En Honduras, para una micro o pequeña empresa vender más puede significar trabajar más sin ganar más. El problema no se explica por una sola factura ni por una amenaza aislada, sino por la acumulación de costos que golpean a negocios con poco margen financiero: electricidad cara, interrupciones del servicio, pérdida de productos perecederos, alquileres, salarios, impuestos y cobros de extorsión. La advertencia formulada por José Castañeda, representante del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), revela una presión que está empujando a algunos emprendedores a cerrar locales, reducir operaciones o trasladarse a sus viviendas.
La dimensión más importante del fenómeno no está únicamente en cuántos establecimientos han cerrado, una cifra que el dirigente empresarial no pudo precisar, sino en la transformación silenciosa de la actividad económica. Cuando un comercio abandona su local y opera desde casa, no siempre desaparece del mercado, pero sí reduce su exposición, su capacidad de contratar, su visibilidad y sus posibilidades de crecer. El desplazamiento hacia la informalidad puede ocultar parte del deterioro empresarial y hacer que las estadísticas de cierres subestimen la magnitud real del problema.
El apagón no termina cuando vuelve la electricidad
Los comercios que dependen de la refrigeración enfrentan una vulnerabilidad particular. Restaurantes, comedores, carnicerías y pequeños negocios de alimentos necesitan mantener la cadena de frío para proteger carnes, lácteos y otros productos perecederos. Una interrupción de varias horas puede detener la preparación, impedir las ventas y convertir el inventario en una pérdida inmediata. El comerciante no solo deja de facturar durante el apagón: también debe reemplazar mercancía que ya no puede vender.
Esta diferencia es decisiva para entender por qué el costo energético no puede medirse únicamente con el precio del kilovatio hora. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica estableció para el tercer trimestre de 2026 una tarifa de L6,4693 por kilovatio hora para el servicio general en baja tensión, categoría en la que se ubican distintos establecimientos comerciales. Para una empresa con equipos de refrigeración funcionando durante toda la jornada, el consumo representa un gasto fijo relevante. Si el suministro es inestable, esa tarifa se convierte además en el precio de una operación expuesta a pérdidas imprevistas.
El razonamiento económico es directo: más consumo eleva la factura; menos consumo puede deteriorar la calidad del servicio ofrecido. Un restaurante que apaga parte de sus equipos para reducir gastos arriesga inventario y seguridad alimentaria. Una carnicería que no puede conservar adecuadamente sus productos pierde ventas y reputación. Un comercio que compra un generador enfrenta el costo del combustible, mantenimiento y adquisición del equipo. En todos los casos, la empresa paga por la energía y también por la incertidumbre que rodea su disponibilidad.
La frase de Castañeda, según la cual algunos propietarios terminan pagando la planilla y los gastos operativos sin obtener prácticamente utilidad, señala un punto que suele quedar fuera del debate público. La supervivencia de un negocio no depende de que registre ventas, sino de que esas ventas dejen un margen después de cubrir todos los costos. Cuando el margen es estrecho, un solo apagón con pérdida de inventario puede borrar la utilidad de varios días. Dos o tres incidentes en un mes pueden convertir una dificultad temporal en una decisión de cierre.
La tarifa es el síntoma visible de una crisis mayor
El precio de la electricidad concentra la molestia de los comerciantes, pero el origen del problema es más amplio. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa enfrentando elevados niveles de pérdidas, una situación que debilita sus finanzas y limita su capacidad para invertir en redes, mantenimiento y calidad del suministro. En su revisión de 2026, el Fondo Monetario Internacional señaló que las pérdidas eléctricas siguen siendo uno de los principales factores detrás de las dificultades financieras de la empresa y situó en 33,2% la meta para junio.
La relación entre pérdidas y Mipymes opera en dos direcciones. Por un lado, una empresa pública financieramente debilitada tiene menos margen para mejorar la infraestructura y responder con rapidez a las fallas. Por otro, el sistema puede trasladar parte de sus desequilibrios a los usuarios mediante tarifas, ajustes o una calidad de servicio insuficiente. El pequeño comerciante queda atrapado entre ambos extremos: no tiene capacidad para influir en la estructura del sistema y tampoco puede absorber indefinidamente sus consecuencias.
La discusión sobre reformas energéticas en el Congreso, por tanto, no es un asunto exclusivamente técnico ni una disputa abstracta sobre la administración de la ENEE. Para las Mipymes, una reforma que reduzca pérdidas y mejore la continuidad del servicio podría liberar recursos para contratar personal, reponer inventario o invertir en equipos. Pero una reforma incompleta, retrasada por diferencias políticas o centrada únicamente en modificar tarifas, podría dejar intacto el problema operativo. Reducir el precio nominal sin corregir los apagones no eliminaría el costo real que afrontan los negocios.
El Estado, la ENEE y la CREE tienen intereses distintos a los de los comerciantes. Las autoridades deben preservar la sostenibilidad financiera del sistema y garantizar el suministro; los usuarios empresariales exigen previsibilidad y precios compatibles con su capacidad de pago. El conflicto aparece cuando la recuperación financiera se busca sin mecanismos que reconozcan el daño producido por interrupciones reiteradas. La transparencia sobre pérdidas, inversiones, calidad del servicio y criterios tarifarios resulta indispensable para que el debate no se reduzca a acusaciones entre sectores.
La extorsión convierte el riesgo en un costo permanente
La segunda presión tiene una naturaleza diferente. La electricidad puede ser cara o irregular, pero la extorsión introduce una amenaza directa contra la integridad del comerciante, su familia y sus trabajadores. El pago exigido por una estructura criminal no aparece en ningún estado de resultados formal, aunque funciona como un costo periódico. Si el negocio deja de pagar, el riesgo puede incluir agresiones, daños materiales, ataques contra empleados o represalias contra familiares.
Castañeda aseguró que comerciantes continúan cerrando o abandonando establecimientos por amenazas, aunque reconoció que no existen estadísticas oficiales nacionales para cuantificar los cierres atribuibles a este fenómeno. Esa ausencia de datos no invalida la denuncia, pero sí limita la capacidad de diseñar políticas precisas. Sin información sobre sectores, municipios, tamaño de los negocios, frecuencia de los cobros y modalidades utilizadas, las autoridades tienen dificultades para distinguir entre zonas de alta concentración criminal y patrones que se están expandiendo.
Los operativos recientes muestran, sin embargo, que la extorsión conserva una estructura organizada. En marzo, la Policía informó sobre la desarticulación de una red que utilizaba billeteras electrónicas y operaba en ocho departamentos, con ingresos de varios millones de lempiras mediante cobros extorsivos. En julio, el Ministerio Público y la Policía Nacional anunciaron una estrategia conjunta para fortalecer las investigaciones, seguir el movimiento del dinero y enfrentar nuevas modalidades. El uso de medios digitales indica que las redes pueden adaptarse a controles sobre el efectivo y ampliar su alcance sin necesidad de presencia física permanente.
El segundo hallazgo relevante es que la extorsión no solo extrae dinero: altera las decisiones empresariales. Un propietario puede mantener abierto un local porque sus ventas cubren la cuota criminal, pero cerrar cuando la factura eléctrica aumenta o el inventario se pierde por un apagón. La criminalidad interactúa con los demás costos y eleva el umbral mínimo de ingresos necesario para sobrevivir. Por eso, medir cada problema por separado puede ocultar la forma en que ambos se refuerzan.
Una empresa pequeña no tiene una segunda línea de defensa
Las grandes compañías suelen contar con generadores, seguros, varios puntos de venta, departamentos legales y reservas para absorber una contingencia. Una microempresa suele depender de un único local, de un inventario limitado y del ingreso diario para pagar sus obligaciones. El dueño puede ser al mismo tiempo administrador, comprador, vendedor y responsable de la seguridad del establecimiento. Esa concentración de funciones reduce la capacidad de respuesta cuando aparecen problemas simultáneos.
La vulnerabilidad también tiene una dimensión laboral y familiar. En muchos casos, el negocio representa el principal ingreso del hogar. El cierre no implica solamente la pérdida de una unidad productiva, sino la interrupción de una fuente de sustento para el propietario, sus dependientes y los trabajadores contratados. Cuando la actividad se traslada a la vivienda, el ahorro del alquiler puede preservar el ingreso familiar en el corto plazo, pero mezcla espacio doméstico y laboral, reduce la formalidad y dificulta la contratación de personal.
Esta es la primera conclusión que suele quedar subestimada: el doble golpe no está produciendo solo menos ganancias, sino una selección regresiva de empresas. Los negocios con capital, seguros o capacidad de diversificación pueden resistir más tiempo. Los que tienen menor respaldo abandonan primero los locales formales. El resultado puede ser una economía con menos establecimientos visibles, menos empleo registrado y mayor concentración de la actividad en empresas capaces de financiar protección y continuidad operativa.
La segunda conclusión es que la extorsión y la crisis eléctrica se potencian porque afectan la previsibilidad. Un comerciante puede calcular una factura mensual o negociar un alquiler, pero no puede presupuestar con seguridad la frecuencia de los apagones ni la evolución de un cobro criminal. Sin previsibilidad, incluso un negocio con ventas suficientes puede parecer inviable para invertir. La incertidumbre tiene un costo de oportunidad: el emprendedor posterga la compra de equipo, la ampliación del local y la contratación de trabajadores.
La tercera conclusión apunta a la política pública. Las medidas aisladas tendrán un efecto limitado. Un programa de apoyo energético que no mejore la seguridad no impedirá el cierre de establecimientos amenazados. Más patrullajes en zonas comerciales, sin una solución a los cortes y a la pérdida de inventario, tampoco resolverá la presión financiera. La respuesta debe combinar continuidad eléctrica, persecución del flujo financiero de las redes criminales, protección a denunciantes y mecanismos de compensación o gestión de riesgos para sectores especialmente expuestos.
Entre la denuncia empresarial y la respuesta institucional
Las Mipymes piden menores costos y condiciones que permitan trabajar formalmente. Su argumento es que la formalidad pierde atractivo cuando el empresario cumple con impuestos, salarios y facturas, pero no recibe un servicio eléctrico confiable ni seguridad suficiente. Desde esa perspectiva, cada nuevo requisito sin una mejora equivalente en infraestructura y protección puede empujar a más negocios hacia la informalidad.
Las autoridades, por su parte, deben evitar que la ausencia de estadísticas sea utilizada para ignorar el problema. La falta de una cifra nacional de cierres por extorsión no significa que el impacto sea marginal; significa que el fenómeno no está siendo medido con suficiente precisión. Un registro coordinado entre municipios, Policía, Ministerio Público, organizaciones empresariales y entidades financieras permitiría conocer la evolución de los cobros, detectar patrones territoriales y evaluar si las investigaciones están reduciendo la capacidad operativa de las redes.
También existe una controversia sobre quién debe asumir las pérdidas derivadas de los apagones. Los comerciantes sostienen que no pueden cargar con mercancía dañada cuando la interrupción no depende de ellos. La empresa eléctrica enfrenta, en cambio, restricciones financieras y dificultades sistémicas. Sin reglas claras para documentar daños, reclamar compensaciones y distinguir fallas extraordinarias de interrupciones recurrentes, el riesgo seguirá trasladándose al actor más débil: el pequeño usuario comercial.
El próximo año puede definir quién permanece en el mercado
La evolución del sector dependerá de tres variables que avanzan a ritmos distintos. La primera es la reforma energética y su capacidad para reducir las pérdidas de la ENEE sin generar nuevos desequilibrios tarifarios. La segunda es la eficacia de la estrategia contra la extorsión, especialmente en el seguimiento de billeteras electrónicas y otros canales de pago. La tercera es la posibilidad de que las Mipymes accedan a financiamiento para adquirir respaldo eléctrico, mejorar la refrigeración y proteger sus operaciones.
Si las reformas se retrasan, la tendencia más probable será la reducción gradual de horarios, inventarios y empleo antes que el cierre inmediato. Muchos empresarios intentarán sobrevivir operando menos horas, comprando cantidades menores y trasladando parte de la actividad a sus casas. Ese ajuste puede contener pérdidas en el corto plazo, pero deteriora la oferta local, encarece ciertos productos y debilita la base tributaria. La desaparición será lenta y, por ello, menos visible que una ola de quiebras.
El riesgo más serio es que la combinación de costos normalice el abandono de la formalidad. Cuando el local formal se vuelve caro y peligroso, la vivienda aparece como refugio económico. Pero esa solución reduce la trazabilidad de las operaciones, limita el acceso a crédito y puede trasladar el riesgo criminal al entorno familiar. También complica la supervisión sanitaria en los negocios de alimentos y reduce la capacidad del Estado para conocer cuánta actividad se está perdiendo.
Honduras todavía puede contener esa trayectoria si trata la energía y la seguridad como condiciones de productividad, no como asuntos separados. La continuidad del suministro debe medirse por su efecto sobre los usuarios comerciales, no solo por indicadores generales de generación. La lucha contra la extorsión debe evaluar cuántos negocios pueden abrir, permanecer y crecer después de una operación policial, no únicamente cuántas personas fueron detenidas. Para las Mipymes, la verdadera recuperación comenzará cuando vender vuelva a ser una forma razonable de obtener utilidad y no una apuesta diaria contra la factura eléctrica, el inventario perdido y la amenaza criminal.
