión logística. La evaluación debe incluir productividad, ingreso por habitante, calidad del empleo y participación de empresas nacionales.
Una salida gradual, pero verificable
La respuesta exige continuidad más que anuncios aislados. Elevar la inversión pública y privada tendría que acompañarse de proyectos con evaluación técnica, transparencia y capacidad real de ejecución. En energía y agua, la planeación de largo plazo es especialmente importante, porque la falta de suministro confiable puede impedir que se materialicen inversiones ya identificadas. En educación y capacitación, el objetivo debería ser vincular las habilidades de los trabajadores con las necesidades de las industrias que se pretende atraer.
También conviene establecer indicadores que permitan distinguir un avance genuino de una recuperación estadística. Entre ellos están la inversión fija como proporción del producto, la productividad por trabajador, el número de empleos formales, la participación de proveedores mexicanos en las exportaciones y la reducción de brechas regionales. Sin mediciones de este tipo, la discusión puede quedar atrapada en revisiones trimestrales y perder de vista el problema central: la capacidad de crecer de forma sostenida.
México conserva activos relevantes: una base manufacturera amplia, integración comercial, una posición geográfica privilegiada y un mercado interno significativo. Esos factores pueden amortiguar los riesgos y abrir una etapa de mayor inversión si se combinan con reglas claras, infraestructura suficiente y políticas que integren a las empresas pequeñas. Pero las ventajas existentes no sustituyen las reformas y decisiones de política que requiere una economía con productividad estancada.
La advertencia de la Cepal no implica que el país esté condenado a permanecer en la trampa de bajo crecimiento. Sí indica que una mejora de algunos décimos en la tasa anual no bastará para salir de ella. El desafío será transformar la recuperación prevista para 2026 y 2027 en una base de inversión, formalización y productividad. Si ese proceso no avanza, México podría mantener estabilidad macroeconómica y crecimiento positivo, pero con ingresos por habitante estancados, desigualdades persistentes y un margen cada vez menor para responder a futuras crisis.
