Milei rechaza rescates estatales por la morosidad

El presidente Javier Milei descartó que el Gobierno tenga responsabilidad directa en el aumento de la morosidad y rechazó cualquier auxilio estatal para deudores. Durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, sostuvo que el incumplimiento debe analizarse como resultado de contratos privados y de un cambio en el mercado crediticio, no como una crisis que justifique la intervención oficial.

Un problema ligado al ciclo del crédito

Según Milei, la suba del riesgo país y de las tasas durante la segunda mitad de 2025 llevó a los bancos a restringir los préstamos. Por eso, afirmó que la mora actual se concentra en créditos otorgados en 2024, cuando el deterioro de la actividad, la caída de los ingresos reales y el freno salarial redujeron la capacidad de pago de familias y empresas. La demanda que quedó fuera del sistema bancario se desplazó hacia entidades no financieras y billeteras virtuales, donde el mayor riesgo implicó tasas más elevadas.

El mandatario también relativizó la dimensión del fenómeno al comparar la mora argentina con la de Estados Unidos, que ubicó en torno del 13%. Su argumento central es que la recuperación del crédito al sector privado, después de un período en que los bancos financiaban principalmente al Banco Central, amplió naturalmente la exposición al incumplimiento. La comparación, sin embargo, no elimina el impacto social de la deuda ni las diferencias entre mercados, ingresos y condiciones de acceso al financiamiento.

La negativa a rescatar deudores se basa en el concepto de riesgo moral: para Milei, socializar pérdidas de prestatarios o entidades financieras incentivaría decisiones más riesgosas y trasladaría a toda la sociedad el costo de acuerdos celebrados entre particulares. Como alternativa, mencionó refinanciaciones bancarias a tres años con tasas cercanas al 20% y una mejora en la información entregada a los clientes. El Gobierno limitará así su papel a facilitar la renegociación y reforzar la educación financiera, mientras el debate sobre la protección de los hogares endeudados queda abierto de cara a las elecciones de 2027.

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