El regreso a México no siempre representa el cierre de una historia migratoria. Para miles de mujeres que trabajaron durante décadas en Estados Unidos, volver puede significar enfrentar enfermedades crónicas, dependencia funcional, viudez, falta de ingresos y una red de apoyo insuficiente. La advertencia formulada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coloca en primer plano una etapa poco estudiada del fenómeno migratorio: la vejez de quienes cruzaron la frontera para trabajar y que, al retornar, encuentran un país distinto al que dejaron y servicios públicos que no necesariamente responden a sus trayectorias.
Los datos del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2021 (ENASEM) permiten dimensionar el problema. Cerca de un millón de personas de 65 años o más declaró haber migrado alguna vez a Estados Unidos por motivos laborales; más de 259 mil 900 eran mujeres. Entre las migrantes mayores, 43.9 por ciento presentaba multimorbilidad, es decir, al menos dos enfermedades crónicas, frente a 40.3 por ciento de las mujeres de la misma edad que no migraron. La diferencia porcentual puede parecer limitada, pero adquiere relevancia cuando se observa junto con la dependencia funcional: 29.9 por ciento de las migrantes requería asistencia o apoyo para desenvolverse, frente a 26.8 por ciento de las no migrantes.
Una migración nacida de la necesidad
La movilidad femenina hacia Estados Unidos cambió de naturaleza con el paso de las décadas. Ya no puede explicarse únicamente como acompañamiento de esposos o familiares. Erika Martínez López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que muchas mujeres migraron por pobreza, desempleo y la necesidad de sostener a sus hogares. Llegaron jóvenes, en edad reproductiva y con la expectativa de mejorar las condiciones familiares, pero con frecuencia se incorporaron a empleos mal remunerados, informales o carentes de seguridad social.
La trayectoria descrita por las investigadoras es reconocible en sectores como el trabajo doméstico, el cuidado de personas, la agricultura, la limpieza y los servicios de alimentos. Son actividades que suelen demandar un esfuerzo físico intenso, presentan elevada rotación y, en numerosos casos, no garantizan acceso continuo a consultas médicas, pensiones o indemnizaciones. Una mujer que encadena dos o tres empleos para pagar renta, enviar remesas y cubrir gastos de sus hijos puede aumentar sus ingresos inmediatos, pero también reducir el tiempo disponible para atender síntomas, prevenir enfermedades o construir un ahorro para la vejez.
Ese intercambio entre ingreso presente y protección futura explica parte de la vulnerabilidad observada en la edad avanzada. La migración puede haber mejorado el consumo familiar durante ciertos periodos, pero no necesariamente produjo patrimonio individual. Algunas mujeres regresan sin una vivienda propia, sin un negocio consolidado y sin una pensión suficiente. El resultado es una paradoja: contribuyeron durante años a la economía de dos países, pero al envejecer pueden quedar fuera de los sistemas formales de protección de ambos.
El género modifica el costo del retorno
Las cifras de la UNAM muestran que las mujeres migrantes mayores enfrentan una situación más desfavorable que los hombres migrantes de su misma edad. La dependencia funcional alcanza 29.9 por ciento entre ellas, contra 19.4 por ciento entre ellos. La brecha no es sólo biológica. Está relacionada con la división sexual del trabajo, la concentración femenina en empleos precarios y la responsabilidad prolongada de cuidar a hijos, parejas, personas enfermas y adultos mayores.
Durante la vida laboral, muchas mujeres postergan su propia atención para priorizar las necesidades del hogar. En el país de destino pueden evitar acudir al médico por temor a perder el empleo, por falta de cobertura o por dificultades relacionadas con el idioma y la situación migratoria. Cuando regresan, enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis o padecimientos cardiovasculares pueden encontrarse avanzadas y combinarse con limitaciones de movilidad, pérdida de visión o deterioro emocional.
El dato de que 45.9 por ciento de las adultas mayores migrantes son viudas agrega otra capa de riesgo. La viudez puede implicar la pérdida de ingresos, de vivienda o de la persona que realizaba tareas cotidianas. En un hogar transnacional, además, los hijos pueden residir en Estados Unidos o en otras ciudades, de modo que la cercanía familiar no garantiza cuidados permanentes. El retorno puede reunir a la familia, pero también trasladar a las mujeres mayores la expectativa de que apoyen en el cuidado de nietos, aun cuando ellas mismas necesitan asistencia.
Volver a un país que también cambió
La decisión de retornar suele interpretarse como una elección plenamente voluntaria, pero en la vejez puede estar condicionada por enfermedad, agotamiento, deportación, pérdida del empleo o necesidad de cuidados. Daniela Castro Alquicira, moderadora del seminario de la UNAM, subrayó que la experiencia migratoria depende de su duración, el destino, el tipo de trabajo y el momento en que ocurre el regreso. No enfrenta las mismas condiciones quien vuelve con ahorros y vivienda que quien retorna después de una expulsión y con tratamientos médicos pendientes.
El país al que regresan tampoco es idéntico al que dejaron. Las localidades de origen pueden haber perdido población, empleos y servicios; algunas mujeres vuelven a comunidades rurales con dificultades de transporte, escasez de especialistas y centros de salud sin capacidad para atender enfermedades complejas. Aunque 77.2 por ciento prefiere vivir en zonas urbanas para mantenerse cerca de hijos y nietos, las ciudades tampoco ofrecen automáticamente una solución. El costo de la vivienda, la inseguridad, la distancia a clínicas y la falta de redes comunitarias pueden convertir la cercanía geográfica en una integración frágil.
La urbanización del retorno tiene consecuencias para la planeación pública. Una mujer que se instala en una zona metropolitana requiere medicamentos, consultas, transporte accesible y, en algunos casos, apoyo para bañarse, cocinar o desplazarse. Si sus familiares trabajan jornadas extensas, la responsabilidad termina recayendo en otra mujer del hogar, generalmente una hija o nuera. De esta manera, la insuficiencia de servicios públicos reproduce el trabajo de cuidados no remunerado y puede limitar la participación laboral de la siguiente generación.
La deuda de los sistemas de protección
El principal desafío consiste en dejar de considerar a estas mujeres como beneficiarias genéricas de programas sociales. Sus necesidades están marcadas por una historia de movilidad internacional, empleos fragmentados y posibles periodos sin cotización. Un sistema de salud diseñado sólo para atender la edad puede pasar por alto secuelas laborales, tratamientos iniciados en Estados Unidos, expedientes médicos incompletos o dificultades para adquirir medicamentos de forma continua.
La atención efectiva exige coordinación entre instituciones mexicanas y, cuando sea posible, mecanismos de intercambio de información con autoridades y proveedores estadounidenses. También requiere reconocer documentos de diagnóstico, facilitar la incorporación a servicios de salud al momento del retorno y crear rutas de atención para quienes no cuentan con comprobantes de residencia o afiliación. Sin esta continuidad, una enfermedad controlada en el extranjero puede descompensarse al cambiar de clínica, de medicamento o de médico.
En materia económica, las políticas deberían distinguir entre retorno planificado y retorno forzado. Los apoyos temporales para el traslado son insuficientes cuando la persona vuelve con una discapacidad o sin ingresos estables. Se necesitan pensiones no contributivas con cobertura real, orientación sobre derechos laborales acumulados, asesoría para recuperar recursos de seguridad social y programas de vivienda adaptada. Para quienes desean emprender, el crédito debe acompañarse de capacitación y considerar que la edad, la salud y la ausencia de capital vuelven poco realista exigirles una reinserción empresarial convencional.
El impacto se extiende a las familias
La salud de las mujeres retornadas no es un asunto individual. Si una abuela enferma necesita apoyo diario, la familia debe reorganizar horarios, ingresos y vivienda. En hogares de bajos recursos, una hija puede abandonar un empleo para cuidarla; un nieto puede asumir tareas domésticas; o los familiares que permanecen en Estados Unidos pueden aumentar el envío de remesas. Cada alternativa tiene un costo y puede profundizar desigualdades que ya existían antes de la migración.
La situación también modifica el papel que tradicionalmente se atribuye a las remesas. Durante la etapa laboral, el dinero enviado al país de origen suele sostener alimentación, educación, vivienda o atención médica de otros integrantes. En el retorno, la dirección de la dependencia puede invertirse: la mujer que antes enviaba recursos pasa a requerirlos. Cuando no existen ahorros ni pensión, las remesas dejan de ser una herramienta de desarrollo familiar y se convierten en un mecanismo de supervivencia, sujeto a la capacidad económica de hijos y parientes.
El fenómeno puede adquirir mayor dimensión conforme envejezcan las generaciones que migraron durante las últimas décadas. La población mexicana de edad avanzada crecerá, mientras las familias serán más pequeñas y estarán más dispersas territorialmente. Esto reduce la disponibilidad de cuidadores y eleva la presión sobre hospitales, servicios de atención primaria y sistemas de protección social. La advertencia de la UNAM, por tanto, no se refiere únicamente a un grupo de 259 mil mujeres: anticipa una demanda creciente de cuidados de larga duración.
Del retorno estadístico a una política de cuidados
El primer paso para responder es producir información más precisa. Hace falta saber cuántas mujeres retornan cada año, en qué condiciones migratorias, con qué enfermedades, dónde se establecen y qué tipo de apoyo reciben. También debe diferenciarse entre quienes regresan por decisión propia, quienes son deportadas y quienes permanecen en Estados Unidos sin acceso regular a servicios. Sin esa desagregación, los programas pueden medir el retorno como movimiento fronterizo y no como proceso social prolongado.
La política de cuidados tendría que combinar prevención, rehabilitación y apoyo a las familias. Centros de día, atención domiciliaria, transporte para consultas, capacitación de cuidadoras y servicios de salud mental serían medidas más eficaces que las intervenciones aisladas. En comunidades rurales, brigadas móviles y promotoras locales podrían reducir la distancia entre las pacientes y el sistema sanitario. En las ciudades, los municipios pueden identificar a mujeres mayores que viven solas y conectarles con redes de atención antes de que una emergencia las lleve al hospital.
La forma en que México atienda a estas mujeres tendrá efectos sobre la confianza en las instituciones y sobre las decisiones migratorias de las generaciones siguientes. Si el retorno se asocia con abandono, enfermedad y empobrecimiento, las familias pueden interpretar la migración como una obligación sin protección de largo plazo. Si existen mecanismos de seguridad social portables, atención médica continua y apoyos para una vejez digna, el trabajo migrante dejará de ser una promesa basada únicamente en el sacrificio individual.
Las cifras presentadas por la UNAM obligan a mirar la migración desde su desenlace y no sólo desde el cruce fronterizo o el envío de remesas. Las mujeres que regresan llevan consigo décadas de trabajo, cuidados y contribuciones económicas que no aparecen completas en las estadísticas laborales. Reconocer esa deuda implica diseñar respuestas públicas que atiendan su salud, sus ingresos, su vivienda y sus vínculos familiares. El retorno no concluye cuando una persona pisa nuevamente México; comienza entonces una etapa que requiere derechos, acompañamiento y capacidad institucional.
