Un mes después de la instalación de la Mesa de Diálogo venezolana, la principal advertencia no es que el proceso carezca de avances, sino que esos avances podrían ser confundidos prematuramente con una transición democrática. El informe del Laboratorio de Paz, titulado Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia?, sitúa al país en una zona de incertidumbre política: hay señales de apertura, acuerdos institucionales y nuevos canales de interlocución, pero aún no existen garantías suficientes para afirmar que el sistema se dirige hacia una democracia funcional.
La diferencia es decisiva. Una apertura puede aliviar la presión sobre sectores sociales, permitir críticas antes restringidas y generar negociaciones entre actores enfrentados. Sin embargo, la democratización exige algo más difícil de comprobar: reglas públicas, instituciones capaces de limitar a quienes gobiernan, competencia electoral verificable y derechos que no dependan de acuerdos circunstanciales. Para LabPaz, la pregunta no es únicamente si Venezuela está cambiando, sino quién controla ese cambio, bajo qué procedimientos y con qué capacidad ciudadana para vigilarlo.
Los acuerdos existen, pero los asuntos decisivos siguen pendientes
La Mesa, encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, acordó una metodología de trabajo y principios generales. En su primer ciclo de conversaciones, celebrado entre el 6 y el 12 de agosto, anunció dos compromisos concretos: avanzar hacia la renovación total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y promover conjuntamente la recuperación de reservas venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra para atender las consecuencias del terremoto y otras necesidades sociales.
Ambos puntos tienen peso político y material. La recomposición del TSJ podría afectar la arquitectura judicial que durante años fue cuestionada por su falta de independencia, mientras que el acceso a recursos externos puede incidir en una emergencia social. Pero ninguno de los dos acuerdos responde por sí solo al problema de legitimidad que arrastra el país. La renovación de un tribunal no garantiza una justicia autónoma si los criterios de selección, la transparencia del proceso y la rendición de cuentas permanecen bajo control de las mismas estructuras de poder.
La misma cautela se aplica a la anunciada recomposición del Consejo Nacional Electoral. Un organismo con integrantes de procedencias más diversas no se convierte automáticamente en árbitro imparcial. El estándar relevante será si puede organizar elecciones competitivas, publicar resultados verificables, proteger el sufragio y tomar decisiones incluso cuando estas contradigan los intereses de quienes contribuyeron a designarlo. Sin calendario electoral ni condiciones definidas, la promesa de reinstitucionalización conserva un margen amplio de ambigüedad.
La “zona gris” describe un riesgo más complejo que el fracaso
LabPaz recupera la tesis formulada por el politólogo Thomas Carothers en 2002, cuando cuestionó la idea de que toda salida del autoritarismo desemboca necesariamente en democracia. Carothers identificó una amplia “zona gris” entre ambos extremos: países con elecciones, pluralismo parcial y cierta apertura pública, pero con instituciones débiles y una concentración de poder que vuelve limitada la alternancia real.
Ese marco resulta pertinente porque el riesgo venezolano no se reduce a que la mesa se rompa o a que las reformas sean abandonadas. También existe la posibilidad de que el proceso produzca un país más estable, menos cerrado y con mayor capacidad de negociación, sin corregir las condiciones que impiden el control democrático del poder. Una mejora relativa en el clima político puede ser valiosa para una sociedad agotada, pero no debería funcionar como sustituto de reformas estructurales.
El informe distingue dos posibles trayectorias. La primera es el “pluralismo ineficaz”, donde fuerzas políticas diversas participan y hasta pueden alternarse, pero las instituciones no responden a la ciudadanía ni resisten las presiones de las élites. La segunda es la “política del poder dominante”, en la que existen partidos opositores y elecciones, aunque una fuerza conserva ventajas estructurales mediante el uso de recursos públicos, medios estatales, burocracia, justicia y capacidades coercitivas. En ambos casos, la apariencia de competencia puede ocultar una desigualdad persistente.
El origen de la crisis no desapareció con el cambio de escenario
La actual negociación se desarrolla sobre una crisis cuya raíz inmediata está en la elección presidencial del 28 de julio de 2026. El régimen no logró demostrar, mediante resultados desagregados y verificables, la victoria atribuida a Nicolás Maduro. La represión posterior contra protestas, dirigentes y organizaciones sociales profundizó una disputa de legitimidad que no quedó resuelta con la captura y extracción de Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero.
Delcy Rodríguez ejerce el poder sin haber sido elegida para la Presidencia, y esa situación se volvió más controvertida tras vencerse el plazo constitucional de 180 días previsto para una administración provisional o interina. A ello se añade la influencia de Estados Unidos sobre decisiones políticas, económicas e institucionales. La presión externa puede desbloquear asuntos que los actores nacionales no habían podido mover, pero también puede desplazar la iniciativa política venezolana hacia una tutela difícil de revertir.
La expectativa de una transición inevitable se alimenta de las fases anunciadas por Washington: estabilización, recuperación y transición. Sin embargo, un esquema externo no sustituye la construcción de legitimidad interna. La democracia no se mide por la existencia de una ruta anunciada, sino por la posibilidad de que ciudadanos, organizaciones y adversarios políticos intervengan en ella sin coerción y con reglas conocidas.
Los derechos no deberían quedar sujetos a la negociación
Las excarcelaciones recientes constituyen un alivio concreto para las personas beneficiadas y sus familias. Aun así, LabPaz subraya que la liberación plena de los detenidos por motivos políticos no ha sido incorporada como exigencia central de la Mesa. Mantener causas judiciales abiertas, restricciones o amenazas de rearresto prolonga el efecto disciplinador de la detención y envía una señal adversa a la participación pública.
La organización plantea una distinción básica: la libertad de una persona privada arbitrariamente de ella no es una concesión que pueda intercambiarse por beneficios políticos. Es una obligación estatal vinculada a derechos humanos. Convertir esos casos en moneda de negociación reduce la responsabilidad institucional y normaliza que el Estado administre selectivamente garantías que deberían ser universales.
La apertura solo tendrá dirección democrática si hay vigilancia social
El acceso limitado a las sesiones centrales y la escasa información sobre sus deliberaciones aumentan la necesidad de escrutinio público. La discreción puede facilitar acuerdos iniciales entre partes que desconfían mutuamente, pero no puede convertirse en una suspensión indefinida del debate social. Cuando las decisiones sobre tribunales, elecciones y derechos se concentran en pocos interlocutores, la transición corre el riesgo de convertirse en una reorganización pactada del poder antes que en una reinstitucionalización democrática.
LabPaz propone recuperar confianza, reconstruir capacidad organizativa, elaborar una agenda ciudadana propia e incidir antes de que el proceso quede fijado en una nueva zona gris. Tras años de represión, migración, fragmentación y empobrecimiento, esa tarea enfrenta una sociedad con recursos colectivos debilitados. Precisamente por eso, la participación no puede quedar para la etapa final: será el mecanismo que determine si la apertura venezolana crea instituciones controlables por la ciudadanía o apenas un orden más tolerable, pero todavía subordinado a un poder sin contrapesos efectivos.
