La apertura reordena la industria argentina: inversión extractiva, fábricas ociosas y una brecha que amenaza al empleo

La industria argentina no atraviesa una recesión homogénea, sino una reconfiguración profunda y desigual. Mientras el petróleo, el gas, la minería y algunos segmentos alimenticios encuentran oportunidades de expansión vinculadas a exportaciones, recursos naturales e inversiones de gran escala, una parte relevante de la manufactura orientada al mercado interno enfrenta una combinación adversa: consumo debilitado, costos elevados, apertura comercial acelerada y pérdida de capacidad para sostener empleo. El contraste no es solamente sectorial; también anticipa un cambio en el tipo de estructura productiva que puede emerger si las tendencias actuales se consolidan.

Los números describen con precisión esa fractura. La actividad manufacturera cayó 1,9% interanual durante el primer semestre de 2026 y se ubicó 11,8% por debajo del nivel registrado entre enero y junio de 2023. Más revelador aún es el uso de la capacidad instalada: en junio alcanzó 59,1%, lo que implica que cuatro de cada diez máquinas disponibles permanecieron sin utilización. Ese nivel está 9,5 puntos porcentuales por debajo del de junio de 2023. No se trata sólo de menos producción: es capital inmovilizado, costos fijos repartidos sobre un volumen menor y empresas con menos margen para invertir o resistir una competencia más intensa.

La apertura reordena la industria argentina: inversión extractiva, fábricas ociosas y una brecha que amenaza al empleo

La capacidad ociosa revela un problema más amplio que la caída de ventas

La menor utilización de las plantas funciona como un termómetro de doble lectura. Por un lado, expresa la debilidad de la demanda interna: hogares con ingresos deteriorados postergan compras de bienes durables, indumentaria, calzado o productos de mayor valor agregado. Por otro, expone una restricción de competitividad. Cuando una fábrica opera muy por debajo de su escala eficiente, sus costos unitarios suben; si al mismo tiempo debe enfrentar productos importados, muchas veces fabricados en cadenas de gran volumen y con financiamiento más barato, el margen de defensa se reduce de manera drástica.

El caso de los electrodomésticos ilustra esa dinámica. En junio, la producción de aparatos de uso doméstico cayó 22,9% interanual, con retrocesos marcados en heladeras, freezers y lavarropas. No es una industria menor: articula proveedores metalúrgicos, plásticos, electrónicos, logística, servicios de reparación y redes comerciales. Una reducción de la producción en la línea blanca tiene, por lo tanto, efectos que exceden al ensamblador final. La industria textil, que acumuló una baja de 10,8% en el primer semestre, muestra un patrón similar: la contracción del consumo coincide con una mayor presencia de mercadería importada.

La primera conclusión es que la apertura no opera sobre un terreno neutral. En una economía con demanda interna deprimida, costos financieros elevados y empresas que ya trabajan con capacidad ociosa, el ingreso de importaciones no sólo amplía la variedad para el consumidor: también puede acelerar la pérdida de escala local. El efecto dependerá de la velocidad, la composición y los controles de ese flujo comercial. Una liberalización gradual en un mercado en expansión produce incentivos diferentes a una apertura rápida en un mercado que todavía no recupera poder de compra.

Importaciones récord: competencia legítima, asimetrías y sospechas de subfacturación

Durante los primeros seis meses de 2026, las importaciones de manufacturas alcanzaron USD 5.362 millones, el mayor registro histórico para ese período. El antecedente máximo era 2018, con USD 4.443 millones en bienes de consumo. Diez actividades explicaron 84,7% del total importado, una concentración que permite identificar con claridad dónde se localizan las mayores presiones competitivas. Frente al mismo lapso de 2023, se destacaron los aumentos en electrodomésticos, baterías y lámparas, con 109,2%; prendas de vestir, con 86,3%; motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte, con 67,6%; alimentos, con 51,9%; y productos farmacéuticos, con 27%.

Estas cifras no prueban por sí mismas una conducta irregular. Importar puede reducir precios, incorporar tecnología, ampliar la oferta y obligar a las empresas locales a mejorar procesos. Para sectores que dependen de insumos o maquinaria externa, además, la apertura puede ser una condición para modernizarse. La discusión central no debería plantearse como una oposición abstracta entre importación y producción nacional, sino alrededor de las condiciones de competencia. Si las operaciones se registran a valores artificialmente bajos, como denuncia Industriales Pymes Argentinos, el debate ya no es sobre eficiencia sino sobre subfacturación, evasión y fallas de control aduanero.

Daniel Rosato, presidente de IPA, sostiene que la falta de precios de referencia en Aduana facilita el ingreso de bienes declarados por debajo de su valor real y asocia ese mecanismo con dumping importador. Su reclamo apunta a restablecer controles estrictos y a transparentar los flujos comerciales. Es una demanda relevante, aunque exige una distinción técnica: el dumping, en sentido estricto, supone exportaciones a precios inferiores a los del mercado de origen o al costo, mientras que la subfacturación se vincula con la declaración aduanera. Ambas prácticas pueden perjudicar a la industria formal, pero requieren instrumentos de fiscalización diferentes y evidencia específica para ser sancionadas.

Desde la perspectiva de los importadores y de los consumidores, el argumento también tiene matices. Una economía que durante años restringió el acceso a bienes intermedios, piezas y productos finales acumuló precios elevados y menor variedad. La reducción de aranceles en línea blanca, neumáticos, insumos plásticos y determinados bienes de capital puede bajar costos o ampliar alternativas. El riesgo aparece cuando ese beneficio se concentra en el corto plazo y no viene acompañado por una estrategia que permita a la producción local adaptarse. Precios más bajos hoy pueden convertirse en mayor dependencia externa mañana si desaparecen proveedores nacionales con capacidad tecnológica y empleo calificado.

El empleo convierte la discusión industrial en un problema social

La señal más preocupante de la transformación es laboral. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos registrados en unidades productivas industriales, una caída de 8%, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En igual período, el número de empresas manufactureras con trabajadores registrados bajó de 49.622 a 45.602: 4.020 firmas menos. Cada cierre no representa únicamente un balance empresario fallido; supone redes de proveedores interrumpidas, trabajadores que pierden especialización acumulada y economías locales que ven caer su actividad.

La manufactura tiene una particularidad decisiva para la Argentina: distribuye empleo formal fuera de los grandes enclaves extractivos y en ciudades de escala media. Una planta textil, metalúrgica o de calzado suele integrar mano de obra, talleres externos, transporte, comercios y servicios en un radio territorial relativamente cercano. Por eso, la destrucción de puestos industriales tiende a tener un multiplicador negativo sobre el consumo local. La advertencia de Rosato sobre embargos y concursos preventivos debe leerse en ese marco: la fragilidad financiera de las pymes puede trasladarse rápidamente al mercado laboral y, desde allí, volver a deteriorar la demanda que esas mismas empresas necesitan.

La segunda conclusión es que no alcanza con medir el éxito del nuevo escenario por el volumen de inversiones anunciadas. La calidad de la transición dependerá de su capacidad para compensar empleos. Los sectores de hidrocarburos y minería movilizan capitales relevantes y pueden generar encadenamientos, pero no reproducen automáticamente la densidad laboral de la industria de consumo masivo. Un proyecto minero puede requerir proveedores sofisticados, ingeniería, transporte y mantenimiento, pero su empleo directo suele ser limitado en relación con la inversión. La sustitución entre un modelo y otro no es lineal.

Minería y energía: una oportunidad real con derrame todavía incompleto

La expansión minera aparece como uno de los principales argumentos a favor de una nueva etapa productiva. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, sostiene que por cada operario en un yacimiento hay cuatro trabajadores indirectos vinculados a la actividad. La afirmación refleja una oportunidad concreta: si los proyectos demandan equipos, servicios técnicos, insumos, construcción, metalmecánica, software y logística provistos localmente, el efecto puede trascender la extracción y fortalecer capacidades industriales.

Sin embargo, ese derrame no está garantizado por el mero volumen de inversión. La encuesta de la Fundación Observatorio PyME indica que apenas 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedor directo o indirecto de iniciativas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El dato muestra la distancia entre la promesa macroeconómica del RIGI y la integración efectiva de la trama pyme. Los proyectos pueden atraer dólares, mejorar infraestructura y elevar exportaciones, pero su impacto sobre la industria nacional será parcial si las compras se concentran en proveedores externos o en un grupo reducido de grandes contratistas.

La tercera conclusión es que el desafío no consiste en elegir entre minería e industria, sino en evitar que la primera avance desconectada de la segunda. Los recursos naturales pueden financiar una etapa de crecimiento, pero el valor de largo plazo está en desarrollar proveedores locales capaces de cumplir estándares internacionales. Para ello hacen falta programas de desarrollo de proveedores, financiamiento para certificaciones, información anticipada sobre licitaciones, capacitación técnica y mecanismos que no se limiten a preferencias formales. La derogación de la Ley de Compre Nacional eliminó una herramienta de prioridad local; reemplazarla por una política moderna de integración productiva sería más relevante que restaurar esquemas rígidos sin evaluar resultados.

La competitividad empieza dentro de la fábrica, pero no termina allí

Emiliano Bonfiglio, CEO de Anclaflex, formula una respuesta empresarial que no puede ser ignorada: producir más ya no alcanza; hay que producir mejor, con mayor productividad y sin resignar calidad. La exposición a competidores internacionales obliga a revisar procesos, escala, diseño, logística y capacidad de innovación. Algunas empresas argentinas efectivamente pueden utilizar la presión competitiva para profesionalizarse, buscar mercados externos y abandonar modelos basados exclusivamente en la protección del mercado local.

Pero la productividad no depende sólo de decisiones internas. Una pyme puede mejorar su gestión y aun así perder competitividad si enfrenta costos de energía, financiamiento, impuestos, transporte o informalidad que no pesan de la misma manera sobre su rival importado. El aumento inicial de tarifas de luz y gas, cuestionado por CEPA, afectó particularmente a unidades productivas intensivas en energía. La suba transitoria del Impuesto PAIS, del 7,5% al 17,5% durante 2024, encareció además insumos importados esenciales antes de su eliminación en diciembre de ese año. La secuencia evidencia una paradoja: una apertura orientada a disciplinar precios puede, si no diferencia bienes finales de insumos críticos, elevar previamente los costos de quienes deben competir.

Oliver Maltz, del Movimiento Industrial, resume la tensión al señalar la combinación de costos crecientes, consumo menor y rentabilidad en retroceso. Esa tríada explica por qué la adaptación empresarial tiene límites. La competencia puede ser virtuosa cuando premia innovación y eficiencia; se vuelve destructiva cuando coincide con financiamiento inaccesible, caída abrupta de ventas y estructuras de costos que impiden invertir justamente en la modernización requerida. El problema no es proteger cualquier capacidad instalada a cualquier costo, sino distinguir entre empresas inviables y capacidades productivas recuperables que podrían sostener empleo y exportaciones con condiciones razonables.

El próximo punto de inflexión será la recuperación —o no— del mercado interno

El escenario de los próximos meses dependerá de tres variables. La primera es el salario real. Si los ingresos recuperan capacidad de compra, sectores como línea blanca, alimentos elaborados, textiles y materiales de construcción podrían absorber parte de la capacidad hoy ociosa. Sin demanda, la baja de aranceles sólo profundiza la disputa por un mercado pequeño. La segunda es el tipo de cambio real y la evolución de costos internos: una apreciación prolongada puede abaratar importaciones y dificultar exportaciones manufactureras, mientras que una corrección abrupta encarecería insumos y podría trasladarse a precios.

La tercera variable es la política de encadenamientos. Si el RIGI se limita a facilitar megaproyectos, la economía puede ganar exportaciones primarias y energéticas sin revertir la pérdida de tejido fabril. Si, en cambio, se articula con proveedores nacionales competitivos, la minería, el petróleo y el gas podrían convertirse en una plataforma de demanda para metalmecánica, química, electrónica, servicios basados en conocimiento y construcción especializada. La diferencia entre ambos caminos no reside en un eslogan de apertura o cierre, sino en la calidad de las reglas, la transparencia de las importaciones y la capacidad estatal y privada para coordinar inversiones.

La industria argentina está entrando en una etapa de selección severa. El riesgo inmediato es que la destrucción de empresas y empleos ocurra antes de que maduren las nuevas inversiones y sus encadenamientos. El riesgo de mediano plazo es más estructural: una economía con más exportaciones de recursos, pero menos densidad manufacturera, menos proveedores locales y menor capacidad de generar empleo formal distribuido. La oportunidad existe, porque la energía y la minería pueden aportar divisas y demanda tecnológica. Pero para que esa oportunidad no conviva con una desindustrialización silenciosa, la apertura deberá dejar de ser sólo una reducción de barreras y transformarse en una política de competitividad verificable, con reglas parejas para importar, producir, invertir y trabajar.

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