La sanción aplicada por el Soapap durante la gestión de Gustavo Gaytán Alcaraz evidenció una respuesta institucional limitada frente a incumplimientos contractuales graves. Agua de Puebla alcanzó apenas nueve de los 31 indicadores de desempeño establecidos para el año 10 de la concesión, lo que representa un cumplimiento inferior al 30 por ciento. La multa de dos millones de pesos contrasta con el volumen de quejas ciudadanas y con las observaciones del propio gobernador sobre el servicio.
Indicadores por rubro y contraste con las metas contractuales
El desglose por categorías revela la magnitud del incumplimiento. En agua potable se cumplieron solo cuatro de 17 estándares; en drenaje, uno de cinco; en saneamiento, dos de cuatro; y en gestión, dos de cinco. Estos resultados surgen de la verificación cruzada entre los reportes de la empresa y los registros independientes del Soapap. La brecha entre lo reportado y lo constatado sugiere que los mecanismos de supervisión previos no detectaron a tiempo las desviaciones en la operación.
El bajo cumplimiento en drenaje y saneamiento coincide con los problemas de inundaciones registrados en meses recientes. Las familias afectadas perdieron patrimonio precisamente en zonas donde la infraestructura hidráulica no recibió las inversiones necesarias para absorber el volumen de agua durante la temporada de lluvias. Esta situación convierte los indicadores fallidos en consecuencias tangibles para la población.
Historia contractual y endurecimiento de penalidades
El Título de Concesión firmado en diciembre de 2013 tiene vigencia de 30 años y 113 días, con un límite máximo de 60 años aunque se apliquen prórrogas. Hasta 2025 se habían firmado tres convenios modificatorios, siendo el último el que introdujo penalidades más severas. La condición 19.11 permitió ajustar las cláusulas contractuales, pero solo a partir de ese tercer acuerdo se establecieron mecanismos de sanción más estrictos para incumplimientos reiterados.
La multa de dos millones de pesos corresponde al ejercicio 2024, cuando aún regían las reglas anteriores. La transición hacia condiciones más exigentes plantea la pregunta de si las evaluaciones futuras aplicarán los nuevos criterios de manera retroactiva o si los periodos anteriores quedarán cubiertos únicamente por las sanciones ya impuestas.
Costos de una eventual revocación y responsabilidades compartidas
La directora del Soapap advirtió que cualquier proceso de rescate de la concesión requiere revisión jurídica exhaustiva. Las cláusulas 16.3 y 16.4 obligan al Estado a indemnizar al concesionario en caso de revocación por incumplimientos graves o causa de utilidad pública. Además, el gobierno estatal debería asumir los costos operativos del servicio, lo que añade una carga presupuestal considerable.
La legisladora Leonela Jazmín Martínez señaló que el acceso al agua potable no puede tratarse como mercancía y que Puebla no debe seguir atada a contratos que socializan pérdidas mientras privatizan ganancias. Esta observación conecta la multa reducida con un modelo de concesión que, hasta ahora, no ha generado incentivos suficientes para mejorar la infraestructura ni la calidad del servicio.
El director de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, informó que entre enero y mayo de 2026 se retiraron 14 toneladas de residuos mediante labores de desazolve y que la empresa invirtió más de dos mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Sin embargo, estas cifras no compensan el hecho de que más del 70 por ciento de los estándares contractuales permanecieron sin cumplirse durante el periodo evaluado.
