La tensión dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a quedar expuesta durante una semana marcada por los cruces políticos, la caída de la actividad y la disputa sobre el rumbo productivo. El conflicto combina dos discusiones que el Gobierno de Javier Milei presenta como inseparables: la necesidad de que las empresas se reconviertan para competir y el reclamo empresario por una reducción más rápida del llamado “costo argentino”.
El episodio más visible ocurrió tras el acto por el Día de la Industria, realizado en el Laboratorio Elea de Malvinas Argentinas. La ausencia de funcionarios nacionales, incluida la baja de último momento del jefe de Gabinete, Diego Santilli, dejó como único representante oficial a Pablo Lavigne, secretario coordinador de Industria. En ese contexto, Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de ser un “trader que no sabe lo que es un torno” y sostuvo que el país está conducido por un “endeudador”.
El presidente de la entidad, Martín Rappallini, se desmarcó de inmediato. A través de un comunicado, aclaró que las expresiones de Moretti representaban una postura personal o provincial y no la posición institucional de la UIA. Caputo respondió que su tarea consiste en defender los intereses de los argentinos y no los de determinados empresarios. El intercambio confirmó que la discusión industrial no es únicamente económica: también refleja la disputa por el control político de la principal organización fabril del país.
Una fractura que excede a la UIA
Rappallini intenta preservar una posición intermedia dentro de una institución atravesada históricamente por internas. En uno de los polos se ubican los sectores más cercanos al Gobierno y a la agenda de apertura y desregulación; en el otro, dirigentes vinculados con un industrialismo de raíz peronista, cercano al gobernador bonaerense Axel Kicillof. En esa corriente aparecen Moretti, la asociación metalúrgica Adimra y antiguos referentes como José Ignacio de Mendiguren.
La disputa se volvió más explícita después de que Milei contrapuso a la desaparecida FATE con Lumilagro. Según el Presidente, la fabricante de neumáticos no logró adaptarse a las nuevas condiciones, mientras que la empresa de termos reaccionó con rapidez y recuperó competitividad. La comparación sintetiza la visión oficial: las compañías deben abandonar modelos protegidos y ajustar sus estructuras para sobrevivir en un mercado más abierto.
Para buena parte de los industriales, esa explicación es insuficiente. Reconocen que la reconversión empresarial es inevitable, pero señalan que competir con productos importados, especialmente de China, resulta difícil cuando persisten altos costos financieros, energéticos, logísticos y laborales. También denuncian el crecimiento del contrabando y la falta de controles eficaces. La controversia, por lo tanto, no enfrenta simplemente a empresas eficientes contra empresas protegidas, sino a quienes atribuyen la crisis principalmente a decisiones privadas y quienes reclaman cambios simultáneos en las condiciones macroeconómicas.
Los números detrás del malestar
El reclamo de la UIA se apoya en indicadores que muestran una recuperación todavía frágil. La producción industrial se encuentra aproximadamente 10% por debajo de los niveles de 2022 y algunos sectores acumulan retrocesos de entre 25% y 30%. Desde agosto de 2023, además, la industria perdió unos 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados.
La recaudación tributaria de agosto quedó cerca de la del mismo mes del año anterior en términos reales, mientras que la mejora observada en junio parece haberse diluido. Las consultoras privadas anticipan nuevas caídas mensuales de la actividad. En este escenario, una eventual mejora entre septiembre y diciembre podría estar influida por una base de comparación particularmente baja, asociada al contexto electoral del año anterior, y no necesariamente por una recuperación sólida de la demanda.
Rappallini pidió evaluar la economía de manera integral y no concentrarse exclusivamente en la inflación. Su propuesta incluye crédito, competitividad, energía, infraestructura, morosidad, competencia desleal, modernización laboral y litigiosidad. La idea de construir un “puente” entre la economía que queda atrás y una estructura productiva más competitiva busca evitar que el ajuste recaiga únicamente sobre las fábricas, aunque algunos empresarios consideran que esa formulación puede interpretarse como un pedido de subsidios.
El Super RIGI como terreno de negociación
La discusión parlamentaria del denominado Super RIGI ofrece un canal concreto para esa negociación. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, amplía el régimen de incentivos para grandes inversiones y busca avanzar en el Senado. La UIA no rechaza los beneficios para atraer capital, pero reclama que incluyan compromisos verificables de desarrollo local.
En particular, la entidad propone mantener un mínimo obligatorio de compras a proveedores argentinos equivalente al 20%, aunque aplicado a bienes con valor agregado local y capacidad de competir internacionalmente. La diferencia es relevante: para los industriales, el régimen debería priorizar maquinaria, insumos y componentes fabricados en el país, en lugar de computar servicios que no enfrentan la misma competencia global, como el catering.
El planteo revela una coincidencia parcial con el Gobierno. Ambos sectores buscan inversiones y mayor productividad, pero difieren en el mecanismo. La administración de Milei privilegia reglas generales, menores costos y apertura; la UIA pretende que los incentivos públicos funcionen también como una palanca para integrar a las pequeñas y medianas empresas en las nuevas cadenas de inversión.
Malvinas y la agenda internacional
La cuestión industrial se cruzó además con la tensión por Malvinas. Milei anunció nuevas sanciones para las empresas que participen del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas. Después del mensaje presidencial, varias multinacionales de servicios petroleros comunicaron que no prevén operar allí, en parte para evitar quedar excluidas de oportunidades en Vaca Muerta.
El episodio produjo un efecto político inesperado, bautizado en el ámbito empresario como “Lo Celso-Trump”. La bandera argentina exhibida por Giovani Lo Celso y otros jugadores tras un partido contra Inglaterra reactivó la sensibilidad sobre la soberanía, mientras que declaraciones atribuidas a Donald Trump abrieron dudas sobre el respaldo de Estados Unidos a su histórico aliado británico. El Gobierno aprovechó esa combinación para elevar el costo político y comercial de participar en proyectos vinculados con las islas.
Una sucesión de foros para medir el clima empresarial
La puja continuará en una agenda internacional cargada. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre coincidirán en París la Argentina Week, impulsada por el Gobierno para promover al país, y el tradicional Coloquio de IDEA en Mar del Plata. El encuentro empresario, presidido por Fabián Kon, abordará competitividad, inteligencia artificial, impuestos, justicia y educación, con la expectativa de contar con funcionarios como Pablo Quirno y Caputo.
La iniciativa francesa reunirá a gobernadores de distintos espacios políticos y a ejecutivos de compañías como YPF, Pampa, Corporación América, PAE e IRSA. También se prevé la participación de dirigentes de Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus. El Gobierno busca convertir esos encuentros en una vitrina para la energía, la minería, la tecnología y la pesca, pero su resultado dependerá de que las promesas de inversión encuentren un marco estable y una economía doméstica capaz de sostener la producción.
En el fondo, la discusión no se resolverá con discursos ni con una mejora estadística de pocos meses. La industria necesita demostrar capacidad de adaptación, pero el Estado también debe reducir los obstáculos que hacen inviable producir. La verdadera prueba para el Gobierno será transformar la apertura y los incentivos en inversión, empleo y proveedores locales, sin dejar que la reconversión se convierta únicamente en cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo.
