La Universidad de Guadalajara (UdeG) reducirá 16.66 % la jornada de su personal administrativo y operativo a partir del 1 de octubre de 2026, antes de que concluya el proceso de reforma laboral en la materia. La medida mantendrá intactos los salarios y las prestaciones, por lo que el cambio se concentrará exclusivamente en el tiempo de trabajo.
El ajuste beneficiará proporcionalmente a quienes actualmente laboran 48, 40 y 36 horas semanales. Sus nuevas jornadas serán de 40 horas, 33 horas con 20 minutos y 30 horas, respectivamente. La primera etapa abarcará la Administración General y las preparatorias; en noviembre se extenderá a los centros universitarios.
El reto será sostener los servicios
La rectora general, Karla Planter Pérez, presentó la decisión como una política de bienestar y dignidad laboral, vinculada con el derecho al descanso, la salud, la convivencia familiar y el desarrollo personal. Sin embargo, su viabilidad dependerá de que la reducción horaria no genere interrupciones, sobrecargas o una transferencia informal de tareas fuera del horario.
La UdeG asegura haber probado el esquema en las coordinaciones de Finanzas y Control Escolar, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y varias preparatorias. Según el sindicato universitario, el pilotaje mostró que es posible conservar la atención y los resultados mediante una organización más eficiente y una gestión orientada a objetivos.
La coordinadora de Recursos Humanos, Mirna Elizabeth González Barrera, reiteró que no habrá disminuciones en las percepciones laborales. El principal cambio institucional será, por tanto, reorganizar procesos, responsabilidades y cobertura para que una jornada más corta sea compatible con la continuidad de los servicios universitarios.
Con esta decisión, la UdeG se posiciona como una de las primeras instituciones públicas en adelantar una reducción laboral de alcance general. El resultado será evaluado no solo por las horas recuperadas por el personal, sino por la capacidad de preservar la calidad operativa sin ampliar costos ocultos ni deteriorar la atención a estudiantes y usuarios.
