José Raúl Mulino presentó el 1 de julio el inicio de una segunda etapa de su gobierno ante la Asamblea Nacional. Tras dos años dedicados a ordenar las finanzas públicas y reactivar obras detenidas, el presidente anunció que el país entra ahora en una fase centrada en la creación de empleo privado y el bienestar directo de las familias a través del programa Panamá Pa’ Ti.
El contexto que heredó Mulino incluía un déficit fiscal elevado, una administración con proyectos paralizados y una pérdida de credibilidad ante organismos internacionales. Durante los primeros veinticuatro meses, el gobierno optó por reducir el déficit, frenar el ritmo de endeudamiento y evitar recortes masivos en la planilla estatal o aumentos tributarios. Esa estrategia, aunque impopular en el corto plazo, permitió estabilizar las cuentas sin trasladar el ajuste directamente a los contribuyentes.
El ajuste fiscal como condición previa
La decisión de no recortar un 20 % la planilla ni subir impuestos respondió a una lectura política clara: cualquier medida que aumentara el costo de vida de los panameños habría erosionado el apoyo social necesario para sostener reformas posteriores. Al rechazar esas opciones, Mulino priorizó la recuperación de la calificación crediticia del país. Esa mejora se traduce en tasas de interés más bajas para futuros préstamos soberanos y mayor atractivo para la inversión extranjera directa. Sin embargo, el propio mandatario reconoció que la estabilidad macroeconómica aún no se percibe en los hogares, donde el empleo y el poder adquisitivo siguen siendo las principales preocupaciones.
El programa Panamá Pa’ Ti concentra cuatro ejes: empleo, salud, canasta básica y agua. El empleo aparece como el primer pilar porque Mulino entiende que solo la generación de puestos de trabajo privados puede sostener el consumo interno y reducir la dependencia de transferencias estatales. La meta de 80 000 nuevos empleos no estatales se apoya principalmente en la construcción de viviendas accesibles, especialmente en el interior del país. Cada vivienda genera demanda de materiales, mano de obra local y servicios conexos, creando un efecto multiplicador que se extiende a pequeños comercios y proveedores regionales.
Infraestructura como motor de empleo regional
Los proyectos mencionados por Mulino —Línea 3 del Metro, Cuarto Puente sobre el Canal, Corredor de las Playas y la carretera Loma Campana-Santiago— ya muestran avances medibles. El Cuarto Puente, por ejemplo, pasó de menos del 1 % de ejecución al inicio de la administración a un 38 % actual, con 2 000 trabajadores activos y otros 2 000 previstos. La instrucción presidencial de contratar personal de las zonas cercanas a las obras busca evitar que los beneficios se concentren únicamente en empresas nacionales o extranjeras con sede en la capital. Este enfoque puede reducir tensiones sociales en provincias donde el desempleo juvenil supera el promedio nacional.
La ley de incentivos turísticos y el programa Talent Up Panamá con Google apuntan a diversificar las fuentes de empleo más allá de la construcción. La capacitación gratuita en inteligencia artificial, computación en la nube y ciberseguridad para 10 000 personas busca cerrar la brecha de habilidades que limita la inserción de jóvenes en sectores de alto valor agregado. Si el programa logra tasas de colocación superiores al 60 %, Panamá podría repetir el modelo que Costa Rica aplicó hace una década para atraer servicios digitales.
Financiamiento directo al sector privado
La alianza con BID Invest por 1 000 millones de dólares representa un cambio en la lógica de financiamiento público. Los recursos no pasarán por el presupuesto nacional, sino que se canalizarán directamente a pequeñas y medianas empresas con capacidad de generar puestos de trabajo. Esta modalidad reduce el riesgo de desviación de fondos y acelera la llegada del capital a sectores como agroindustria y logística. En Colón, la expansión de la Zona Libre por 250 millones de dólares a partir de noviembre añade otro polo de demanda laboral en una provincia históricamente golpeada por el cierre de la refinería y la contracción del comercio.
El debate minero y el tren Panamá-David
Mulino evitó adelantar una decisión sobre la mina, limitándose a señalar que el informe técnico ya está disponible y será analizado por un equipo interministerial. Al rechazar tanto el “sí porque sí” como el “no porque no”, el presidente plantea un debate basado en datos de impacto ambiental, regalías y empleo. Cualquier resolución que se adopte tendrá efectos duraderos en la relación entre Estado y comunidades indígenas, así como en la percepción de riesgo país para futuros proyectos extractivos.
El tren Panamá-David, ya no concebido solo como infraestructura de transporte sino como obra de integración nacional, enfrenta un horizonte de ejecución que supera el actual período presidencial. Su viabilidad técnica ya fue validada por un estudio internacional, pero requerirá financiamiento mixto y consenso legislativo. Proyectos de esta escala suelen generar entre 8 000 y 12 000 empleos directos durante la fase de construcción y modifican la distribución territorial del crecimiento económico al conectar el occidente del país con el área metropolitana.
Riesgos de ejecución y control legislativo
La elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea Nacional refuerza el control de las bancadas oficialistas sobre el Legislativo. Esa alineación facilita la aprobación de incentivos fiscales y reformas laborales, pero también reduce los contrapesos necesarios para fiscalizar el uso de los recursos anunciados. La experiencia de administraciones anteriores muestra que los programas de vivienda y capacitación pierden efectividad cuando los mecanismos de rendición de cuentas son débiles. Mulino deberá demostrar que los anuncios se traducen en licitaciones transparentes, cronogramas públicos y metas verificables para evitar que el discurso de la nueva etapa quede en promesas sin fecha de cumplimiento.
El éxito de Panamá Pa’ Ti dependerá de la capacidad del sector privado para absorber los incentivos y de la habilidad del gobierno para mantener la disciplina fiscal mientras aumenta el gasto social focalizado. Si la creación de empleos alcanza la meta proyectada, Panamá podría reducir su tasa de desempleo estructural en dos puntos porcentuales hacia 2028 y mejorar los indicadores de desigualdad regional. De lo contrario, el país repetirá el ciclo de anuncios sin resultados que ha caracterizado varios períodos presidenciales recientes.
