El canciller Friedrich Merz presentó el jueves un conjunto de 34 medidas destinadas a revitalizar la mayor economía de Europa. Tras siete horas de negociaciones entre conservadores y socialdemócratas, el gobierno acordó rebajar la carga fiscal de los hogares de ingresos medios y bajos, elevar el tipo máximo del impuesto sobre la renta del 45 % al 47 % para quienes superen los 280 000 euros anuales y destinar el ahorro obtenido, calculado en 10 000 millones de euros al año, a compensaciones para las clases trabajadoras.
La reforma fiscal, que se aplicará de forma progresiva hasta 2028, supondrá un ahorro medio de 600 euros anuales para una familia con dos hijos y 60 000 euros de renta conjunta. El Ejecutivo sostiene que esta redistribución permitirá mantener el nivel de los servicios públicos sin aumentar la presión sobre las rentas más bajas.
Cambios en pensiones y absentismo laboral
El paquete incluye el ajuste gradual de la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos convocado por el propio gobierno. El objetivo declarado es evitar la erosión de las prestaciones y contener el aumento de las cotizaciones sociales. En paralelo, se elimina la posibilidad de solicitar la baja por enfermedad por teléfono y se exige certificado médico presencial desde el primer día de ausencia, una medida que busca reducir el elevado índice de absentismo que, según Merz, afecta la productividad nacional.
Además, el plan contempla la simplificación de trámites burocráticos, la reducción de estándares de protección de datos al mínimo exigido por la Unión Europea, la agilización de la declaración de la renta y una disminución del 8 % en la plantilla de los ministerios federales mediante procesos de digitalización.
Contexto económico y desafíos estructurales
La economía alemana encadenó dos años de contracción antes de registrar un crecimiento modesto en 2025. Para el presente ejercicio, el gobierno prevé una expansión del 0,5 %, limitada por el encarecimiento de la energía tras la guerra en Ucrania, los aranceles impuestos por Estados Unidos, la competencia de empresas chinas y el envejecimiento demográfico. Estos factores estructurales explican por qué las reformas anunciadas se centran tanto en el alivio fiscal como en la contención del gasto en pensiones y bajas laborales.
El paquete fiscal busca equilibrar dos objetivos en tensión: preservar el Estado del bienestar y, al mismo tiempo, reducir la carga que recae sobre trabajadores y empresas. La decisión de elevar el tipo marginal máximo para las rentas más altas refleja la necesidad de obtener recursos sin recurrir a recortes generalizados en servicios públicos.
Reacciones de empresarios, sindicatos y oposición
Las organizaciones empresariales han valorado positivamente las medidas, especialmente las relacionadas con la simplificación administrativa y la contención de costes laborales. En cambio, los sindicatos IG Metall y Verdi han criticado la eliminación de la baja por teléfono y el retraso de la edad de jubilación, acusando al gobierno de fomentar una “cultura de desconfianza” hacia los trabajadores. La líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, describió las reformas como “concesiones mínimas” insuficientes para abordar los problemas de fondo.
El economista Marcel Fratzscher, presidente del instituto DIW, señaló que el paquete tiene un carácter más simbólico que transformador. Esta apreciación coincide con la percepción de que la coalición ha dedicado más tiempo a resolver tensiones internas que a impulsar cambios estructurales de mayor alcance durante el primer año de mandato de Merz.
El éxito de estas reformas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del gobierno para mantener el apoyo de una coalición que ha mostrado signos de desgaste. En un contexto marcado por presiones externas e internas, el paquete representa un intento de recomponer el rumbo económico sin alterar sustancialmente el modelo social alemán.
