Meta inició este martes en California un juicio que podría obligarla a modificar funciones centrales de Facebook e Instagram, reforzar las protecciones para menores y limitar la forma en que recopila y utiliza datos personales. La demanda, presentada por una coalición de 29 estados, coloca a la compañía ante uno de los mayores desafíos legales de su historia en Estados Unidos y abre la posibilidad de un precedente para otras plataformas sociales.
Los abogados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que encabezan el grupo bipartidista, expondrán sus alegatos iniciales ante un jurado de ocho personas en Oakland. Aunque el veredicto será consultivo, la decisión final recaerá en la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers, quien también tendría la facultad de imponer sanciones civiles y ordenar cambios operativos si concluye que Meta es responsable.
Las acusaciones contra la plataforma
El caso reúne dos frentes. Por un lado, los cuatro estados demandantes sostienen que Meta diseñó Facebook e Instagram para generar adicción entre niños y adolescentes, con efectos que incluirían ansiedad, depresión e incluso suicidio. También alegan que la empresa engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas, al presentar sus servicios como espacios más protegidos de lo que, según los demandantes, en realidad eran.
Por otro, los 29 estados acusan a la compañía de haber violado la ley federal al recopilar y usar de forma indebida datos personales de menores mientras estos interactuaban en sus aplicaciones. Esa segunda línea es especialmente sensible porque no se limita al daño psicológico o al diseño de producto, sino que cuestiona el modelo de negocio que sostiene la publicidad dirigida en redes sociales.
La defensa de Meta y el alcance del juicio
Meta sostiene que ha hecho un esfuerzo considerable para proteger a los niños en internet y que no emitió declaraciones engañosas sobre la seguridad de sus servicios. La compañía también afirma que los estados no han demostrado que sus residentes hayan sufrido daños atribuibles a sus plataformas. En el juicio se espera la comparecencia de Mark Zuckerberg, cofundador y presidente ejecutivo, y de Adam Mosseri, director de Instagram, dos testigos que pueden ser decisivos para explicar la estrategia de producto y las decisiones internas sobre seguridad.
El proceso está previsto para durar seis semanas. Más allá de la disputa concreta, el caso se sigue con atención porque podría definir hasta dónde pueden llegar los reguladores estatales al cuestionar el diseño de plataformas digitales basadas en la captación de atención y el uso intensivo de datos. Si el tribunal avala la tesis de los fiscales, Meta no solo se expondría a una multa de gran magnitud, sino también a medidas que afectarían la arquitectura misma de Facebook e Instagram.
Los fiscales generales aún no han fijado una sanción exacta, pero la semana pasada señalaron en una audiencia que el monto podría rondar los 200.000 millones de dólares, cifra equivalente a unos tres años de beneficios netos de Meta. Esa referencia ayuda a dimensionar el pleito: no se trata solo de una controversia regulatoria más, sino de una presión financiera y reputacional que podría obligar a la empresa a reescribir parte de su relación con los usuarios más jóvenes y con los datos que genera su negocio.
