Hace veinte años, durante la campaña presidencial de 2006, el eslogan “López Obrador es un peligro para México” marcó un punto de inflexión en la polarización política del país. Dos décadas después, con Morena en el poder desde 2018 y Claudia Sheinbaum en la presidencia desde 2024, la pregunta sobre si ese partido se convirtió en un riesgo real para la estabilidad nacional exige un examen más allá de la propaganda original. Los datos muestran que tres decisiones estructurales —la relación con el crimen organizado, el manejo de las finanzas públicas y el debilitamiento de contrapesos institucionales— han producido efectos medibles que trascienden la figura de Andrés Manuel López Obrador.
La convergencia con el crimen organizado y su impacto territorial
La política de “abrazos, no balazos” y la tolerancia selectiva hacia ciertos grupos delictivos permitieron que el control territorial de los cárteles se expandiera de manera significativa. Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2018 y 2025 el número de municipios con presencia dominante de grupos criminales pasó de aproximadamente 180 a más de 320. Esta expansión no solo elevó las tasas de extorsión y desplazamiento forzado, sino que deterioró la relación bilateral con Estados Unidos al punto de que, por primera vez en décadas, se suspendieron temporalmente programas de cooperación en inteligencia y extradiciones.
Desde la perspectiva de los gobiernos estatales de oposición, esta estrategia generó un vacío de autoridad que obligó a varias entidades a crear sus propias unidades de autodefensa o reforzar policías locales con recursos propios. En contraste, funcionarios de Morena argumentan que la reducción de enfrentamientos directos entre fuerzas federales y criminales ha disminuido la violencia visible en ciertas zonas. Sin embargo, los datos de homicidios del INEGI muestran que la tasa nacional se mantuvo por encima de 25 por cada 100 mil habitantes durante todo el periodo, con incrementos notables en estados como Michoacán y Guerrero.
El desequilibrio fiscal y sus consecuencias estructurales
El segundo factor de riesgo radica en la trayectoria de las finanzas públicas. Durante el sexenio de López Obrador el déficit se mantuvo en niveles moderados hasta 2023, pero en 2024 alcanzó 5.8 puntos del PIB, el nivel más alto desde 1989. Esta cifra, impulsada por gasto preelectoral en programas sociales y obras de infraestructura, fue calificada por Moody’s y Fitch como un cambio de carácter estructural más que coyuntural. Como resultado, los mercados de bonos soberanos han incorporado una probabilidad superior al 40 % de que México pierda el grado de inversión antes de 2028.
El efecto inmediato se observa en el encarecimiento del servicio de la deuda. El costo promedio de colocación de bonos del gobierno federal pasó de 7.2 % en 2023 a 9.1 % en 2025, según datos de Banxico. Para los gobiernos estatales y municipales, muchos de los cuales dependen de participaciones federales, esta situación reduce el margen para inversión productiva y aumenta la presión sobre servicios básicos como salud y educación. Organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial han advertido que la combinación de déficit elevado y menor certidumbre jurídica podría traducirse en una caída de la inversión fija bruta de entre 1.5 y 2 puntos del PIB en los próximos dos años.
Concentración de poder y erosión de contrapesos
El tercer elemento es la reconfiguración institucional. La reforma judicial de 2024, la desaparición de varios órganos autónomos y el control mayoritario de Morena en el Congreso y en la mayoría de las gubernaturas han eliminado los mecanismos de revisión horizontal que existían antes de 2018. El Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, aunque formalmente vigentes, operan con mayorías afines al partido gobernante, lo que reduce su capacidad de actuar como árbitros independientes.
Desde la óptica de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta concentración representa un retroceso en los estándares de independencia judicial alcanzados tras la alternancia de 2000. Para sectores de la sociedad civil y académicos, el riesgo principal no es un golpe de Estado clásico, sino una erosión gradual que dificulta la rendición de cuentas y favorece la impunidad en casos de corrupción o violaciones a derechos humanos. Morena, por su parte, sostiene que estas reformas democratizan instituciones antes capturadas por élites.
Escenarios futuros y riesgos acumulados
La interacción de estos tres factores genera trayectorias plausibles de mediano plazo. Una de ellas es la pérdida del grado de inversión, que podría desencadenar salidas de capitales de cartera y presionar el tipo de cambio, elevando la inflación importada. Otra posibilidad es el aumento de la influencia criminal sobre procesos electorales locales, ya visible en algunas regiones, lo que complicaría aún más la relación con Estados Unidos y la Unión Europea. Finalmente, la ausencia de contrapesos institucionales reduce los canales institucionales para procesar conflictos sociales, aumentando la probabilidad de movilizaciones extrainstitucionales.
Ninguno de estos riesgos es inevitable, pero todos derivan de decisiones tomadas entre 2018 y 2025 que modificaron las reglas del juego económico, de seguridad y político. El saldo actual muestra un país con mayor exposición a choques externos y menor capacidad de respuesta institucional que en 2018.
