La promulgación de la Ley de Cuidados de la Ciudad de México marca un hito al establecer el primer marco normativo de su tipo en América Latina. La norma reconoce el derecho a cuidar y ser cuidado, obliga a la creación de infraestructura pública permanente y plantea la remuneración del trabajo de cuidados que realizan principalmente mujeres. Según datos oficiales, el 80 % de quienes dedican más de 40 horas semanales al cuidado de familiares en la capital son mujeres, mientras que a nivel nacional este trabajo no remunerado representa el 25 % del PIB, equivalente a más de cuatro billones de pesos.
La jefa de Gobierno instruyó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social conformar un grupo de especialistas para realizar la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Este ejercicio servirá como base para diseñar mecanismos de reconocimiento económico, derechos laborales, capacitación y acceso a servicios de salud física y mental para las personas cuidadoras. La ley entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y contempla la construcción de 100 nuevas Utopías, 200 Casas de las Tres R, 300 Centros de Cuidado Infantil, 200 Casas de Día para personas mayores y 200 espacios para personas con discapacidad durante el sexenio.
Valoración económica y cambio de paradigma
La decisión de calcular el valor económico del trabajo de cuidados introduce una variable nueva en la contabilidad pública de la capital. Hasta ahora, el PIB mexicano solo registra actividades mercantiles; incorporar el trabajo no remunerado podría elevar de forma significativa las estimaciones del aporte real de las mujeres a la economía. Un cálculo conservador basado en el salario mínimo vigente sugiere que remunerar solo 20 horas semanales a las cuidadoras principales de la ciudad requeriría recursos anuales superiores a los 18 mil millones de pesos. Esta cifra obliga a repensar la asignación presupuestal y plantea la necesidad de fuentes de financiamiento sostenibles más allá de los recursos ordinarios del erario local.
El reconocimiento económico no solo modifica la percepción social del cuidado, sino que también puede alterar las dinámicas intrafamiliares. Cuando el Estado asigna un valor monetario al trabajo que antes se consideraba “natural” de las mujeres, se genera un incentivo para que los hombres participen en mayor medida. Sin embargo, experiencias similares en países europeos muestran que los pagos por cuidados suelen ser bajos y no siempre logran redistribuir las cargas de manera equitativa si no van acompañados de licencias parentales obligatorias y campañas de sensibilización.
Perspectivas de los actores involucrados
Los grupos parlamentarios que aprobaron la ley por unanimidad coinciden en que el principal desafío radica en su aplicación. La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, enfatizó que “hoy empieza el reto verdadero: que la ley sea implementada en todas las alcaldías”. El coordinador del PAN, Andrés Atayde, advirtió que el éxito dependerá de la capacidad de traducir la norma en reglas de operación concretas y recursos asignados. Por su parte, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, destacó que la red de cuidados debe construirse a partir de las Utopías ya existentes, pero advirtió que “todos en algún momento vamos a tener que cuidar o que nos cuiden”.
La coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, celebró que la capital convierta en política pública los compromisos de la Agenda 2030, pero insistió en la necesidad de garantizar recursos sostenibles, fortalecer capacidades institucionales y establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Las cuidadoras consultadas durante el proceso legislativo —más de 600 mil personas— expresaron que, pese a dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de otros, “no se sienten cuidadas”.
Riesgos estructurales y escenarios futuros
Uno de los riesgos más evidentes es la insuficiencia presupuestal. La experiencia de programas similares en América Latina muestra que, sin asignaciones anuales blindadas, las iniciativas de cuidado terminan reducidas a declaraciones de principios. Otro riesgo es la fragmentación institucional: la ley involucra a múltiples secretarías y alcaldías, y la falta de coordinación podría generar duplicidades o vacíos de atención. Además, la profesionalización de las cuidadoras plantea interrogantes sobre certificación, estándares de calidad y posibles barreras de entrada para mujeres con menor escolaridad.
A futuro, la Ciudad de México podría convertirse en un laboratorio regional. Si la contabilidad oficial del trabajo de cuidados se realiza con metodología robusta y transparencia, otras entidades podrían replicar el modelo. No obstante, un cambio de administración o una contracción económica podrían frenar la expansión de la infraestructura prevista. La clave radicará en convertir el reconocimiento legal en un sistema operativo que combine transferencias directas, servicios públicos de calidad y corresponsabilidad entre Estado, mercado y familias.
