El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes activado por el Gobierno en abril ya ha tenido un efecto visible en el mercado laboral: hasta el 31 de agosto, 337.917 personas obtuvieron una afiliación a la Seguridad Social y otras 40.000 figuran como demandantes de empleo. La relación entre ambas cifras, con 8,4 nuevos cotizantes por cada parado registrado, apunta a que la principal consecuencia inmediata ha sido la incorporación de trabajadores que antes permanecían fuera de los registros administrativos.
Nueve de cada diez se integran en la afiliación
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, subrayó que alrededor de nueve de cada diez inmigrantes regularizados han pasado a nutrir las estadísticas de afiliación. El dato es relevante porque permite distinguir entre el aumento del paro registrado y una destrucción de empleo: parte de quienes aparecen ahora en las oficinas públicas de empleo acceden por primera vez a los servicios de intermediación laboral tras obtener una situación documental regular.
Pérez Rey defendió que ese tránsito por las listas de demandantes tendrá un carácter coyuntural y, en muchos casos, administrativo, vinculado a formalizar una contratación o iniciar una búsqueda de empleo con respaldo institucional. También precisó que la mayoría de estas personas, al proceder previsiblemente del colectivo sin empleo anterior, no tendría derecho a una prestación contributiva por desempleo. Sí adquiere, en cambio, las garantías de atención y acompañamiento de los servicios públicos de empleo.
Una estadística que refleja afloramiento de actividad
La regularización altera la fotografía estadística por dos vías simultáneas. Por un lado, convierte en cotizantes a personas que podían estar trabajando sin una relación laboral plenamente visible para la Seguridad Social. Por otro, incorpora a los registros de empleo a quienes estaban fuera de los circuitos públicos de colocación. Por ello, el aumento de 40.000 parados no puede interpretarse de forma aislada como un deterioro del mercado de trabajo; debe leerse junto a la expansión mucho mayor de la afiliación y al cambio de estatus administrativo de los afectados.
La calidad y duración de los empleos que se consoliden será el indicador decisivo en los próximos meses. La afiliación inicial acredita una entrada formal al sistema, pero no permite por sí sola medir la estabilidad contractual, los salarios ni la continuidad de la actividad. La capacidad de las oficinas de empleo para conectar a los nuevos demandantes con vacantes y formación será determinante para que la regularización se traduzca en integración laboral sostenida.
Colombia y Venezuela concentran casi la mitad de las altas
Por nacionalidades, los ciudadanos colombianos lideran el incremento de afiliación asociado al proceso, con 97.376 altas, seguidos por los venezolanos, con 66.733. Entre ambos grupos suman cerca de la mitad del total registrado a finales de agosto. Esta concentración revela el peso de los flujos migratorios latinoamericanos en la incorporación reciente al empleo formal español y puede orientar la planificación de los servicios de acogida, orientación profesional y reconocimiento de cualificaciones.
La estructura de la afiliación muestra además una inserción predominantemente asalariada. Un total de 269.627 personas, el 79,8 % del conjunto, quedó encuadrado en el régimen general de la Seguridad Social. Los trabajadores autónomos fueron 16.912, equivalentes al 5 %. La diferencia sugiere que el efecto inmediato del proceso se está produciendo sobre todo mediante relaciones laborales por cuenta ajena, mientras el autoempleo mantiene un peso menor en esta primera fase.
Madrid y Cataluña, principales polos de absorción
Madrid concentró 64.815 nuevas afiliaciones procedentes de la regularización y Cataluña, 64.332. Les siguieron Andalucía, con 44.291, y la Comunidad Valenciana, con 39.830. Cerca del 40 % de los nuevos cotizantes se localiza en las dos primeras comunidades, una distribución coherente con su peso demográfico, la amplitud de sus mercados de trabajo y la concentración de actividades intensivas en mano de obra y servicios.
También persiste una diferencia por sexo: los hombres representan el 60,2 % de las afiliaciones contabilizadas, con 203.418 personas, frente a 134.499 mujeres, el 39,8 %. El desequilibrio obliga a observar si responde a la composición de las solicitudes, a la mayor presencia masculina en sectores que formalizan empleo con rapidez o a obstáculos específicos que afectan a la inserción de las mujeres migrantes. La información disponible no permite atribuir una causa única, pero sí identifica una brecha que deberá seguirse en las próximas actualizaciones.
El resultado aún es provisional
El procedimiento administrativo cerró la presentación de expedientes el 30 de junio, con 1,1 millones de solicitudes, pero su impacto estadístico seguirá evolucionando a medida que se resuelvan los casos pendientes. La distancia entre ese volumen de expedientes y las altas ya contabilizadas indica que los datos de agosto son una primera medición, no el balance final. El alcance definitivo dependerá tanto del ritmo de resolución como de la capacidad del mercado laboral para absorber a quienes obtengan autorización y para sostener su permanencia en la economía formal.
