El informe de la consultora 1816 revela que casi siete millones de personas han quedado excluidas del sistema crediticio formal tras diecinueve meses consecutivos de aumento en la morosidad. Esta cifra, derivada de los datos de la Central de Deudores del BCRA, no solo refleja un deterioro en la capacidad de pago de los hogares, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del consumo impulsado por el crédito en los próximos años. El hecho de que la irregularidad haya pasado del 2,5 % en octubre de 2024 al 12,7 % en mayo de 2026 evidencia un cambio estructural en el comportamiento de pago de las familias argentinas.
Uno de los efectos más inmediatos se observa en el sector bancario. Las entidades privadas han reducido drásticamente la originación de préstamos durante los primeros meses del año, mientras que la banca pública ha mantenido un volumen estable para evitar una caída más pronunciada del crédito total. Esta divergencia genera un riesgo de concentración: si la morosidad sigue subiendo, las instituciones con mayor exposición al segmento de familias podrían enfrentar presiones sobre su capital y rentabilidad. Al mismo tiempo, el bajo peso relativo del crédito en la economía argentina —según el propio informe— permite que el PBI continúe expandiéndose aunque el financiamiento no actúe como motor, lo que representa un amortiguador parcial frente a un escenario de restricción crediticia generalizada.
Efectos diferenciados por edad y grupo social
El impacto más severo recae sobre los menores de 35 años, donde cuatro de cada diez personas con préstamos activos presentan al menos una obligación en mora. Esta situación no solo limita su acceso futuro al crédito formal, sino que también puede traducirse en un menor consumo de bienes durables y vivienda en los próximos años. Los datos muestran que la irregularidad alcanza el 42,8 % entre los de 18 a 25 años y el 39,3 % entre los de 26 a 35, porcentajes que superan ampliamente el promedio general. A largo plazo, esta exclusión puede profundizar la brecha generacional en la acumulación de patrimonio y en la capacidad de las nuevas cohortes para iniciar proyectos productivos o familiares.
Para las entidades no financieras, que representan alrededor del 17 % del financiamiento a familias, la morosidad trepó al 32,2 % en mayo, frente a menos del 10 % un año y medio atrás. Este segmento, que incluye financieras de consumo y tarjetas de crédito no bancarias, suele atender a población de menores ingresos. Su deterioro indica que las dificultades de pago ya no se limitan a los préstamos hipotecarios o personales tradicionales, sino que abarcan el crédito de corto plazo utilizado para cubrir gastos corrientes. El riesgo aquí radica en que una mayor proporción de familias quede atrapada en ciclos de endeudamiento costoso, reduciendo su margen de maniobra ante eventuales shocks de ingresos.
Implicancias macroeconómicas y políticas
Desde la perspectiva macroeconómica, la prioridad gubernamental sigue siendo el control del tipo de cambio, y la relativa estabilidad de tasas y dólar desde marzo ha permitido contener la volatilidad. Sin embargo, la persistencia de la morosidad podría obligar a una revisión de las políticas de estímulo al consumo. Si el crédito deja de ser un motor relevante hasta las elecciones de 2027, el crecimiento dependerá más de la recuperación del empleo formal y de los salarios reales. Esta dependencia introduce un elemento de incertidumbre: cualquier deterioro adicional en el mercado laboral podría amplificar la tasa de irregularidad y generar un círculo vicioso de menor demanda agregada.
El informe señala que para que la mora descienda, el stock total de financiaciones debería crecer más rápido que los préstamos en situación irregular. Hasta ahora, el crédito en pesos al sector privado se ha mantenido prácticamente estable en términos reales, lo que dificulta la normalización del indicador. Las entidades más grandes han registrado subas de mora en 26 de los 30 casos analizados, lo que sugiere que el problema es sistémico y no aislado a instituciones específicas. Un escenario de mayor exigencia regulatoria sobre provisiones podría derivar en menor oferta de crédito nuevo, especialmente hacia los segmentos más jóvenes y de menores ingresos.
Riesgos y factores de mitigación
Entre los riesgos identificados se encuentra la posibilidad de que el “efecto aguinaldo” de junio y julio no sea suficiente para revertir la tendencia alcista. Los datos oficiales de mayo se publicarán a fines de julio, pero la consultora ya anticipó con precisión los valores anteriores, lo que otorga credibilidad a sus proyecciones. Si la irregularidad continúa en ascenso, el sistema financiero podría enfrentar presiones sobre su capacidad de intermediación, limitando el financiamiento a la inversión productiva en un momento en que la economía necesita reactivación.
Por otro lado, el escaso peso del crédito en el PBI actúa como factor de contención: una contracción adicional del financiamiento no necesariamente se traducirá en una caída abrupta de la actividad. Además, la banca pública ha demostrado capacidad para sostener el volumen de préstamos, lo que podría funcionar como estabilizador parcial. No obstante, esta estrategia tiene límites fiscales y de riesgo crediticio que podrían volverse visibles si la morosidad se mantiene elevada por más tiempo del previsto.
En síntesis, el aumento sostenido de la morosidad configura un escenario de exclusión financiera para millones de personas, con efectos particularmente intensos entre los jóvenes, y plantea desafíos tanto para la rentabilidad bancaria como para la dinámica del consumo. Aunque el bajo nivel de endeudamiento de la economía ofrece un margen de maniobra, la persistencia del fenómeno exige seguimiento cercano de los próximos datos y una evaluación prudente de las políticas que puedan mitigar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
